Sin embargo, el representante del Partido Popular, señor Montoro, no plantea una posible cuestión previa como es la de, al menos, cautela ante la decisión, sino que renuncia a extraer consecuencias políticas de la misma, salvo las referencias a que la crisis bancaria está conectada con una equivocada política económica, lo cual es cierto pero claramente insuficiente en un tema de esta dimensión nacional e internacional. Por eso las siguientes palabras del señor Montoro suenan indefectiblemente huecas:
En circunstancias como las presentes, para nosotros, por encima de intereses partidistas, más allá de conveniencias particulares, lo importante es conseguir un triple objetivo: en primer lugar, que no se perjudique el timbre internacional de España; en segundo lugar, que se salvaguarde la solvencia del conjunto del sistema financiero español, y en tercer lugar, que se respeten plenamente los derechos adquiridos de depositantes, trabajadores y accionistas.
Muy poco más dijo el representante del Grupo Popular, salvo preguntar si existían indicios de responsabilidades penales y si, en ese caso, se había pasado la información al ministerio fiscal, lo que provocó que el señor Rojo, en su turno de respuestas, señalara claramente que no existían indicios más que de posibles responsabilidades mercantiles, pero no penales.
El día 28 de diciembre llamé por teléfono al señor Aznar, líder del partido de la oposición, para informarle de la posible intervención del Banco de España. La respuesta que obtuve fue similar a la que me proporcionó el señor Roca, con quien igualmente hablé aquella tarde: tratar de enterarse de qué ocurría. Lo importante es que la sensación que tuve, derivada de las palabras del señor Aznar, fue la de que ignoraba completamente el asunto. Felipe González, desde Bruselas, días después, reconoció que antes del día 28 había hablado con el señor Aznar sobre la intervención de Banesto. Al menos, eso publicó la prensa, aunque no puedo saber si es o no totalmente correcto. Supongo que sí, porque parece lógico que antes de adoptar una decisión de este tipo, el Sistema quisiera garantizarse el menor coste político posible y, desde luego, obtener la aprobación del Partido Popular era a estos efectos muy importante. ¿Tanto como para que si el principal partido de la oposición se hubiera opuesto la decisión no podría haberse adoptado?
Quizá no tanto, pero, en todo caso, la discusión habría sido mucho más intensa y, por consiguiente, la posibilidad de averiguar la verdad mucho mayor.
Es igualmente cierto que el Partido Popular, como antes decía, disponía de la información acerca de la existencia de la carta de J. P. Morgan indicando que el plan de Banesto era lo mejor para el sistema financiero español y para los depositantes y accionistas. A esas tres categorías de colectivos —depositantes, accionistas y sistema financiero español— alude el señor Montoro como objetivos básicos de su grupo parlamentario. Pues bien, ¿por qué, entonces, no se alude a un plan que según uno de los más importantes bancos del mundo es el que defiende de mejor manera a los colectivos interesados? ¿Por qué no se pregunta acerca de la negativa al plan Banesto? ¿Por qué ni siquiera se hace una sola referencia a la existencia de ese documento cuando, insisto, el Partido Popular tenía constancia de que se había producido el envío de la carta?
En varias ocasiones posteriores he hablado con personas extranjeras que han seguido con cierta cercanía lo ocurrido en España en este asunto. Es una constante no entender la actitud del Partido Popular y afirmar que en sus respectivos países esto no habría sucedido. Concretamente, una persona de origen inglés comentó que en su país hubiera resultado inconcebible que el Partido Conservador hubiera prestado su anuencia a la intervención de cualquiera de los grandes bancos privados ingleses acordada por un Gobierno laborista. Habría discutido, analizado, exigido información, y, por definición, no hubiera creído una explicación de unos pocos minutos. Sinceramente, yo creo que esa persona tenía mucha razón.
En mi opinión, el Partido Popular tenía una primera obligación: ante la intervención de un Gobierno socialista —o de un Banco de España cuyos responsables han sido nombrados por un Gobierno socialista— sobre una gran institución privada, la actitud lógica hubiera sido, como mínimo, pedir más explicaciones, no creerse los datos basándose en la «ortodoxia» del Banco de España, pensar que podían existir algunas otras motivaciones, obtener la garantía de que no estaban prestando su aquiescencia a una operación que, por definición, no podían conocer con el detalle suficiente.
En segundo lugar, creo que deberían haber traído a colación la carta de J. P. Morgan y haber pedido explicaciones en el Parlamento de por qué ni siquiera se escucha al primer banco del mundo en un tema de esta envergadura, sobre todo si ese banco sostiene que nuestro plan era lo mejor para accionistas, depositantes y sistema financiero español, cuando, según el Partido Popular, esos eran los colectivos que trataba de defender.
Tercero, haber solicitado que, de la misma manera que el gobernador y el ministro comparecieron ante la Comisión de Economía, el anterior presidente de Banesto acudiera para someterse a las preguntas que quisieran formular los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Si se trataba de conocer la verdad, no parece lógico que se escuche solo a una parte, sino que se intente obtener la máxima información posible, para lo cual citar y escuchar a los responsables máximos de la institución financiera de que se trate parece una obviedad.
Este comportamiento, creo, hubiera sido el «nivel mínimo» exigible a un partido como el Popular. Sin embargo, nada de esto sucedió. Antes al contrario, en los días sucesivos, contrastando con el silencio que sobre el tema mantenían las autoridades gubernamentales, algunos miembros caracterizados del Partido Popular hacían declaraciones a la prensa en el sentido de exigir responsabilidades a la gestión anterior de Banesto, con un tono de anatema indudable. Nunca preguntaban sobre responsabilidades de las autoridades económicas y políticas implicadas. Fue extraordinariamente llamativo que, cuando el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio una explicación distinta a la suministrada por el gobernador del Banco de España acerca de por qué suspendió la cotización de las acciones de Banesto, el Partido Popular tampoco hiciera nada. Tenía una oportunidad política indudable: una de las dos autoridades no había dicho la verdad al Parlamento y ello daba motivo para razonar de la siguiente manera: si el primer factor que justifica la intervención resulta que no es verdad, hay motivos para no creer en la fiabilidad de lo explicado por el gobernador. Ya no se trataba de defender a Banesto, o al sistema de economía libre, sino simplemente de obtener rentabilidad política. Pero nada sucedió.
Hasta el momento en que redacto estas líneas, no he sido llamado al Parlamento, ni a iniciativa del Partido Socialista ni del Partido Popular. Si se me hubiera citado estoy seguro de que habría acudido, aunque no tuviera obligación de hacerlo y a pesar de que la comparecencia hubiera sido muy comprometida para mí, dado que ante los periodistas podía negarme a contestar a algunas preguntas, pero creo que no hubiera sido posible hacerlo ante el Parlamento de la nación. Pero nunca, insisto, fui llamado a declarar. Es más: cuando se crea la llamada Comisión de Seguimiento de Banesto, se cita al gobernador, al subgobernador, al presidente nombrado por el Banco de España e incluso a algunos representantes de accionistas que tenían delegación de acciones que ni siquiera llegaban a la cifra de cien mil acciones. Yo era propietario de seis millones de acciones, el primer accionista de Banesto, anterior presidente y seguía sin ser llamado a comparecer ante el Parlamento. Me parece que resulta difícil creer que de lo que se trataba era de querer aclarar las cosas y conocer la verdad. Si eso hubiera sido cierto, ¿no cree el lector que la lógica reclamaba que yo hubiera sido citado a declarar? Yo, sinceramente, creo que sí.
Muchas personas se estarán preguntando acerca del porqué de una actitud del Partido Popular que no les parecía congruente ni con lo que dicho partido dice representar ni con una actitud decidida de tratar de aclarar la verdad. He tenido algunas informaciones, que imagino son ciertas por las fuentes que me las proporcionaron, según las cuales el asunto Banesto nunca fue tratado en Comisión Ejecutiva del Partido Popular. Podrá preguntarse el lector: ¿por qué un asunto de un banco privado tenía que elevarse a ese nivel dentro del Partido Popular? A mí me resulta claro: porque se trataba de un hecho insólito en la vida financiera española, que afectaba al concepto de libertad de empresa, a la independencia de las instituciones financieras respecto del poder político y a muchas otras consideraciones más. Pero, incluso, por un puro problema de oportunidad política: si yo era capaz de proporcionar una visión distinta de la del Banco de España, las consecuencias políticas a deducir hubieran sido rentabilizadas claramente por el Partido Popular.
Imagine el lector que el banco J. P. Morgan comparece en el Parlamento, explica su posición y aporta las razones para descalificar el acto de intervención en relación con nuestro plan. Tratándose de un banco de prestigio internacional, ¿no es lógico pensar que ello hubiera supuesto un desgaste del Gobierno y un beneficio político para el Partido Popular? Fíjese el lector que ya no se trata solo de esclarecer la verdad —lo cual me parece elemental—, sino de una pura estrategia política. Alguien podría decir que ese comportamiento no se adoptó «por responsabilidad de Estado» respecto de la estabilidad del sistema financiero. A la vista de lo sucedido en estos años y, sobre todo, en estos últimos meses, ¿tiene solidez este argumento?, ¿es mínimamente creíble? A mí, humildemente, me parece que no.
Han sido muchas las personas pertenecientes a ese partido las que durante estos meses me han expresado su extrañeza y consternación por el tipo de actuación que estaban llevando a cabo, apuntando, incluso, a distintos motivos de orden personal que se encontraban en la base de esta actuación. Dije al principio de este libro que quería hacer una reflexión serena y, por tanto, huyo de especulaciones sobre temas tan delicados. Pero creo sinceramente que el Partido Popular se equivocó en este punto, aunque siempre, evidentemente, existe la posibilidad de rectificar.
En todo caso, hay un hecho importante: la intervención de un gran banco español, producida sorpresivamente para —supongo— los grupos políticos y para la sociedad española en general, que constituía un hito histórico en la vida bancaria española; que afectaba a la propiedad de unas personas que habían decidido invertir su dinero en una macroampliación de capital que había sido un éxito sin precedentes en la historia bancaria europea; que podía producir conflictos internacionales con el primer banco del mundo, que había invertido una suma muy importante de dinero en Banesto, y con otros accionistas, igualmente importantes, que se habían comprometido con el futuro de la entidad financiera en cuestión; que —sin duda— suponía, como la calificó uno de los responsables de la decisión, una «expropiación de poder»; que afectaba a una entidad señera en la vida económica española; que tenía componentes indudables de matiz político; que afectaba a la propiedad de medios de comunicación social de gran influencia en el país; que abría interrogantes muy serios sobre el futuro de la entidad, sobre la evolución de sus depósitos, sobre el patrimonio de cientos de miles de accionistas, todo eso —y muchos otros aspectos que también podrían destacarse— se salda en una comparecencia parlamentaria en la que el Banco de España y el Gobierno reciben felicitaciones de los restantes partidos políticos representados en la Cámara. Que cada lector saque las conclusiones que estime más adecuadas.
El día 29 de diciembre de 1993, cuando todavía no habían transcurrido veinticuatro horas desde que se dictó el acto de intervención, Roberto Mendoza, vicepresidente ejecutivo de J. P. Morgan y consejero de Banesto, tuvo una entrevista con don Miguel Martín, subgobernador del Banco de España, en el despacho oficial de este último. Dado que el Banco de España no había querido conceder a J. P. Morgan la oportunidad que le había solicitado por escrito para explicar su posición respecto del plan de Banesto, esta entrevista tenía un contenido que se aproximaba a lo protocolario. El acto había sido dictado y ya no cabía marcha atrás. No obstante, recoger las impresiones del subgobernador en aquellos momentos podía ser altamente interesante.
La posición que Miguel Martín transmitió a Roberto Mendoza, amén de otros aspectos que tienen menor interés, fue la de absoluta tranquilidad. Estaba personalmente convencido de que nada iba a ocurrir, que todo era cuestión de unos pocos días, que en menos de dos semanas el asunto estaría tranquilo en la prensa, las acciones volverían a cotizar, el nuevo equipo se habría asentado definitivamente en Banesto y todo el proceso estaría concluido. Igualmente señaló Miguel Martín que no se producirían retiradas importantes de depósitos porque el Banco de España había dejado absolutamente claro que garantizaba la liquidez de todos los depositantes. En consecuencia, concluía el subgobernador, nada va a ocurrir y todo estará solucionado en muy pocos días, de forma que lo sucedido se verá como una simple anécdota. Esta posición refleja una de las constantes que he vivido estos años: el Sistema tiene tal conciencia de su poder que se cree capaz de transformar la realidad e incluso de permitirse vivir en la sensación de impunidad.
Una sobrevaloración del propio poder es lo que provoca en Miguel Martín una convicción acerca de que el suceso es un incidente y una cuestión de días. Roberto Mendoza no entendía que esa pudiera ser la postura oficial del Banco de España, sino que su impresión era que se trataba de un planteamiento puramente táctico para disuadir a J. P. Morgan de actuaciones de violencia jurídica o informativa. Pero la verdad es que se trataba de una convicción profunda, auténtica, derivada —como decía— de la creencia en la inexpugnabilidad del Sistema.
La prueba de que esto era así son las palabras del ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, en la comparecencia del día 30 de diciembre ante el Congreso de los Diputados. Esta fue la frase pronunciada por el ministro:
La suspensión provisional de los órganos de administración del Banco Español de Crédito es, a mi juicio, la fórmula que mejor se ajusta al objetivo primordial que se persigue: hacer posible la reflotación del banco como tal.