En los capítulos anteriores he tratado de demostrar la existencia de un «Sistema de poder» integrado por un conjunto de personas que han conseguido el monopolio de la «inteligencia» —sobre todo en materia económica—, el atributo de la «ortodoxia» para sus postulados, la capacidad de convertir estos principios técnicos en categorías políticas para la dirección del país, el dominio de las áreas político-económicas del aparato del Estado, el control efectivo de los centros reales de «poder económico privado de España» y una influencia decisiva sobre los medios de comunicación social.
Es indudable que todo ello afecta de forma negativa a las libertades reales en la sociedad española. Pero mi propósito en estos momentos es describir el comportamiento del Sistema en el acto de intervención de Banesto dictado por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993. Posteriormente extraeré conclusiones en un plano más general, en un intento de extrapolar lo sucedido con Banesto para explicar la situación real del país, intentando demostrar que, mientras no se produzca una ruptura definitiva de ese sistema de poder, la vigencia de la libertad en nuestro país no conseguirá traspasar la barrera del puro nominalismo.
Pero mi objetivo ahora —como decía— es otro. En este análisis del acto de intervención, tal y como expuse al comienzo de este libro, no pretendo acudir a cifras, datos, balances, conceptos económico-financieros... Todo ello tiene su cauce adecuado en otras instancias. Por otro lado, las cifras son siempre discutibles. Cualquiera que tenga una mínima experiencia en la formulación de cuentas de grandes sociedades podría admitir que la realidad económica y la contable difieren en muchas ocasiones. Un documento es susceptible de recoger una apariencia de realidad según la voluntad y la intención de quien sitúa y ordena las cifras correspondientes.
En el caso de las entidades financieras el asunto es todavía mucho más claro: es verdad contablemente lo que el Banco de España reconoce como tal. Dicho más nítidamente: la normativa española reconoce al Banco de España el derecho a decir qué es lo que constituye la verdad de la situación de una determinada institución financiera. Cuando se manejan conceptos tan etéreos como, por ejemplo, créditos a cobrar, es fácil «orientar» un balance. Cualquier persona puede expresar su opinión acerca de si un determinado crédito va a cobrarse o no en el futuro, aunque, como es lógico, nadie lo sabe con certeza puesto que, por definición, sobre este extremo no se puede tener seguridad respecto de lo que ocurrirá. Como máximo es posible formular cálculos de probabilidades de que una cosa u otra suceda.
Lo importante es darse cuenta de que el
cálculo de probabilidad
formulado por el Banco de España se convierte en
certeza
a los efectos de describir la situación de una determinada institución financiera. Si posteriormente las estimaciones realizadas resultan incorrectas y los créditos declarados a priori incobrables consiguen realizarse en todo o en parte, el efecto producido será más beneficios de los presupuestados, pero eso es todo. Por tanto, basta con acentuar las probabilidades de que una determinada cartera de créditos no vaya a cobrarse en todo o en parte para describir una situación de desajuste patrimonial tan intensa como se quiera.
Idéntica naturaleza tienen los apartados referidos al valor de empresas industriales. Es legalmente admisible en nuestro país que los funcionarios del Banco de España puedan formular estimaciones acerca de cuál es el verdadero valor de una empresa o cuál será en el futuro. Ello no tendría más trascendencia si no fuera por el hecho de que esas predicciones o estimaciones se convierten de nuevo en un instrumento para determinar la «verdadera situación patrimonial» de la institución financiera afectada. El principio del subjetivismo no puede ser formulado de manera más contundente.
Por ello resulta inútil entrar en el análisis de cifras. No se trata solamente de que ese no es el objetivo que persigo, sino que, además, este camino no nos llevaría más que a reconocer que, gracias al principio de subjetivismo consagrado en la normativa bancaria, los funcionarios del Banco de España pueden colocar a una institución financiera en situación de déficit patrimonial solo con estimaciones, opiniones, criterios y predicciones en donde el valor de lo objetivo no es un dato necesario. Posteriormente comprobaremos el alcance y valor de «los comentarios y manifestaciones de criterio» de la Inspección del Banco de España. Alguien podría argumentar —y debería tener razón— que las auditorías externas constituyen un límite a esta subjetividad. He dicho «debería tener razón» porque lamentablemente no es así. La opinión del Banco de España es siempre decisiva para las empresas auditoras que operan en España. No solo porque, como decía, la norma legal consagra que la verdad contable es la opinión del Banco de España, sino porque, además, si se trata de acentuar la «prudencia» en el análisis patrimonial de una entidad, el auditor siempre se sentirá más confortable cuanto mayor sea esa «prudencia», y si resulta que su origen es el propio Banco de España, tanto mejor. En algunas discusiones con expertos extranjeros he podido comprobar la «extrañeza» —cuando no estupefacción— que mostraban al oír mi descripción acerca del comportamiento de las empresas auditoras en sus relaciones con el Banco de España. Recuerdo una frase de Miguel Martín, subgobernador del Banco de España en el día de la intervención: «Las auditorías dirán lo que nosotros digamos». Es una frase impresionante. La verdad es que en aquellos momentos no creí que fuera cierta, pero el poder del Sistema es mayor de lo que yo pensaba. Es difícil creer que empresas auditoras de nivel mundial pueden operar de esta forma en sus sucursales españolas. Pero lo cierto es que Miguel Martín pronunció esa frase y que posteriormente hemos visto que tenía razón.
Por tanto, es sencillamente inútil y confuso el análisis numérico. Por otro lado, este ya quedó efectuado en la comparecencia ante los medios de comunicación que hice el 11 de enero de 1994. En ella se expuso, concepto a concepto, la realidad numérica de Banesto y las diferencias con el Banco de España. Ese documento existe y huelga el reproducirlo aquí. En todo caso hay un hecho evidente: la intervención de Banesto se justifica sobre la base de que el banco había perdido su capital y reservas, que es equivalente a sostener que el valor real de la entidad era igual a cero. Hoy, día 6 de mayo de 1994, después de la compra efectuada por el Banco de Santander, el mercado valora cada acción de Banesto en 1200 pesetas, lo que significa atribuir al banco un valor total cercano a los 800 000 millones de pesetas... Como vemos, las «estimaciones» del Banco de España pueden ser ciertamente equivocadas.
Lo que en estos momentos me importa es el análisis político del acto de intervención. Después de los meses transcurridos desde el día 28 de diciembre de 1993 y el ejercicio de memoria y reflexión que he efectuado en este período de tiempo, no albergo ninguna duda razonable acerca de que los componentes políticos fueron decisivos en todo el proceso. No solo en la decisión de intervenir, sino, también, en la evolución posterior al 28 de diciembre. Como ya expuse anteriormente, no se trata de negar la evidencia de una situación problemática en Banesto en el año 1993. También es cierto, como referí en la rueda de prensa citada, que las cifras que definían esa situación eran sustancialmente distintas de las manejadas por el Banco de España. Lo que verdaderamente importa es el tipo de respuesta que el Banco de España dio a esa situación. Frente a un plan ordenado, serio, congruente, realizable y que contaba con el apoyo de uno de los principales bancos del mundo —J. P. Morgan—, la respuesta del Sistema fue una decisión de carácter tan traumático y de tan altos costes sociales, financieros y políticos como la intervención. Son factores de naturaleza política los que llevan a caminar por este sendero tan brutal.
Después del tiempo transcurrido me resulta evidente que la decisión de intervenir Banesto no fue algo que surgió de improviso como solución de emergencia durante la mañana del día 28 de diciembre de 1993. Tengo que confesar que en algún momento llegué a creer que lo sucedido, como decía Miguel Martín, tuviera tintes inevitables de «tragedia griega». En todo caso no deja de resultar chocante que pocos días después del acto de intervención Miguel Martín se expresara ante nosotros en términos de incredulidad por lo sucedido, como si fuera un asunto ajeno a sus propias decisiones...
En los momentos actuales no tengo duda razonable acerca de que la decisión fue gestada durante mucho tiempo y se esperó al momento propicio para ser adoptada. Es, precisamente, este componente temporal el que, entre otros factores, contribuye a dotar de contenido político al acto de intervención.
Durante el año 1992 se desarrollan en relación con Banesto dos tipos de actuaciones de contenido marcadamente político: la investigación llevada a cabo sobre mí por una empresa internacional a instancias, según parece, de autoridades gubernamentales y las propias de los servicios de inspección del Banco de España. Ambas tienen, como digo, un origen de naturaleza política porque algo sustancial había sucedido: Banesto, y más concretamente su presidente, había pasado desde la posición de independencia respecto del Sistema a la pura y dura enemistad política. Los motivos del tránsito eran dos: el escándalo Ibercorp y la decisión de Banesto de invertir en medios de comunicación social. Me parece importante insistir en este punto: hasta entonces Banesto no estaba integrado en el Sistema, sino que permanecía ajeno a él. A finales de 1992 y principios de 1993 ya no se trata de un problema de independencia, sino de «enemistad». El convencimiento acerca de esa «enemistad» provoca —en el código del Sistema— que las reacciones sean distintas: quizá pudiera tolerarse con dificultad la independencia, pero la enemistad solo tenía, desde la óptica del Sistema, una respuesta válida: la destrucción del enemigo.
En el último trimestre de 1991 recibí la sugerencia proveniente de los antiguos propietarios de Ibercorp de que sería muy conveniente que Banesto pudiera adquirir la propiedad de este pequeño banco. En una estrategia razonable, aquella inversión no tenía excesivo sentido para nosotros, a pesar de lo cual ordené al entonces consejero delegado del banco que la estudiara. En esta última parte del año 1991 mis relaciones con el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, atravesaban en apariencia uno de sus mejores momentos. Percibía un tipo de comprensión hacia nuestros problemas y nuestra situación que estaba muy lejos de aquella tremenda frase que el señor Rubio, siendo gobernador, pronunció ante los medios de comunicación social en 1989, afirmando que la situación de Banesto era «delicada y preocupante». (Por cierto, que el gobernador Luis Ángel Rojo, en la comparecencia del día 30 de diciembre de 1993 ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, dijo literalmente: «Banesto, al concluir el año 1989, estaba básicamente saneado».)
Una declaración de este tipo era algo ciertamente insólito viniendo de un gobernador cuya misión reside, precisamente, en garantizar la estabilidad del sistema financiero y, por tanto, introducir desde la autoridad monetaria dudas acerca de una determinada institución ante la opinión pública, no solo puede afectar al banco de que se trate, sino a todo el sistema financiero en su conjunto. Ninguna práctica bancaria, ninguna norma de comportamiento de los bancos centrales en todo el mundo permitía comprender que el gobernador del Banco de España se pronunciara en esos términos ante la opinión pública. En aquellas fechas asistía en Davos, Suiza, a uno de esos encuentros internacionales que se celebran en aquella ciudad. Tuve ocasión de hablar con algunos periodistas extranjeros y especialistas en temas bancarios. La frase de Rubio sobre Banesto había traspasado nuestras fronteras y fueron muchas personas —por supuesto no españolas— las que me dijeron que en cualquier país civilizado esa actitud era impensable y que en el caso de que se hubiera producido se habría desencadenado alguna reacción política sobre el gobernador por los posibles efectos de su actitud sobre el sistema financiero nacional.
Era tan claro este razonamiento que no se entendía el porqué de la actitud de Mariano Rubio. Todo parecía indicar que el gobernador había decidido participar en una conspiración dirigida a desestabilizar de forma definitiva a Banesto y, consiguientemente, propiciar su intervención. El silencio de las autoridades económicas y de las voces provenientes de la banca o de la sociedad civil en su conjunto contribuyeron a hacer creíble esta tesis.
Me resultaba muy difícil aceptar que algo así pudiera ser factible, que se hubiera llegado hasta ese nivel en la dirección de las instituciones del Estado español. Pero lo cierto es que no encontraba ninguna explicación razonable a este comportamiento distinta de la teoría conspiratoria. Es posible que el gobernador hubiera tenido agravios personales derivados de su fracaso en el intento de opa hostil del Banco de Bilbao sobre Banesto y es hasta cierto punto justificable que esos agravios personales fueran centralizados en mí. Pero aun así es imprescindible diferenciar entre responsabilidades públicas y afectos o desafectos personales. Es cierto que nunca tuve una prueba contundente de la participación del gobernador en esa hipotética conspiración, pero a la vista de lo sucedido con Mariano Rubio en estos primeros meses de 1994, todo es posible y nada debe extrañarnos. El 1 de noviembre de 1991 escribía en mi diario:
Ayer tuve una conversación importante con Mariano Rubio. La síntesis fue: 1) quieren paz con nosotros, no sólo el Banco de España, sino también el Ministerio de Economía; 2) nos permitirán dividendo a cuenta y plazo para los recursos propios.
El 17 de noviembre de 1991 aparecen estas notas manuscritas por mí en el diario:
También creo que se confirman los datos acerca de la aproximación de Mariano Rubio hacia Banesto. En ello seguro que han influido nuestros contactos y mejora de relaciones con Jesús Polanco. También, creo, el hecho de que alberga alguna esperanza de ser reelegido para un nuevo mandato de cuatro años y no quiere complicaciones con Banesto, que podrían afectar a esa hipotética reelección. De todas formas, sea por lo que fuere, creo que es positivo para Banesto y para el Banco de España. Evidentemente, nunca tendremos una relación de amistad con Mariano, pero no se trata de eso. Nos basta con la neutralidad.