Expliqué al gobernador lo que iba a hacer durante ese período de tiempo y comencé a actuar. Convoqué a la Comisión Ejecutiva de Banesto y empecé a explicar lo sucedido. Sobre la una de la tarde del día 28 de diciembre recibí una llamada del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me decía que las acciones estaban bajando y que algunos rumores se extendían por el mercado. Yo solo pude contestarle que, efectivamente, existían conversaciones con el Banco de España pero que no estaba decidida ninguna intervención y que en los próximos días nada iba a suceder. No mentía porque había recibido la concesión del plazo. También me dijo el señor Croissier que el mercado estaba lleno de rumores de que nosotros, Banesto, estábamos comprando de forma masiva nuestras propias acciones. Le contesté que no era cierto en absoluto, lo cual, como posteriormente se ha comprobado, era verdad.
La siguiente llamada es de don Miguel Martín. Me informa de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está indagando qué es lo que sucede y que ha llamado al Banco de España. Yo le relato mi conversación con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La tercera es del propio gobernador y me pide que vaya a verle a las cuatro y media de la tarde. Me indica que la situación se ha complicado extraordinariamente porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha acordado la suspensión de la cotización de las acciones de Banesto. Ante la petición del gobernador, le indico que, de acuerdo con lo hablado, estoy en esos momentos informando a la Comisión Ejecutiva de Banesto y que a esa misma hora de la tarde he convocado un Consejo de Administración para informar a todos los consejeros de lo que está ocurriendo y, por tanto, podría bajar a su despacho después de celebrar el citado Consejo. En principio, el gobernador acepta y la cita se produce a la seis de la tarde.
La siguiente llamada telefónica del gobernador se produce poco después y en ella se cancela la entrevista prevista para las seis de la tarde y me conmina a que baje a verle a las cuatro y media. Le insisto en que no me parece lógico hacerlo sin antes haber informado a mi Consejo de Administración, pero no me concede otra opción. La cita queda, por tanto, concretada a las cuatro y media del día 28 de diciembre de 1993.
A mi llegada al Banco de España me recibe el subgobernador, señor Martín, en el despacho del gobernador. Mantenemos una conversación corta en la que se cruzan frases que tienen poca consistencia, como era lógico, dada la tensión que se estaba viviendo. Poco después aparece el gobernador y me informa de algo que yo suponía desde hacía algún tiempo: el Consejo Ejecutivo del Banco de España ha decidido intervenir Banesto mediante la sustitución de todo el Consejo de Administración.
¿Qué había ocurrido con el plazo de tres días que me había sido concedido pocas horas antes? La explicación del gobernador es, más o menos, la siguiente: no hemos podido mantenerlo puesto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido suspender la cotización de las acciones de Banesto. Aun cuando eso fuera cierto, se preguntará el lector: ¿y eso qué tiene que ver con intervenir? ¿Es la primera vez que se había suspendido la cotización de Banesto? La respuesta es no. ¿No se podía seguir analizando otra solución con la cotización de las acciones suspendida? Por supuesto que sí. Una vez decidida la suspensión, el mercado bursátil no volvería a abrirse hasta el día siguiente a las once de la mañana. ¿No parece lógico que, ante el hecho irreversible de la suspensión, se trate de negociar alguna solución antes de esa hora del día siguiente? A mí me parece que sí. Entonces, ¿por qué?
El día 15 de diciembre de 1993 el plan de Banesto había sido en principio aprobado por el gobernador; el día 20 de diciembre resultó que no era así. El día 22 de diciembre se pensaba en soluciones continuistas, el 28 de diciembre resultó que no era así. El 28 de diciembre el presidente del Gobierno me pidió que me pusiera de acuerdo con el gobernador; lo hice, al menos en un punto: un plazo de tres días. Pocas horas después resultó que el acuerdo sobre ese punto tampoco se cumplía...
Poco tiempo después, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores compareció ante el Parlamento y allí explicó que había suspendido la cotización porque el Banco de España le dijo que iba a intervenir Banesto. Es decir, lo contrario de lo expuesto por el gobernador. Nadie pidió explicaciones políticas. Nadie sugirió que alguien había mentido al Parlamento. El pacto político global estaba funcionando a la perfección. Pero yo me pregunto, ¿es razonable pensar que después de mi reunión el gobernador informara a alguien de que me había concedido un plazo y que ese alguien le dijera que eso no tenía sentido, que ahora o nunca, y que tenían que actuar? Puede que tenga sentido pero, en todo caso, yo sigo sin saber quién es ese «alguien». No tuve tiempo ni siquiera de informar a mi Consejo. Cuando nos reunimos ya no existíamos legalmente como tal. Es posible que ese alguien dijera que un Consejo de Administración de un banco que sabe que va a ser intervenido puede adoptar decisiones jurídicas válidas que compliquen extraordinariamente la cuestión. Es posible. Supongo que será ese el razonamiento de alguien del Sistema. ¿Es creíble que ese «alguien» sean los propios miembros del Consejo Ejecutivo del Banco de España que el 2 de junio de 1992 reclamaban actuar de forma inmediata por imperio de la ley? Es posible, pero no lo sé.
En alguna ocasión me he planteado si ese plazo de tres días que me fue concedido para poder encontrar una solución dentro del «modelo» del Banco de España, fue algo que sinceramente se quiso conceder o una pura práctica dilatoria con el propósito de generar en mí algún tipo de confianza que provocara el que no tomara decisiones que afectaran de manera perjudicial al proceso. La verdad es que lo ignoro. Por otra parte, yo no podía tomar ningún tipo de decisiones distintas a las que puse en práctica: informar a la Comisión Ejecutiva de Banesto, tratar de hacer lo mismo con el Consejo de Administración y esperar a que llegaran los representantes de J. P. Morgan para discutir con ellos la estrategia a seguir.
Si, según el gobernador, el plazo tuvo que ser cancelado porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió intervenir y si, según el presidente de esta última, la realidad fue exactamente la contraria, es decir, que suspendió la cotización de las acciones de Banesto porque el Banco de España le informó de que pensaba intervenir, parece lógico deducir que la concesión del plazo fue algo táctico y no de fondo. Por otro lado, es cierto que la decisión o se tomaba antes del 31 de diciembre o no se tomaba. En el estadio en que nos encontrábamos en ese momento, ya no cabía más que una de dos soluciones: o aprobar el plan de Banesto o seguir el modelo del Banco de España. Si se hubiera aprobado nuestro plan, hubiera resultado imposible tomar una decisión parecida durante 1994. Sencillamente, Banesto seguiría su propio camino de una forma definitiva, puesto que, además, según nuestros estudios contrastados con J. P. Morgan, el banco entraría en rentabilidad de forma inmediata y, consiguientemente, cualquier actuación carecía de la excusa formal adecuada, dado que, además, el Banco de España ya habría tomado la decisión de aprobar el plan de Banesto.
Por ello, me inclino a pensar que no se trató de un plazo realmente concedido, sino de una maniobra más en la estrategia global de intervención. Incluso podría admitir que alguno de los representantes del Banco de España en aquella reunión del día 28 creyera sinceramente en la concesión de un auténtico plazo, pero, al contrastar la decisión con otros miembros del Sistema, se le hizo ver lo imposible de mantener la palabra dada. No sé por qué, pero tengo la tendencia a creer que el gobernador era sincero. Incluso quiero dejar constancia, en honor a la verdad, de que la idea del plazo surgió del subgobernador, señor Martín. Pero es lógico pensar que, después de lo vivido, en alguna mente existiera la concepción de ese plazo como una maniobra dilatoria más.
Es posible que así sucedieran las cosas, pero realmente lo ignoro. En todo caso, venga de quien venga la decisión, lo cierto es que la concesión de un plazo para solucionar el problema fue, al comienzo o pocos minutos después, algo artificial y una pieza más de la estrategia global. Si alguien lo concedió sinceramente, ese alguien cedió pocos minutos después y no cumplió la palabra dada. «No sé si el ser humano es muy frágil...», declararía ante el Congreso de los Diputados el gobernador Luis Ángel Rojo el día 30 de diciembre de 1993...
Antes de concluir, se consumió un último turno y el subgobernador me dijo que todavía tenía la posibilidad de solicitar del Banco de España la intervención. Puede imaginarse el lector que mi respuesta fue instantáneamente negativa. Firmé el recibí del acuerdo de intervención. La operación se había consumado. Sinceramente, creía que todo lo sucedido era muy negativo para nuestro país, que el Banco de España se había equivocado gravemente, que lo sucedido iba a tener consecuencias muy graves en distintos órdenes, que no era un modo lógico de proceder, que había otras soluciones... En fin, que todo aquello era un error. Claro que es lógico que yo piense así, y supongo que también es lógico que el Sistema lo haga de forma contraria. Pero, en todo caso, no quise dejar de decírselo al gobernador. Cuando nos despedíamos, en la puerta del ascensor, le dije: «Creo que no sois conscientes de lo que habéis organizado en este país con este acto de intervención».
Uno de los aspectos llamativos del acto de intervención es la designación como miembros del órgano interventor que se iba a hacer cargo de la administración de Banesto de profesionales del sector bancario que prestaban sus servicios en activo en otras entidades financieras. Independientemente de otras consideraciones, es interesante comprobar cómo el acuerdo de intervención justifica esa nominación. Estas son las palabras literales del texto:
Los nombramientos, tanto de Presidente Ejecutivo como de los demás administradores, se realizan a título personal y en base a la defensa de los intereses de la Comunidad Bancaria, de la sociedad en general y de la entidad afectada y, en consecuencia, sin que pueda ni deba afectar a las entidades de origen de las personas designadas
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Después de seis años desempeñando la presidencia de uno de los grandes bancos españoles, esta ha sido la primera vez en mi vida que he tenido ocasión de escuchar esta expresión de «comunidad bancaria». No sé exactamente a qué o a quiénes se pretende incluir en esas palabras. Ignoro cuáles son sus «intereses». Ciertamente, me resulta un poco difícil comprender por qué nombrar a ejecutivos de la competencia es algo que se hace para la defensa de los intereses de «la sociedad en general», como dice literalmente el acto de intervención. No sé en qué medida ni en qué punto los intereses de esos profesionales son coincidentes con los de la sociedad en general, pero eso es lo que dice el acuerdo de intervención.
Mi experiencia de estos años es inequívoca: las relaciones entre los distintos grandes bancos españoles no están presididas por el principio de solidaridad. En ningún momento he podido percibir ningún tipo de actuación conjunta o coordinada cuyo motivo básico fuera la defensa de los intereses comunes del sistema financiero. Incluso en un asunto tan difícil como la financiación de los partidos políticos, tampoco existió esa actuación de conjunto.
Es posible que antes de asumir la presidencia de Banesto hubiera existido algún tipo de criterio homogeneizador para financiar a los partidos políticos con ocasión de las elecciones generales. Lo cierto es que, a raíz de las que se celebraron en 1989, en una de esas comidas de presidentes de bancos que despertaban —ignoro por qué— el interés de los medios de comunicación, se expuso la posibilidad de que todos fijáramos unos criterios uniformes con los que conceder créditos a los diferentes partidos. Se trataba de alcanzar una especie de consenso en cuanto a cifras a financiar y criterios más o menos objetivos con los que delimitar el volumen de crédito concedido.
Yo expuse mi opinión de que ese sistema no me parecía acertado. Ante todo, porque podía dar la imagen externa —a la vista de la atención que los periodistas prestaban a esas reuniones— de que la banca estaba influyendo en política de manera directa, puesto que si acordábamos un determinado volumen de financiación, ello podría traer como consecuencia que se interpretara que estábamos favoreciendo o penalizando a algunas de las opciones contendientes electoralmente. Por eso dije que creía que era un asunto que no se debía tratar en nuestras reuniones y que cada banco adoptara, con los criterios técnicos que le parecieran más adecuados, las decisiones de financiación que estimara convenientes. La posición de la mesa fue clara: aceptar mi criterio y no volver a hablar del asunto.
En los comportamientos individualizados de cada banco, en la inmensa mayoría de los asuntos y problemas que he vivido, el principio de solidaridad brillaba por su ausencia. Obviamente, no quiero decir que me hubiera gustado un modelo de oligopolio como el que —al parecer— ha presidido las relaciones entre los grandes grupos bancarios durante mucho tiempo. Los criterios de competencia tienen que ser la esencia de estas relaciones y no los propios de una especie de grupo de presión. Esto no lo discuto, aunque sí llamo la atención sobre el dato de que un exceso de liberalización del sector financiero puede provocar problemas de envergadura, precisamente por el especial papel que los grandes bancos cumplen en un sistema económico determinado. Pero, dentro de esos límites razonables, el espíritu y la práctica de la competencia es algo positivo para el sistema financiero y para la economía en general.
Pero no es este el asunto. El principio de solidaridad podía haber funcionado en la defensa de los intereses comunes, los que afectan a todas las instituciones financieras al margen de cuál sea su estrategia comercial, tecnológica o de recursos humanos. En este sentido, no recuerdo ningún tipo de actuación coordinada en defensa de tales intereses. Hoy, con la distancia que proporciona el tiempo y la experiencia de lo sucedido, parece claro que esa práctica resultaba incompatible con el dominio que el Sistema ejerce de forma efectiva sobre los centros de decisión de los llamados bancos privados.
Por eso es llamativo que el acto de intervención apele a una «comunidad bancaria», y —sobre todo— que el acto de intervención se haga en defensa de «los intereses» de esa comunidad bancaria. Si realmente no sabemos en qué consiste tal «comunidad», más difícil es conocer cuáles son sus «intereses». También resulta chocante que el texto del acuerdo coloque en plano de igualdad a esos intereses de la comunidad bancaria con los de la «sociedad en general».