Sin embargo, sí quisiera dejar constancia de dos datos: el primero hace referencia a la consideración de «operación fraudulenta» a nuestra inversión en el banco portugués Totta y Azores. Realmente, el Banco de España, en ese afán de buscar algo con lo que pretender justificar la intervención, ha sobrepasado los límites más elementales. Las autoridades del Banco de España conocen perfectamente cuál fue nuestra posición en el banco portugués. En la Junta General de Accionistas de Banesto, celebrada en junio de 1993, en la que se iba a acordar la macroampliación de capital, dimos información escrita de que nuestra participación directa e indirecta en el Banco Totta y Azores alcanzaba el 50 por ciento. Previamente a dar esta información habíamos hablado al respecto con las autoridades portuguesas. Yo había informado al presidente del Gobierno de la situación, quien, en defensa de los intereses españoles, había mantenido varias conversaciones con el presidente portugués, Cavaco Silva.
Incluso yo mantuve una conversación con el presidente del Gobierno portugués, señor Cavaco Silva. No fue una conversación agradable porque yo era consciente de que el tema del Banco Totta y Azores era de «alta sensibilidad» en Portugal. La prensa portuguesa no dejaba de airear continuamente el asunto, quizá influenciada por las filtraciones provocadas por el señor Roquette. Curiosamente, nunca he acabado por formarme un juicio exacto acerca del comportamiento de nuestro socio portugués. Es lógico que durante algún tiempo albergara la ambición de hacerse con el control del Banco Totta, pero lo cierto es que, después de muchas reuniones y conversaciones al respecto, aceptó que era inevitable la construcción de un gran grupo financiero ibérico integrado por Banesto y por el Totta y Azores.
En ocasiones coincidimos en que esta operación financiera podría constituir un sistema de acercamiento real entre dos países que, durante muchos años, habían vivido «de espaldas». Por otra parte, podía, igualmente, aparecer como una respuesta de la «Europa del Sur» al proceso de construcción europea. Yo tengo que reconocer que tenía una ilusión particular en conseguir la ejecución final de este proceso, por lo que significaba en el terreno de las relaciones políticas entre España y Portugal. Pero es posible que los problemas de imagen en Portugal, que, quizá, todavía no estuviera «preparado» para este tipo de operaciones, provocaran en el señor Roquette el intento de acudir al Gobierno portugués para que «le defendiera» frente a los «deseos imperialistas de Banesto». No tengo prueba terminante de que esto fuera así, pero existen muy altas probabilidades de que sea cierto.
Como decía, la entrevista con Cavaco Silva no fue muy agradable. Comenzó diciendo que el Banco Totta y Azores era una «joya» de Portugal y que su deseo era que permaneciera dentro del control portugués. Yo le contesté que, efectivamente, se trataba de un buen banco, pero sobre todo debido a la gestión que nosotros habíamos realizado, dado que la diferencia que existía entre el banco que fue parcialmente privatizado y el que teníamos a finales de 1993 era abismal. Pero, en todo caso, si habíamos decidido invertir el dinero de Banesto, era, precisamente, porque el Banco Totta era un gran banco.
En todo caso, hasta ese momento habíamos mantenido una línea de enfrentamiento con diversas autoridades portuguesas y posiblemente hasta con nuestros socios originarios. Pero el proyecto merecía la pena. Por ello hubo un momento de cierta tensión en esa entrevista cuando las palabras de Cavaco Silva parecían rezumar claramente un nacionalismo portugués, comprensible en algunos terrenos, pero no, desde luego, con vistas al proceso de unificación europea. Por ello le dije: «Creo que ustedes los políticos están hablando un doble lenguaje. Por un lado, cuando celebran reuniones referidas a la Unión Europea, manejan conceptos de ampliación de mercados, superación de fronteras y nacionalismos mal entendidos. Sin embargo, cuando se trata de operaciones concretas, parece que se olvidan de esas consideraciones y atienden a los nacionalismos disgregadores, quizá movidos por intereses políticos electorales concretos. Si yo tuviera setenta años no estaría peleando por el Banco Totta y Azores. Pero a mis cuarenta y cuatro años tengo la ilusión de hacer proyectos que no solo sirvan para superar ese antagonismo entre dos países sino, además, para dar respuestas concretas del sur de Europa en terrenos en donde todavía tenemos la posibilidad de hacer algo».
A un hombre de las características psicológicas de Cavaco Silva no le debieron sentar muy bien aquellas palabras. Pero las pronuncié porque era hora de comenzar a denunciar ese doble lenguaje que tantas veces se observa entre los profesionales de la política. Poco pudo contestarme al respecto distinto a: «En todo caso, debe mantenerse la ley». Le insistí en que solo era una cuestión de tiempo, puesto que la legislación portuguesa infringía la normativa comunitaria y, consiguientemente, más tarde o más temprano tendría que modificarla y la operación se consumaría.
Posteriormente a aquella entrevista tuve conocimiento de que el presidente del Gobierno portugués había encargado a sus asesores legales dos dictámenes acerca de nuestra operación. La respuesta era inequívoca: la actuación de Banesto cumplía formalmente con los requerimientos de la legislación portuguesa. Por eso estaba seguro de que, después de años de esfuerzos, acabaríamos superando las viejas ideas políticas y constituiríamos la primera operación auténticamente transnacional de la banca española.
Por ello es tan penoso que el pliego de cargos contenga la mención de la operación Banco Totta y Azores entre las mal llamadas fraudulentas. Es sencillamente penoso en el terreno de lo jurídico, pero no solo en él. Al publicar el diario
El País
que el Banco de España consideraba «fraudulenta» nuestra operación, la respuesta del Gobierno portugués no tardó en aparecer. El Banco de España le había puesto en bandeja una excusa en la que cimentar sus pretensiones: si era una autoridad española la que consideraba ilegal nuestra posición, todo venía rodado para las autoridades portuguesas, que querían recuperar el control portugués de ese banco. Con ello, el Banco de España había causado un daño a Banesto y al sistema financiero español. Las dificultades para Banesto comenzaron a crecer. Yo las seguía por las noticias de prensa. Y siempre con una gran tristeza porque tantos años de esfuerzos y luchas estaban a punto de desmoronarse por una actuación del Banco de España destinada a justificar lo injustificable, aun a costa de causar, como digo, un daño a Banesto y al sistema financiero español. Espero que al final todo se arregle, porque, como español, lo que quisiera es que esa operación se culminara. Me importa mucho menos, como es lógico, quién sea el que finalmente la materialice, porque la historia nunca podrá negar los esfuerzos de las personas que colaboraron conmigo en superar el viejo enfrentamiento histórico entre españoles y portugueses comenzando por algo tan concreto como la creación de un gran
holding
financiero ibérico.
El segundo punto del que me gustaría dejar constancia es el apartado de «conclusiones» que figura en el texto de mi carta al abogado señor Sánchez Calero. Creo que es ilustrativo y por eso puede tener interés para el lector.
Conclusiones
El 28 de diciembre de 1993 el Banco de España acuerda intervenir Banesto. No debe olvidarse que el expediente administrativo se instruye a los administradores de Banesto como consecuencia del acto de intervención. Tampoco debe olvidarse que el día 29 de diciembre el nuevo equipo nombrado por el Banco de España había tomado posesión de sus cargos en Banesto, previa la suspensión de todo el Consejo de Administración. Igualmente conviene recordar que el informe de la Inspección a que se refiere el expediente es elaborado con posterioridad a la destitución de administradores, es decir, sin que los afectados por el expediente hayan podido contrastar las «averiguaciones» de la Inspección.
Pues bien, teniendo esto en cuenta, es muy llamativo que el apartado de actos fraudulentos tenga las siguientes características:
Primera.— No se prueba en ningún caso dicho carácter. Es más, se relatan hechos que son habituales en la práctica de cualquier banco. Lo único que contiene el pliego de cargos son juicios de valor de quien redacta los supuestos «cargos».
Segunda.— Para mantener sus posiciones, el pliego de cargos cae en una doble incongruencia:
a) Primero, negar la valoración que efectúa una empresa especializada que efectivamente está reconocida por el Banco de España para tal cometido.
b) Segundo, utilizar a la misma empresa valoradora para atribuir a un acto ese pretendido carácter fraudulento.
Es sencillamente esclarecedor. La única alternativa para buscar un acto fraudulento es decir que las valoraciones de una empresa oficialmente admitida por el Banco de España para este cometido están equivocadas. En todo caso, existiría un «error» en la valoración, pero no es posible atribuir la existencia de actos fraudulentos sin admitir que la empresa valoradora actuó también fraudulentamente. Nada de esto dice el Banco de España. Se limita a insinuar que las valoraciones son incorrectas. ¿Por qué? Sencillamente porque el Banco de España dice que están equivocadas. No quisiera extenderme más en este asunto porque su propia obviedad lo hace innecesario, pero la literalidad del razonamiento del Banco de España nos lleva por un camino inevitable: descubrir el tipo de «espíritu» que está detrás del pliego de cargos.
¿
Tiene lógica que el Banco de España admita oficialmente a una empresa valoradora y, cuando ésta emita su dictamen técnico, el Banco de España diga que no está justificado y califique al acto ejecutado por debajo de esa valoración oficial como «fraudulento»? Sinceramente, este razonamiento repugna a cualquier mentalidad jurídica. Quizá esa frase del Banco de España de «Razones de otra índole» sea explicativa de lo que está sucediendo en el pliego de cargos
.
Tercera.— Se trata de operaciones muy anteriores en el tiempo al acto de intervención. Se habla de hechos acaecidos en 1989, 1990 ó 1991. Es decir, operaciones que corresponden a ejercicios sociales cerrados con anterioridad al 28 de diciembre de 1993. En todos esos casos la Inspección del Banco de España había sido oficialmente informada, las cuentas de Banesto conocidas y aprobadas por el Banco de España y analizadas de conformidad por los auditores del banco y de la Corporación. No hay que olvidar que la presencia de la Inspección del Banco de España ha sido constante, diaria, con despachos permanentemente ocupados en las instalaciones de Banesto, con acceso a toda la documentación del banco. ¿Por qué no se formularon reparos en su momento? ¿Por qué se aprobaron las cuentas? ¿Por qué nada de esto se dice en el pliego de cargos?
En algún caso, incluso, se alude a operaciones cerradas por empresas independientes de Banesto, aprobadas por sus respectivas Juntas Generales y por sus correspondientes auditores.
Teniendo en cuenta la antigüedad de los hechos relatados y las constantes inspecciones sobre Banesto, es elemental formularse las siguientes preguntas: ¿Es creíble que el Banco de España acuda ahora a hechos de años de antigüedad? ¿Es creíble que no los conociera? ¿Es creíble que aprobara las cuentas de varios ejercicios y ahora diga lo que dice? ¿Por qué no informó a J. P. Morgan de que los gestores de Banesto cometían actos fraudulentos? ¿Cómo autoriza una ampliación de capital de dimensión internacional si estaba convencido de todo esto
?
Llama poderosamente la atención que todo lo que aparece incluido en el capítulo de «actos fraudulentos» tenga las características que se acaban de mencionar. Cualquier mente jurídica sensata podría preguntarse: ¿podría el Banco de España certificar que en cualquiera de los análisis que se efectuaran en una entidad bancaria no aparecerían operaciones muy similares? Realmente tales características del pliego de cargos hacen muy luminosa la expresión que el propio pliego utiliza: son, muy posiblemente, «razones de otra índole», las únicas que pueden dar una respuesta lógica a los anteriores interrogantes.
Pero hay algo muy importante: después de años de inspección sobre Banesto, después de cinco meses de intervención del Banco, después de una búsqueda exhaustiva en todas las operaciones, al final, todo lo que ha quedado como «actos fraudulentos» es lo descrito en el pliego de cargos. Ya no se habla de «comisiones» que se filtraban a la prensa. Ni de otras operaciones dudosas que igualmente aparecían en los periódicos. Al menos, el pliego de cargos tiene una virtud esclarecedora. Ya sabemos dónde están los actos fraudulentos. Y si después de años de inspección y cinco meses de rastreo con los antiguos administradores cesados hay que acudir a juicios de valor; unas veces negar las valoraciones de una empresa especializada admitida por el Banco de España; otras acudir a ella; otras remontarse a ejercicios pasados, etc., no resulta exagerado suponer que son «razones de otra índole», distintas a las puramente «técnico-financieras», las que presiden la redacción del expediente
.
Es muy lamentable que una institución como el Banco de España haya sido capaz de producir un pliego de cargos como este bajo el epígrafe «actos fraudulentos» y que, para tratar de esconder su propia debilidad argumental, lo filtre a un medio de comunicación social. Creo sinceramente que es indicativo de lo que está sucediendo. Es más: después de aparecer en la prensa la carta anteriormente transcrita, se produjo un nuevo intento de tratar de «buscar cosas» por parte del Banco de España. Era algo insólito: se había intervenido Banesto el 28 de diciembre de 1993 y en la segunda quincena del mes de junio se seguía buscando algo para justificar la decisión tomada seis meses antes. Exactamente al revés de lo que la lógica jurídica y la lógica de los comportamientos exigiría. Alguien me contó que, en los días 15 y 16 de junio de 1994, algunos inspectores del Banco de España, que por enésima vez volvían a Banesto a tratar de encontrar esas «cosas», comentaron, a la vista de que nada extraño aparecía con suficiente entidad, que estaban preocupados porque habían recibido de sus superiores la necesidad de «encontrar algo» y que, por tanto, ellos no querían verse involucrados en las consecuencias de las decisiones políticas de sus jefes. Me gustaría que esto fuera verdad, pero no solo por mí, sino, también, porque demostraría que todavía existen personas con el mínimo de dignidad requerido para ejercer una función tan importante para la sociedad. En todo caso, de una manera u otra, el tiempo y los mecanismos del Estado de derecho provocarán que las cosas se sitúen en su sitio.