Lo cierto es que la interiorización de la teoría conspiratoria parece que se había convertido —a la vista de lo sucedido— en una necesidad vital, existencial, para el anterior gobernador. Y la mejor manera de demostrarlo sería, sin duda, la destrucción de Mario Conde. Conseguirla era tanto como afirmar su propia inocencia, o, al menos, supongo que eso sería lo que pensaba el señor Rubio. En todo caso, no conviene olvidar dos factores. El primero, que toda institución es, al final, un conjunto de personas que piensan, deciden, ejecutan y actúan. Mariano Rubio ha pasado muchos años en el Banco de España y es lógico concluir que, por una razón u otra, todos los cargos importantes del mismo tienen que tener algún tipo de especial relación con quien fuera su jefe por períodos tan dilatados de tiempo. En un tiempo político como el que nos toca vivir, este hecho debería ser tenido muy en cuenta.
Segundo, que por virtud de mandato legal, durante un plazo de dos años, el anterior gobernador conservaba la posibilidad de despacho en el recinto del Banco de España en una función de asesor del gobernador que ha sido cancelada en estos días del mes de mayo, como consecuencia del escándalo protagonizado por el anterior gobernador. Solo se cancela lo que existe y, por tanto, no queda duda acerca del papel desempeñado de manera efectiva por el señor Rubio en este período de tiempo. Pero toda la estructura actual del Banco de España, la que ha permanecido después del cese de Mariano Rubio, había sido nombrada por él o su nombramiento sugerido o aprobado por el anterior gobernador. No es de extrañar, consiguientemente, que mantuvieran con el señor Rubio una relación especial. Sobre todo, aquellos que fueron conscientes de lo sucedido entre marzo y junio de 1992, cuando Mariano Rubio estuvo a punto de abrir expediente a Banesto. Nadie debe extrañarse de estas afirmaciones. Es algo absolutamente humano actuar así y, por tanto, nada peculiar, ni anómalo, ni patológico. Se trata de darse cuenta de que, al final, siempre nos encontramos con personas humanas, con sus afectos y animadversiones, limitaciones, compromisos, ideas, valoraciones. Ya he dejado escrito que la pura racionalidad no es, en muchas ocasiones, el mejor instrumento para conocer la verdad. Las pasiones aportan un caudal explicativo mucho más rico y, lamentablemente, en muchos casos más preciso y contundente.
«El problema no soy yo, sino las personas que se quedan en el Banco de España», me había dicho Mariano Rubio poco antes de cesar como gobernador. No sé exactamente qué es lo que quiso decir, pero evidentemente se trataba de un mensaje. Sea lo que fuere, lo cierto es que parece bastante probable que desde su lugar en el Sistema, manteniendo un propósito que no solo servía al Sistema sino a su propia posición personal para explicar lo sucedido, el anterior gobernador tuviera acceso a los datos de la Inspección, a la evolución de los acontecimientos, y que con esas informaciones fuera diseñándose esa estrategia paralela que hizo su aparición cuando, a partir del día 15 de diciembre de 1993, el actual gobernador decidió transitar desde lo técnico a lo político. Es cierto que Luis Ángel Rojo, como he escrito reiteradamente, me ha insistido en muchas ocasiones en que el asunto quedaba circunscrito a su conocimiento y al del señor Pérez. Posiblemente me estuviera diciendo la verdad. Pero eso no impide que sea cierto algo que el señor Rojo ignore. La realidad es la realidad. Por cierto que en la comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el día 15 de abril de 1994, Mariano Rubio aprovechó la ocasión para decir, aunque sin utilizar expresamente la palabra «Banesto», que él nada tuvo que ver con el acto de intervención del día 28 de diciembre de 1993. «El problema no soy yo, sino las personas que se quedan en el Banco de España...»
¿Intervino la banca en este «prebanesto»? Tengo constancia de que algunos bancos no. Sinceramente me resulta difícil creer que todos los banqueros españoles se enteraran el día 28 de diciembre de la decisión del Banco de España y que aceptaran participar en el acto de intervención por obediencia debida. No parece lógico y sería una auténtica frivolidad en una operación que parece haberse planeado tan minuciosamente. Por tanto, la respuesta al interrogante solo puede ser positiva. ¿Quién? No lo sé, aunque parece razonable creer que el Banco Bilbao Vizcaya, que proporcionó el equipo directivo, tuviera conocimiento mucho antes de lo que se avecinaba. No trato de imputar responsabilidades, que desde luego no dependen de lo que yo diga sino de lo que realmente haya sucedido. Solo pretendo razonar con lógica. Pero todo ello proporciona un matiz especial a la frase de despedida de Mariano Rubio. Su contenido de verdad habría sido mucho más exacto si sus palabras finales hubieran sido del siguiente tenor: «El problema no soy yo, sino las personas que se quedan en el Sistema...».
Por otro lado, hay que ser congruentes. En el capítulo correspondiente al poder económico privado he tratado de demostrar la tesis de que la estructura actual del Sistema prácticamente imposibilita el que se pueda hablar de una gestión autónoma en la banca privada española. Ante una posición determinada del Banco de España, la capacidad de reacción de los bancos privados es limitada. Por eso tiene sentido el que la banca hubiera participado en este proceso. Es evidente que yo nunca habría aceptado un juego así. Si no estuve dispuesto a comprar un pequeño banco como Ibercorp, mucho menos a participar en una operación de esta envergadura. Pero es obvio que mi comportamiento no se ajustaba a los parámetros del Sistema. En todo caso, creo que es inevitable que algún día sepamos quiénes han sido los protagonistas del evento, y será importante conocerlo para saber quiénes han colaborado, no ya en el caso Banesto, sino en todo lo sucedido en nuestro país en estos años debido al funcionamiento del Sistema.
En las páginas que anteceden he descrito la existencia de una línea de actuación de naturaleza estrictamente política que fue seguida desde distintas instancias del aparato del Estado en relación con Banesto. En las que siguen, mi intención es analizar algunos aspectos del acto de intervención dictado el día 28 de diciembre de 1993, en cuanto sean relevantes a los efectos de la tesis que sostengo.
Por tanto, no me detendré en el análisis numérico ni jurídico de la intervención. En el recurso interpuesto frente al acto dictado por el Banco de España ante el Ministerio de Economía y Hacienda y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, figuran con todo detalle las argumentaciones referidas a ambos aspectos. Creo que este documento tiene un valor indudable para entender los aspectos jurídico-administrativos referentes a dicho acto de intervención. En él se argumenta —y creo que se demuestra— por qué no se daban los supuestos previstos por la ley para dictar un acuerdo semejante, en el sentido de que no concurrían los supuestos de hecho necesarios, además de muchas otras consideraciones de indudable valor jurídico.
Por cierto, la Ley de Ordenación y Disciplina de las Entidades de Crédito fue aprobada en el año 1988, es decir, en plena batalla del Sistema contra Banesto. No parece descabellado pensar que en el momento de su redacción se tuvieron en cuenta los factores que rodeaban al caso Banesto en previsión de que algún día —como efectivamente ha sucedido— tuviera que utilizarse alguna de sus disposiciones. En todo caso, parece que la citada ley adolece de vicios sustanciales desde el punto de vista de su constitucionalidad, pero insisto en que no quisiera convertir este capítulo en un dictamen jurídico, porque me alejaría de mi finalidad originaria.
En la comparecencia del día 30 de diciembre de 1993, el gobernador, señor Rojo, en el turno de respuestas a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios, dijo las siguientes palabras: «Realmente nosotros no tenemos ningún tipo de animadversión a los gestores de Banesto, en absoluto. Nosotros no tenemos ningún problema que resolver con los gestores de Banesto, excepto los puramente técnico-financieros; ninguno. No hemos recibido la menor presión política. Si la hubiéramos recibido creo —el ser humano no sé si es muy frágil— que, en base a mi experiencia y conocimiento de las personas que constituyen conmigo el Consejo Ejecutivo del Banco, en un tema de este calibre jamás habríamos aceptado presiones políticas para afrontar un tema como este». A pesar de estas palabras yo no tengo duda razonable acerca de la existencia de un movimiento de naturaleza política que conduce al acto de intervención.
Cuando en páginas anteriores hacía referencia al Consejo Ejecutivo del Banco de España del día 2 de junio de 1992, dejé constancia de las palabras del gobernador, señor Rubio, acerca de la necesidad de informar de la situación al entonces ministro de Hacienda, señor Solchaga. Recuerde el lector que se trataba de un expediente a Banesto por problemas de recursos propios, es decir, que, en principio, no se discutía una auténtica intervención. Pues bien, si en un supuesto de esa dimensión se exige «informar al ministro» y «justificar la decisión a adoptar», parece evidente que, con mayor razón, así debía procederse cuando se trataba de una intervención total con sustitución de todos los miembros del Consejo de Administración de Banesto. Por otro lado, como ya he relatado, el propio gobernador, señor Rojo, me comunicó el día 15 de diciembre que iba a elevar el asunto a las instancias políticas. Es a partir de ese momento cuando se produce el cambio de actitud. Si el día 15 de diciembre el gobernador había aprobado el plan y el día 21 me encuentro con una actitud totalmente distinta —en lo humano y en lo técnico—, parece lógico pensar que algo había ocurrido en esos días, en esa «elevación del asunto a las instancias políticas». Por ello me resulta revelador que el gobernador, al negar que exista algún tipo de presión política, pronuncie esta frase que parece salir espontáneamente, como una especie de autojustificación:
«(…) el ser humano no sé si es muy frágil...».
En las páginas anteriores he descrito hechos de los que, a mi juicio, se deduce con claridad la existencia de esa línea de naturaleza política. Pero quisiera aclarar aún más este punto. He dicho en repetidas ocasiones que no pretendo negar la existencia de una situación problemática en Banesto. También he dejado escrito claramente que nuestras cifras no coincidían en absoluto con las formuladas por el Banco de España. Igualmente expliqué en la rueda de prensa del día 11 de enero de 1994 que algunos de los conceptos alegados por el Banco de España tenían una naturaleza estrictamente contable y que, además, en ciertos supuestos, carecían de todo soporte legal. Pero esto no es algo que solamente lo argumente yo. Fíjese el lector en las siguientes palabras del ministro de Economía y Hacienda y del gobernador del Banco de España en la comparecencia del día 30 de diciembre de 1993.
En su breve intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, el ministro de Economía, señor Solbes, afirma literalmente: «En concreto y de acuerdo con las cifras de la Inspección del Banco de España, las necesidades totales brutas de saneamiento que, como luego explicará con detalle el gobernador,
no pueden identificarse con lo que popularmente se conoce como agujero...».
Efectivamente, nada más comenzar su intervención, el gobernador dijo las siguientes palabras:
Debo aclarar inmediatamente que esa cifra no debe interpretarse como lo que en términos vulgares se denominaría el agujero de Banesto, es decir, lo que los demás habrían de aportar para sanear Banesto; primero, porque la entidad posee un volumen muy importante de recursos propios; después, porque no todos esos saneamientos han de realizarse de modo inmediato..., y tercero..., porque Banesto tiene plusvalías latentes.
Es bastante normal que el lector se pregunte que, si según el ministro y el gobernador esa cifra de 500 000 millones de pesetas no es el agujero de Banesto, si esta entidad tiene un volumen muy importante de recursos propios, si hay plusvalías latentes y si, además, los saneamientos no han de realizarse de modo inmediato, entonces ¿por qué se ha intervenido? ¿Por qué se ha optado por una solución tan traumática? En el turno de respuesta añade todavía más claramente el gobernador lo siguiente: «(…) porque por supuesto una parte del saneamiento tendría un carácter básicamente contable». Eso significa, para que el lector lo entienda, que un saneamiento contable no es un problema económico, o dicho de otra manera, lo que se soluciona con un ajuste contable no constituye un problema verdadero. Simplemente un dato adicional: uno de los requisitos necesarios de acuerdo con la ley para que pueda dictarse el acto de intervención es que la entidad financiera de que se trate tenga un problema grave de «efectividad de los recursos propios», es decir, que el capital más las reservas hayan prácticamente desaparecido. Pues bien, el gobernador, al iniciar su exposición, lo primero que afirma tajantemente es que «Banesto posee un volumen muy importante de recursos propios...».
Por tanto, en donde se localiza la naturaleza política del acto de intervención es precisamente en el tipo de respuesta que se da a una situación determinada. Es decir, a la vista de que Banesto tenía todas esas características que describe el gobernador ante el Congreso de los Diputados, se decide el Sistema por una solución tan extraordinariamente traumática para todos. Cabían, por supuesto, otras soluciones. Pero la que se adopta es la de intervenir, sustituyendo de forma fulminante a los administradores del Banco. ¿Por qué? Porque esa fue la respuesta política del Sistema. Por tanto no es incompatible con la afirmación de que no recibieron presiones políticas. No es eso. El día 15 de diciembre el gobernador da su visto bueno inicial al plan de Banesto. El día 21, sin proponer otras alternativas, declara que no puede aprobarlo y de su comportamiento humano se deduce que algo había cambiado muy sustancialmente. Todo me indica que al trasladar a la línea política la situación, la respuesta es negativa, de forma que no es conveniente a los intereses del Sistema que ese plan sea aprobado. Existen argumentos «técnicos» para «justificar» esta decisión; por tanto, el elegir la vía de la intervención y explicársela a un miembro del Sistema no parece algo ciertamente difícil. Incluso es lógico que el gobernador no se diera cuenta de que estaba sufriendo una presión política, porque, en cuanto miembro del Sistema, las argumentaciones de este le parecen normales y no políticas. «El ser humano no sé si es muy frágil...», dijo el gobernador. He leído varias veces aquellas palabras que escribía en mi diario hace ahora casi dos años: