Lo que realmente importa, por consiguiente, es atender al ejercicio del poder, no solo a la definición de las libertades formales en un texto constitucional, sino a la forma en que esas libertades se ejercen en el seno de una sociedad en un momento determinado. Tengo que confesar que cuando accedí al poder en Banesto ignoraba cómo funcionaba realmente nuestro país. En muchas ocasiones había escuchado hablar acerca de un determinado grupo —designado con variadas expresiones— que detentaba un poder real y efectivo que era ejercido con connotaciones tribales. Dado que no tenía experiencia directa, aquellas afirmaciones no podían penetrar en mí más que como una hipótesis de laboratorio. Pero, afortunadamente, cualquiera que sea el coste pagado por ello —como decía anteriormente—, la experiencia directa de estos años me proporciona la evidencia de que ese grupo de poder existe y que ejerce un poder real y efectivo. A ese entramado lo califico de «Sistema» y, por definición, es susceptible de coexistir con un modelo democrático de organizar la convivencia en el seno de una sociedad. Por tanto, «Sistema» no hace referencia al modelo global jurídico-político, sino a un esquema de poder que se sitúa dentro del mismo. En el último capítulo, después de que el lector haya tenido la oportunidad de recorrer las páginas que siguen, situaré esquemáticamente al Sistema dentro de las relaciones sociedad-Estado.
En esta primavera de 1994 —como el lector conocerá—, don Mariano Rubio, anterior gobernador del Banco de España, ha ingresado en prisión provisional. Su agente de Cambio y Bolsa, anterior síndico de la Bolsa de Madrid, ha corrido la misma suerte. Don Carlos Solchaga, anterior ministro de Economía y Hacienda, ha dimitido de su cargo de portavoz del Grupo Socialista y ha renunciado a su escaño parlamentario como consecuencia de sus «responsabilidades políticas» en el tema del anterior gobernador. Don José María López de Letona aparece implicado en determinados asuntos, habiendo sido, igualmente, gobernador del Banco de España. El actual gobernador, señor Rojo, reconoce públicamente haber mantenido relaciones de cliente con el señor De la Concha. La lista de personas significativas de la sociedad española que han ejercido puestos de responsabilidad política o social es muy extensa. De una manera abrupta, en pocos días, en escasas semanas, algo parece desmoronarse en el seno de nuestra sociedad. Posiblemente, sean muchos los que no entiendan el verdadero trasfondo de lo que ocurre, sus causas profundas, y se pregunten hasta dónde puede llegar. Por ello, es conveniente reflexionar en abstracto, tratar de comprender la globalidad de lo ocurrido, puesto que en ese momento estaremos en condiciones de responder a los anteriores interrogantes.
Como decía, entiendo por «Sistema» el modo de organizar las relaciones reales de poder en el seno de la sociedad española. El Sistema se construye sobre dos pilares básicos: la arquitectura intelectual y las áreas de poder efectivas.
1. La
arquitectura intelectual
(si yo fuera marxista, habría utilizado la expresión «superestructura ideológica»). Se basa en dos principios: el monopolio de la «inteligencia» y el atributo de la «ortodoxia». En las páginas que siguen trataré de demostrar al lector cómo un conjunto de personas fueron capaces de ostentar en el seno de nuestra sociedad el monopolio de la «inteligencia», sobre todo en relación con el modelo económico que debía seguir el país. Pero, no contentos con este atributo, reclamaron para sus ideas el postulado de la «ortodoxia», lo que dotaba de un cierto componente mítico a su poder. Retengamos por ahora estas ideas que posteriormente, como digo, serán desarrolladas. Con ambos postulados —«inteligencia ortodoxa»— diseñaron lo que podría calificarse de un «modelo técnico de país». Ese modelo técnico lo definieron basándose en un principio que les era propio y que tenía un cierto contenido mágico: «El principio de eficiencia». Es una cierta obviedad decir que una sociedad tiene que ser eficiente, pero, como posteriormente veremos, esta expresión ha sido determinante en el modelo seguido en nuestro país.
El «modelo técnico de país» se construía sobre un único postulado: la «convergencia nominal con Europa». De eso se trataba: modernizar a España era igual a coincidir en una serie de cifras macroeconómicas requeridas en un proceso técnico de construcción del espacio europeo. Las diferencias reales que separaban a nuestro país del resto de los europeos eran solo medidas en términos nominales, macroeconómicos, formales, sin que dichas variables —como debería haber sido lógico— fueran decisivas en la ecuación con la que despejar nuestro papel en el continente europeo.
Ser eficientes era equivalente a ser «convergentes en la nominalidad». Para ello resultaba necesario implantar un determinado modelo económico que, buscando la coincidencia o convergencia nominal en las cifras macroeconómicas, fuera el aplicado en España. Dicho modelo se caracterizó por tres factores básicos: aplicación parcial de los esquemas del «mercado», olvido de la economía real en beneficio de la financiera y el sofisma básico de la «peseta fuerte», tras el que se esconde el intento de utilizar la política monetaria como instrumento único para combatir la inflación.
Hoy son muchos los que consideran erróneo todo este entramado. Durante los pasados años, éramos ciertamente muy pocos los que nos atrevíamos a levantar la voz contra él. Y es que, además del respeto al poder, funcionaba de un modo casi perfecto esa dualidad de componentes: «inteligencia y ortodoxia», quizá también el miedo al tipo de respuesta que el Sistema proporciona a los «disidentes».
2. El
soporte de poder.
Todo lo anterior hubiera sido de por sí importante, pero no suficiente. Era necesario, además, disponer del poder efectivo para implementar las ideas. El Estado proporciona la capacidad de transformar en normas, en leyes, decretos, órdenes ministeriales..., las ideas de aquellos que las promueven. Por eso resultaba imprescindible el acceso al poder del Estado. Y lo consiguieron. La característica básica de este grupo de poder es la siguiente: habiendo recibido el «atributo» de ser la «inteligencia ortodoxa», disponían, además, del poder público para conseguir que sus ideas se transformaran en preceptos imperativos.
El poder que realmente cuenta es el correspondiente a las áreas político-económicas. Cualquiera que tenga experiencia en la Administración pública sabe perfectamente que el verdadero poder radica en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el Banco de España. La independencia de este último —aparte de una insensatez si se quiere llevar hasta sus últimas consecuencias— es, en muchas ocasiones, un puro eufemismo. Quien sea capaz de controlar estos dos organismos domina el aparato efectivo del poder económico en España. El Sistema lo consiguió y su dominio, al margen de titulares formales más o menos accidentales, sigue siendo efectivo.
Con el dominio de la inteligencia y la atribución de la ortodoxia se formulaban principios técnicos. Mientras eso quedara en ese terreno, no existía excesivo peligro. Lo que ocurre es que, al dominar las áreas político-económicas, se conseguía que
esos principios técnicos se transformaran en categorías políticas,
en principios definidores de la política de un país en un momento determinado. El modelo se cerraba sobre sí mismo: un conjunto de «técnicos», operando en clave de «dogma», definían «postulados técnicos» que, por su dominio de las áreas políticas, eran automáticamente convertidos en «postulados políticos de Gobierno». Este punto me parece trascendental: un conjunto de técnicos, que en muchos casos no pertenecían a ningún partido político, eran capaces de producir «política», dado que sus ideas técnicas, por la potencia de su influencia sobre los líderes políticos, se convertían en ideas políticas que iban a ser aplicadas para el gobierno de la nación.
Pero en una sociedad que ya no era tan cerrada, otros dos factores aparecían en escena: el poder económico privado y el poder mediático o de medios de comunicación social. En alguna ocasión he escrito que en esta fase final del siglo
XX
resulta ya imposible transformar un proyecto político en proyecto colectivo sin el concurso de la sociedad civil. Esta frase es cierta si la aplicamos a muchas de las sociedades occidentales, pero, desgraciadamente, sigue sin serlo en el caso de España. La razón es muy clara: no existe una sociedad civil organizada capaz de formular iniciativas o contrapesos al poder del Estado. En el fondo de esta afirmación radica el conocimiento de que es el poder del Sistema el que de manera directa o indirecta controla a la propia sociedad civil.
Han sido muchos los años en que públicamente me he manifestado acerca de esta necesidad de potenciar a la sociedad civil. No era una frase retórica, sino la constatación de una necesidad que derivaba de mi conocimiento, cada vez más profundo, de las relaciones reales de poder en la sociedad española. Pero nuestra vieja tradición autoritaria hacía que esta reclamación, aun siendo aceptada como tal por amplias capas sociales, tuviera un nivel de penetración escaso, sin sobrepasar la epidermis de la sociedad, incapaz de comprender hasta dónde ese postulado afectaba al objetivo de conseguir que las libertades formales se transformaran en libertades reales. Curiosamente, esa expresión comenzó a utilizarse progresivamente, incorporándose al lenguaje de los políticos y de algunos líderes sociales. Pero, sinceramente, creo que era un recurso estético, algo que «sonaba bien», aunque quien pronunciaba las palabras no tuviera especial interés en profundizar sobre su alcance.
La razón es muy clara: el Sistema no solo dominaba las áreas político-económicas, sino que a través de la banca privada era capaz de controlar el llamado poder económico privado español. Tal poder, como luego demostraré, no existe y ello es así puesto que su control efectivo se localiza en el propio Sistema. Y sin poder económico privado es imposible el impulso de liberalización real de la sociedad española.
Como posteriormente comprobará el lector, un diagnóstico como este, que puede parecer exagerado, creo, humildemente, que es una realidad en nuestro país.
En una sociedad en la que los medios de comunicación juegan un papel decisivo —en alguna ocasión he hablado de «cámara paralela»—, un Sistema que se preciara de serlo no podía permanecer al margen de esta realidad. Por ello, la lucha por los medios de comunicación social en nuestro país ha sido —está siendo— encarnizada. El Sistema ostenta un grado elevado de control sobre las líneas editoriales de muchos medios de comunicación social españoles.
Un modelo así debe tener un código de conducta. Este viene definido por un único principio: solo la estabilidad del Sistema es lo importante. A partir de aquí se comprende que la disidencia y la independencia son atributos equiparables —en el código del Sistema— a la enemistad. Precisamente por ello el ejemplo de Banesto es válido: ha pretendido desempeñar un papel de independencia que, poco a poco, por la lógica interna del Sistema ha ido evolucionando hacia la «enemistad», de forma tal que, en circunstancias límite, el código del Sistema solo conoce una norma: la exterminación del enemigo.
Esta síntesis apretada, en la que, por definición, se tienen que contener generalizaciones excesivas, constituye el cuerpo de ideas esencial acerca de lo que he definido como Sistema. Por ello, en las páginas que siguen desarrollaré tres grandes apartados: primero, la autoridad económica, en donde residen los postulados de inteligencia, ortodoxia, principio de eficiencia y modelo de convergencia nominal; posteriormente, pasaré a analizar la situación del llamado
poder económico privado,
y, por último, los
medios de comunicación social
españoles. Con ello, el lector tendrá un cuadro de cómo teóricamente están funcionando las relaciones reales de poder en España.
Con el propósito de que, además, disponga de un ejemplo práctico de estas ideas más o menos abstractas, realizaré un análisis del posicionamiento de Banesto dentro de este esquema de poder, en el que el banco —quizá sea más exacto decir su anterior presidente— ha transitado desde una postura de independencia a otra de enemistad. Como consecuencia de ello, el Sistema ha desarrollado un tipo de actividad concreta en relación con Banesto que, de forma abrupta, culmina con el acto de intervención del día 28 de diciembre de 1993.
Soy perfectamente consciente que un diseño de esta naturaleza puede tener un tono autojustificativo. Es relativamente fácil decir que lo sucedido conecta directamente con un esquema de poder imperante en España. Lo que no es tan fácil es demostrarlo. Yo no sé si lo habré conseguido. Pero tampoco es ese mi objetivo. Si el lector llega a la conclusión de que ese sistema de poder existe, que no es una mera conceptualización y de que sus efectos no son beneficiosos para las libertades reales en España, mi objetivo quedará cumplido. Me interesa mucho menos que llegue a formarse un juicio sobre los aspectos técnicos en el proceso Banesto. Sinceramente, a pesar de mi posición como máximo responsable de esa institución financiera en aquellos momentos, este asunto me parece secundario. Insisto en que trato de describir lo que está sucediendo en la sociedad española y para ello utilizo el caso Banesto como un ejemplo —sin duda extraordinariamente elocuente—, pero un ejemplo, al fin y al cabo.
Como expresaba anteriormente, el primero de los pilares de la «arquitectura intelectual» del Sistema consistía en disponer del monopolio de la «inteligencia» en nuestro país. Nos llevaría muy lejos tratar de formular una tesis histórica bien fundamentada que describiera el momento y modo en los que surge en la sociedad española un conjunto de personas que reciben el atributo de la «inteligencia». Posiblemente, su origen haya que situarlo en torno al Plan de Estabilización de 1959, en plena dictadura, con el que se trató de introducir las ideas de apertura de nuestra economía al exterior y eliminación de trabas artificiales a los mercados. En la elaboración de dicho Plan colaboraron una serie de personas en torno a las cuales comenzó a formarse ese grupo que recibiría el atributo de la «inteligencia».
En todo caso, lo que mi experiencia constata es que ese grupo efectivamente existe y que ejerce un poder real. No quiero caer en la tentación de denominarlo con expresiones que, aun estando extendidas entre la opinión cualificada, no por ello me parecen menos vulgares. Lo importante, como digo, es su existencia en cuanto único centro de inteligencia nacional, sobre todo en materia económica. El asunto me pareció tan interesante que quise comparar con otros países respecto de los cuales tenía algún tipo de experiencia.