En los momentos en que redactaba mi diario no disponía de los datos que hoy son hechos incuestionables. Por eso el tono de cierto dramatismo derivaba de la necesidad de actuar basándose en intuiciones. El diseño me parece hoy muy claro: desde el Banco de España se va a poner de manifiesto una situación muy problemática en Banesto. Si se consigue, además, que los mercados nacionales e internacionales reflejen esta situación en términos de negativa a conceder fondos en el mercado interbancario, el círculo estará cerrado: ya no se trata solo del Banco de España, sino que, además, los mercados dan la razón al instituto emisor. De ahí a «no tener más remedio que intervenir para salvar la seguridad del sistema financiero» solo quedaba un paso y la opinión pública lo hubiera comprendido perfectamente. Esta teoría necesita de hechos para ser demostrada. Por eso es tan importante conocer, basándose en documentos propios del Banco de España, lo que ocurría en su interior en aquellos momentos.
Con ocasión de una publicación que efectuó el diario
El Mundo
he tenido la oportunidad de conocer un borrador hecho «para conformidad o reparos» de los señores subgobernador (don Luis Ángel Rojo), don Miguel Martín y don Joaquín Fanjul. El documento recoge el borrador de un acta del Comité Ejecutivo del Banco de España celebrado el día 2 de junio de 1992. La veracidad de dicho documento no fue negada por el Banco de España. Además, recuerdo que el día siguiente a la publicación en el citado diario de ese texto me llamó a Sevilla el gobernador Luis Ángel Rojo pidiendo una reunión urgente conmigo. El motivo era hablar, precisamente, de lo que había sido difundido por el diario que dirige Pedro J. Ramírez. El gobernador me dijo que iba a ser redactada una nota al respecto y que ayudara a que el tema quedara cerrado en la prensa. Lo hice. La nota no podía ser más desafortunada y, tratada adecuadamente, podía haber incrementado las proporciones del escándalo. Pero se impuso la prudencia. Por tratarse del Banco de España y porque nunca hemos tenido ningún interés en destruir el aparato institucional de nuestro país. Por tanto, a la vista de lo sucedido, me parece legítimo utilizarlo en estas páginas, dado que de su lectura pueden extraerse algunas conclusiones de interés.
El documento comienza afirmando que: «El Gobernador recuerda las distintas ocasiones (31 de marzo, 3 y 7 de abril de este año) en que este Consejo ha tratado la situación del Banco Español de Crédito a la vista de los comentarios, informes y manifestación de los criterios de la Inspección del Banco, así como de los posibles problemas originados por la orientación de la gestión en esa entidad».
Dos datos tienen interés: primero, que parece algo extraño que el Consejo Ejecutivo del Banco de España estuviera efectuando un seguimiento tan intenso de Banesto. Entre el 31 de marzo y el 2 de junio, según el propio documento indica, eran cuatro las ocasiones en que este órgano del Banco de España se había dedicado a analizar la situación del banco. Algo ciertamente insólito, salvo que se tratara de una situación límite, de extrema gravedad. Claro que si el asunto revestía esas características difícilmente se puede comprender que no ocurriera nada. Porque nada ocurrió durante 1992. ¿Por qué entonces tantas reuniones, tanta urgencia en el tratamiento del caso?
El segundo punto es el siguiente: hemos dicho que el gobernador Luis Ángel Rojo reconoce ante el Parlamento que el inicio de las actividades inspectoras se produce en marzo de 1992. Parece lógico pensar que una actuación de la Inspección sobre una gran entidad es algo complejo, difícil, que exige un análisis pormenorizado de muchos datos, cifras, conceptos, créditos, etcétera. Esto, por tanto, reclama tiempo, y normalmente mucho tiempo. Pues bien, no deja de llamar la atención que iniciándose la actuación inspectora en marzo de 1992 resultara que el 31 de marzo de ese mismo año, como consta en el documento, el Consejo Ejecutivo ya se hubiera reunido para tratar de la situación de Banesto. Se supone que antes de pasar al análisis del Consejo Ejecutivo del Banco de España las actuaciones inspectoras debieron ser examinadas en la propia estructura interna del instituto emisor. Es decir, que en menos de un mes se habían efectuado esas inspecciones con tal rigor y fundamento como para someterlas a la consideración del Consejo Ejecutivo del Banco de España. No parece fácilmente creíble.
Por ello no deja de llamar la atención que el texto del documento no haga referencia a informes concluidos de la Inspección, sino que la base para que el Consejo Ejecutivo estudie y decida son —según el texto del acta— «
los comentarios, informes y manifestación de los criterios de la Inspección
». No sé si es muy serio hablar de «comentarios» de la Inspección, así como tampoco referirse a ese concepto un tanto peculiar de «manifestación de criterios». ¿Es que un órgano tan importante como el Consejo Ejecutivo del Banco de España puede estudiar decisiones graves sobre una institución financiera importante a la vista de «comentarios» o «manifestaciones de criterios» de la Inspección?
Sigamos. El tema central era ese concepto esotérico de los «recursos propios» de una entidad. Luego explicaré por qué es un tema capital. Pues bien, según el documento, el señor Martín, entonces director general de la Inspección, indica que la Inspección pone de manifiesto un «déficit» de recursos propios en Banesto. Pero es muy significativo el siguiente comentario que figura en el acta: «Respecto de las cifras en que la Inspección cuantifica el déficit de recursos propios, los Sres. Martín y Madroñero aclaran que este criterio se ha contrastado con la Oficina de Instituciones Financieras, la que entiende que posiblemente fueran necesarios menores ajustes de los 91 000 millones, cifra máxima indicada por la Inspección, desde un punto de vista lógicamente más riguroso».
Me parece significativo que esto se tenga que reconocer, y no parece razonable que con esa volatilidad de los datos, cuando existen discrepancias entre distintos órganos del propio Banco de España, temas de esta delicadeza y envergadura se sometan para decisión al Consejo Ejecutivo del Banco de España.
Es decir: la Oficina de Instituciones Financieras viene a afirmar que lo dicho por la Inspección es excesivo y, por tanto, había que informar de ello al Consejo Ejecutivo. Claro que para evitar que pudieran surgir malentendidos acerca del propósito final de la Inspección del Banco de España, el señor Martín califica la posición de esta última diciendo que obedece a un punto de vista «lógicamente más riguroso». Creo que son innecesarios más comentarios al respecto.
«En todo caso —sigue diciendo el acta— el señor Martín pone de relieve que si se confirma esta última apreciación, Banesto habría incurrido en déficit de recursos propios durante más de seis meses y, si tal déficit no excede del 20 por ciento, se calificaría como falta grave, mientras que, si el déficit excediera del 20 por ciento, la falta sería muy grave.» Aquí reside el nudo gordiano de lo que parece que se estaba tratando de demostrar: que el déficit de recursos propios fuera falta muy grave, porque de esta manera se daba pie a la posibilidad del Banco de España de abrir expediente y concluir con una posible intervención de Banesto. Claro que si, además, hubieran surgido problemas adicionales en el mercado interbancario, la intervención estaría justificada por un problema contable (recursos propios) y por otro derivado de la situación «objetiva» del mercado.
Es más que probable que algunos miembros del Consejo Ejecutivo del Banco de España estuvieran percibiendo que algo extraño podía encontrarse detrás de esta celeridad en las reuniones de dicho órgano, en la insistencia en tratar el tema Banesto cuando solo se disponía de «comentarios» y «manifestaciones de criterio» por parte de la Inspección. Por ello me parece significativo que el señor Madroñero, director general del Banco de España, haga constar en acta que «Banesto ha ido disminuyendo su posición en el interbancario, por lo que cabría pensar que en 1992 este factor contribuiría a no empeorar la insuficiencia de recursos propios».
A pesar de estas manifestaciones de cautela, el gobernador señor Rubio parece que estaba decidido a actuar. Quisiera que el lector prestara atención a esta frase textualmente tomada del acta: «El Gobernador recuerda que frente a las posibles dificultades de un banco, siempre se ha podido optar entre dar facilidades para que la gestión pueda acomodarse en puntos concretos a los criterios del Banco de España o bien aplicar estrictamente la normativa vigente. En los últimos meses, con Banesto se ha seguido la primera alternativa sin resultados aparentes y él personalmente no cree que esta postura pueda producir efectos. Por la vía de las recomendaciones no le parece fácil reconducir la situación de la entidad, lo que obligaría a plantear el problema desde otra alternativa, es decir, la aplicación estricta de la Ley».
Me parece una frase de extraordinaria importancia. Primero, porque era falso que en los últimos meses se hubiera practicado con Banesto una política de «recomendaciones». Lo cierto, como explicaba anteriormente, es que el propio gobernador en varias ocasiones mantuvo conversaciones conmigo en las que expresó una posición altamente comprensiva acerca de los tradicionales problemas de Banesto. Puedo asegurar que hablamos del asunto de los recursos propios, entre otros, y recibí de Mariano Rubio aclaraciones en el sentido de que era más un problema contable que real, que disponíamos de tiempo para solucionarlo adecuadamente y frases por el estilo. Lo que no sabía, como antes afirmé, es que esa postura del gobernador podía derivar de su intento de que Banesto comprara el banco Ibercorp para solucionar una serie de problemas personales que han salido a la luz en los últimos años y de manera más dramática en estos primeros meses de 1994.
Sobre esta premisa construye una afirmación capital: dado que la vía de las recomendaciones no le parece aceptable, no queda, a juicio del gobernador, otra alternativa que aplicar la ley, es decir, intervenir Banesto. Este era el objetivo que se perseguía con toda claridad. Para ello hay que utilizar esos «comentarios» y «manifestaciones de criterios» provenientes de la Inspección. Y hay que creerlos. El gobernador —según el texto del acta— recibe en este punto un apoyo fundamental del señor Sureda, quien afirma literalmente: «Para mí no existe duda de que el Consejo Ejecutivo debe dar por bueno lo que diga la Inspección del Banco de España», para terminar añadiendo: «El Banco de España debe actuar». Es decir, que el Consejo Ejecutivo debe actuar en un tema de esta envergadura dando por buenos «comentarios» y «manifestaciones de criterios» de la inspección realizada en escasos días.
El círculo se cierra poco a poco. El gobernador declara que no cabe la vía de las recomendaciones a la gestión. El señor Sureda afirma que hay que dar por bueno lo que diga la Inspección. Y Tomás Ramón Fernández Rodríguez apostilla: «El único camino que me parece posible es la firmeza en la aplicación de la Ley».
El problema era, por tanto, descubrir el déficit de recursos propios conforme a la legislación bancaria. Pero, curiosamente, en esos momentos estaba en curso la adaptación de la ley española a las directrices comunitarias, lo que se traduciría en una nueva legislación mucho menos penalizadora que la española, con la que el pretendido problema de Banesto en este capítulo de los recursos propios desaparecería o se vería muy sustancialmente reducido. El encargado de informar al Consejo Ejecutivo sobre este punto es don Miguel Martín. Estas fueron sus palabras: «Don Miguel Martín aclara respecto de la futura norma comunitaria sobre recursos propios que, aunque la nueva directriz establezca límites más bajos, permite a los distintos países endurecer tales límites y el proyecto de normativa española será más exigente que el de la Comunidad. De esta forma, aunque la entrada en vigor de ambas normas —comunitaria y española— disminuirán las exigencias de recursos propios, con todo, la insuficiencia de los de Banesto se mantendrá en cifras muy altas».
Estas palabras parecen contener un mensaje al resto de los miembros del Consejo Ejecutivo. Por eso las posturas lógicamente se debilitan, y después de haber hecho las manifestaciones que anteriormente quedaron recogidas, el señor Madroñero declara «su opinión coincidente con la de don Tomás Ramón Fernández Rodríguez: le parece inevitable que se actúe para evitar el mantenimiento de la situación».
Un dato de indudable interés, a los efectos de la tesis que estoy desarrollando sobre los propios documentos del Banco de España, reside en el hecho de que el gobernador, a la pregunta del señor Sureda acerca de si lo que se está haciendo es la preparación de una información para el señor ministro, Mariano Rubio responde lo siguiente: «En efecto, una situación de este tipo
exige informar al Ministro,
pero para ello es necesario explicar las actuaciones que hasta el momento ha tenido el Banco de España y, a la vez, justificar la postura que en el futuro piensa adoptar». Creo que el lector convendrá conmigo en que estas palabras parecen indicar que existió una actuación coordinada entre el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco de España con el propósito de actuar sobre Banesto. Es curioso que el acta utilice la expresión «justificar la postura que en el futuro se piensa adoptar». La utilización del verbo «justificar» parece que clarifica la intención última de todo el proceso.
Por ello, como explicaba anteriormente, son tan interesantes las declaraciones de don Miguel Martín ante el Congreso de los Diputados el día 15 de junio de 1994 en el sentido de que había informado al señor Solchaga de la situación real de Ibercorp. Si son ciertas constituyen un dato más, pero de indudable envergadura, acerca de la actuación coordinada de Solchaga y Mariano Rubio en este asunto.
Para concluir con este documento de capital importancia para la comprensión de lo sucedido, es necesario recoger la postura del entonces subgobernador y, en los momentos en que redacto estas páginas, gobernador del Banco de España don Luis Ángel Rojo. Su opinión, según el acta, es la de que «le parece inevitable la apertura de un expediente, que no tendría tanto una finalidad sancionadora como la de obligar a una negociación para que los gestores del banco se comprometan sin lugar a dudas en primer lugar a seguir vendiendo activos...». Permítanme que haga una descomposición de esta frase porque tiene enorme trascendencia:
Primero.—
Parece contradecir al gobernador cuando afirma que el objetivo del expediente es
negociar con los gestores
. En un momento anterior del acta, como ha quedado recogido en estas páginas, el gobernador señor Rubio dice claramente que el intento de negociar con los gestores está condenado al fracaso. Sin embargo, el señor Rojo parece abonar la idea de continuar la negociación, si bien después de la apertura de un expediente con el propósito, precisamente, de reforzar la fuerza negociadora del Banco de España. El gobernador, según el propio documento, parece abonarse a esta tesis de que la finalidad del expediente no debía ser sancionadora sino la de conseguir «un cambio en la orientación de la gestión del banco». Dos preguntas saltan inmediatamente a la luz: