Otro aspecto que me interesa destacar y que ha sido desconocido por la opinión pública es el siguiente: entre el primer informe sobre Banesto y la decisión de invertir, J. P. Morgan siguió analizando el banco, cada vez con más detalle, y en un momento determinado me pidió la posibilidad de entrevistarse con el Banco de España. Era algo insólito puesto que las informaciones que el Banco de España puede tener sobre una determinada institución financiera son, por definición, secretas y no deben transmitirse a terceros. Yo, sin embargo, no presenté ninguna objeción a esa posibilidad. Recuerdo que el gobernador Luis Ángel Rojo me llamó para pedirme permiso antes de suministrar a J. P. Morgan la información de la que disponían. Le respondí en el acto que por supuesto. La reunión se celebró y es incontestable que, previamente a la decisión de invertir, J. P. Morgan pudo contar con toda la información de que disponía el Banco de España.
¿Le informaron a J. P. Morgan de los «graves» problemas que parecían existir en Banesto según consta en el acta del Consejo Ejecutivo del Banco de España del 2 de junio de 1992? La respuesta es no. ¿Acaso Banesto había llevado a cabo alguna actuación encaminada a solventar tales problemas? La respuesta es nuevamente no. ¿Quizá el tiempo transcurrido había solucionado por sí solo algunas de aquellas cuestiones que —a juicio de todos sus miembros— obligaban a «aplicar la ley» de forma inaplazable? La respuesta es, tercamente, no. ¿Qué ocurrió, entonces? Sencillamente nada, puesto que esos pretendidos problemas que obligaban a aplicar la fuerza de la ley no eran tales, se construían sobre motivos puramente formales, carecían de consistencia real y, obviamente, si se los hubieran comunicado a J. P. Morgan, dada su especialidad en temas bancarios, se hubiera percatado de su falta de solidez y, consiguientemente, habría llegado a la conclusión de que no tenían otra razón de ser que una actuación sobre Banesto que difícilmente podría escaparse a una caracterización política. El gobernador del Banco de España, en su comparecencia del día 30 de diciembre, dijo a este respecto lo siguiente: «En estas condiciones se produce la ampliación de capital apoyada por J. P. Morgan, uno de los bancos más prestigiosos del mundo, que lleva meses estudiando Banesto, que solicita del Banco de España toda la información que tiene; y
el Banco de España le proporciona toda la información».
No aclara el gobernador que esa información fue dada por consentimiento expreso de Banesto a solicitud del propio gobernador. En cualquier caso, es importante que el gobernador diga al Parlamento que suministró a J. P. Morgan toda la información de que disponía...
Me parece importante insistir sobre este punto: J. P. Morgan mantuvo conversaciones directas con el Banco de España acerca de la situación de Banesto antes de proceder a la ampliación de capital. Por supuesto, también con los auditores, pero ya dejé escrito anteriormente lo que sucede con las auditorías de entidades financieras en nuestro país. Ninguna información sobre Banesto que pusiera en peligro la inversión de J. P. Morgan o que, sencillamente, la desaconsejara fue transmitida desde el Banco de España. Parecía como si todas las discusiones y la gravedad del asunto tratado en el Consejo Ejecutivo del día 2 de junio de 1992 hubieran desaparecido.
El Banco de España, como, por otra parte, era totalmente razonable, no puso obstáculos a la ampliación de capital. Pero es lógico que el lector se formule la siguiente reflexión: si en marzo de 1992 el Banco de España estuvo a punto de abrir un expediente a Banesto y si detrás de esa decisión se escondía una finalidad de corte político, ¿no resulta contradictorio autorizar una ampliación de capital que, sin duda, mejoraba la posición relativa de Banesto y dificultaba el proceso teórico de intervención? La respuesta a este interrogante es doble: primero, el Banco de España no podía negarse a autorizar una ampliación de capital que contaba con la participación del primer banco del mundo. Es fácil imaginar el tremendo desgaste que ello hubiera supuesto para el instituto emisor, puesto que las razones para una negativa nunca habrían sido comprendidas por los accionistas de Banesto ni por la opinión pública.
Pero, independientemente de lo anterior, algunos me han formulado una teoría que, a la vista de los acontecimientos, no me parece descabellada. Insisto en que es solo una teoría, porque no dispongo de datos fácticos que la corroboren, pero me parece interesante reflejarla en estas páginas. Dada la envergadura de la ampliación —la mayor que nunca había realizado un banco en Europa—, y tomando en consideración los rumores negativos sistemáticamente difundidos acerca de la situación de Banesto, parecía ciertamente difícil que tal ampliación de capital pudiera resultar un éxito. Por otro lado, la situación económica y política española no era, en el momento en que iba a efectuarse la suscripción de capital —julio de 1993—, la mejor para abordar una operación de esta entidad y naturaleza. Lógicamente, por tanto, los análisis más racionales afirmaban que caminábamos hacia un gran fracaso. Incluso el gobernador, en su comparecencia tantas veces citada, dice a propósito de la ampliación de capital: «Era perfectamente posible que Banesto no pudiera aprovechar esta oportunidad». Estas palabras parecen indicar que en la mente del gobernador estaba la posibilidad de que la ampliación de capital fracasara y Banesto fuera incapaz de obtener los fondos que había demandado al mercado. No hay que deducir de estas palabras ninguna consecuencia apresurada: el gobernador simplemente estaba recogiendo un sentir general entre los analistas financieros y, desde luego, entre los expertos económicos del Sistema.
Incluso más: algunas de las autoridades del Banco de España que mantuvieron conversaciones con nosotros nos aseguraron ese fracaso. No recuerdo si fue exactamente el subgobernador, señor Martín —aunque creo que sí—, quien sostuvo que nunca conseguiríamos sobrepasar el listón del 50 por ciento en la tasa de cobertura de la ampliación. Uno de los ejecutivos de Banesto que mantenía contactos permanentes con la Inspección del Banco de España me transmitió la información de que el inspector que había sido designado por Mariano Rubio en 1992, cuando ordenó aquella «inspección a fondo» a la que me refería anteriormente, le dijo que, en su opinión, nunca conseguiríamos cubrir más del 20 por ciento de la ampliación. Incluso se cruzaron apuestas al respecto, si bien dentro del módico campo de algunas cervezas... Pero no solo en el Banco de España, sino también en la banca privada española se mantenía el convencimiento del fracaso de nuestro proyecto. Intentamos colaborar en la ampliación con el Banco de Santander y el BBV, pero resultó imposible: nadie creía que pudiéramos cubrirla, por lo que no nos quedó más remedio que enfrentarnos a un tema de esta envergadura en solitario.
Tengo que reconocer que una cobertura del orden del 50 por ciento era de por sí un éxito, pero estoy seguro de que un resultado de este tipo hubiera sido presentado como un clamoroso fracaso. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: si existía una voluntad decidida de intervenir Banesto que había sido aplazada por las circunstancias, un fracaso de la ampliación habría sido una magnífica noticia para el Sistema.
Imaginémonos qué hubiera ocurrido si la ampliación fracasa. La imagen de Banesto se habría deteriorado de forma prácticamente irreversible, su carencia de capital se hubiera puesto de manifiesto con toda evidencia, las acciones hubieran sufrido un fuerte descenso, los rumores sobre nuestros problemas tendrían el «aval» del mercado, que se habría negado a aportarnos fondos, mi propia posición como presidente hubiera sido rechazada en su credibilidad por el mercado, la situación se haría más y más insostenible, J. P. Morgan no estaría involucrado en el capital del banco y, consiguientemente, no hubiera existido otra alternativa que intervenir. Ni siquiera hubiera sido necesario acudir a expedientes técnicos de justificación. Bastaba con el argumento del mercado.
Si eso hubiera ocurrido así, la intervención apenas hubiera tenido costes políticos. Por eso, los partidarios de la teoría que desarrollo sostienen que en la actitud del Banco de España siempre pesó este dato: si triunfa la ampliación se esperará al desarrollo de los acontecimientos, pero si fracasa, el asunto quedará resuelto sin ningún tipo de coste. Solo quedaba esperar y ver qué sucedía. No puedo seriamente sostener que mis pensamientos en aquellos momentos tuvieran presente esta tesis, pero algo interiormente me decía que no solo se trataba de recaudar fondos, no solo estaba en juego ese esotérico concepto de «recursos propios», no estábamos exclusivamente en presencia de un instrumento para mejorar la rentabilidad del banco y su posición competitiva respecto de los restantes grandes bancos españoles. Estos eran los argumentos técnicos para abordar la ampliación y para tratar de obtener éxito con la misma. Pero mi intuición me decía que había algo más, difícil de definir e incluso de formular racionalmente, pero ese «algo más» convertía el asunto en un problema de enorme envergadura. Por ello, consumimos todas nuestras fuerzas y empleamos todo nuestro tiempo en tratar de garantizar el éxito de la ampliación.
Incomprensiblemente para muchos, la ampliación fue un éxito tan importante que no solo conseguimos cubrir el importe inicialmente previsto, sino que, si la demanda de capital al mercado hubiera sido mayor, este nos habría proporcionado los fondos necesarios para completarla. No fue una buena noticia para el Sistema. Poco importaba que esa ampliación tuviera una enorme trascendencia en cuanto a la capacidad de España de atraer inversiones extranjeras. Poco importaba que fuera buena para nuestro país. Lo importante era, en la posición del Sistema, que un nuevo obstáculo aparecía en escena y la decisión de intervenir tenía, de nuevo, que posponerse, que esperar a un momento más propicio. La prensa española destacó —como era lógico— la importancia del asunto, no solo desde el plano de Banesto sino, sobre todo, por lo que significaba de confianza en la economía española en un momento tan difícil.
Financial Times
trató el asunto muy elogiosamente en su primera página. En España,
El País
lo recogió como una noticia más en las páginas de economía.
En la comparecencia, tantas veces citada, del gobernador ante el Congreso de los Diputados del día 30 de diciembre, se dice literalmente lo siguiente: «En mayo de 1993 se inicia una nueva inspección de seis meses de duración en la que se vuelve a analizar el fondo de pensiones, la cartera de valores del banco y de la Corporación y se examinan, además, uno a uno los riesgos superiores a 250 millones de pesetas», puesto que los créditos de más de 750 millones ya habían sido examinados anteriormente. Pues bien, como recordará el lector, el Consejo Ejecutivo del Banco de España estuvo a punto de intervenir Banesto como consecuencia de los «comentarios» y «manifestaciones de criterio» de la Inspección en un trabajo que había durado apenas unos días. ¿Cómo es posible que nada de esta inspección iniciada en mayo de 1993 fuera transmitido confidencialmente a J. P. Morgan en junio de 1993 antes de iniciar la ampliación de capital? ¿Es que no existían «comentarios» ni «manifestaciones de criterio» de la Inspección? ¿Ni siquiera tratándose de un asunto que iba a tener una repercusión internacional tan extraordinariamente importante? ¿Es creíble, a la vista de los datos de que hoy disponemos, que el Banco de España decidiera ocultar información para favorecer a Banesto? ¿Es razonable que asumiera el riesgo de ocultar esta información ante un asunto de la envergadura internacional que tenía la ampliación proyectada? ¿Qué quiso decir el gobernador ante el Parlamento cuando aseguró que había transmitido a J. P. Morgan toda la información de que disponía? Todo parece indicar que, en el fondo, existía un pleno convencimiento del fracaso de la ampliación y, consiguientemente, el allanamiento del camino para la intervención sin coste político adicional alguno. Ciertamente, como aclaré al comienzo, estamos en presencia de una teoría porque no tenemos datos concretos para avalarla, pero no parece carecer de lógica.
En el mes de abril de 1994, el presidente del Grupo Argentaria, Francisco Luzón, declaraba —según el diario económico
Expansión
— ante un grupo de sus directivos, que Argentaria nunca había estado involucrada en lo que el señor Luzón llamaba el «prebanesto». Me llamó la atención la expresión: «prebanesto» era una palabra con la que se pretendía aludir al conjunto de actuaciones que tuvieron lugar durante esos meses de octubre, noviembre y diciembre de 1993. El tono del señor Luzón era casi autojustificativo, como señalando que su grupo no había participado en unas actuaciones que podían tener una connotación claramente negativa.
Tengo que confesar que durante ese período de tiempo ignoraba que pudiera estar desarrollándose una operación paralela a la actuación normal de la inspección del Banco de España y a las negociaciones que mantuvimos con el instituto emisor. En estos momentos, sin embargo, no me cabe duda razonable de que esa actuación paralela existió, aunque tengo que confesar que carezco de datos ciertos como para poder implicar a personas concretas en la misma.
He dicho en repetidas ocasiones en estas páginas que no se trata de negar la existencia de una situación problemática en Banesto derivada, fundamentalmente, de un volumen de créditos morosos de indudable envergadura. Es obvio que en esta situación tuvo influencia decisiva el deterioro de la economía española, que se traducía en niveles de morosidad casi récord para el conjunto de la banca. También es indudablemente cierto que la política de expansión crediticia de Banesto en los años 1989 y 1990 pudo haber influido. Resulta inútil tratar de adivinar cuánta responsabilidad corresponde a la política de expansión y cuánta al deterioro de la economía española. Digámoslo de otra forma: si no se hubiera producido el fracaso de una política económica diseñada por el Sistema, no se hubiera incrementado el nivel de morosidad general de la economía española y, consiguientemente, no podría hablarse de errores en la gestión crediticia de Banesto. En este punto, el gobernador del Banco de España Luis Ángel Rojo, en la tantas veces citada comparecencia ante el Congreso el 30 de diciembre de 1993, alude a que las dificultades de Banesto podían estar derivadas de «sus errores, o por la adversidad o por una mezcla de ambas». Claro que la «adversidad» hace referencia precisamente a los errores derivados de una política económica cuyas consecuencias negativas para España ya nadie discute.