En julio de 2007, Mariano Rajoy prometía derogar esta ley si conseguía ganar las siguientes elecciones, que no ganó. Sin embargo, durante su tramitación parlamentaria, el Partido Popular votó favorablemente varios de sus artículos.
Desde el 6 de julio de 2004, y a lo largo de varios meses, personajes relevantes del Gobierno actual y anterior, miembros de las Fuerzas de la Seguridad del Estado, especialistas en medicina forense y expertos en terrorismo, además de testigos y víctimas que vivieron para contarlo, respondieron a cuantas cuestiones les fueron planteadas por los miembros de la Comisión de Investigación de los Atentados del 11 de marzo, que, como hemos apuntado, comenzó sus trabajos en el mes de mayo.
Especialmente llamativas fueron las comparecencias de José María Aznar, en su calidad de ex presidente del Gobierno, que, resumiendo, afirmó que los atentados tuvieron como objetivo el vuelco electoral, asegurando que los que planificaron y escogieron la fecha no estaban en «montañas lejanas ni en desiertos remotos». En todo momento defendió la actuación de su Gobierno y de las Fuerzas de Seguridad.
El 13 de diciembre de 2004 comparecía José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Fue la intervención más larga, que concluyó con la seguridad rotunda de la autoría de los atentados por parte del fundamentalismo islámico y la relación entre la masacre y la actitud del Gobierno anterior en la guerra de Irak.
El último día de comparecencias fue el 15 de diciembre. Pilar Manjón perdió a su hijo en uno de aquellos trenes y, a pesar del tiempo transcurrido, quiero destacar aquí la dignidad de una madre destruida por la tragedia personal, pero que representó como nadie a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, dando una lección inolvidable de compromiso y pundonor a la clase política y a toda la sociedad española. La señora Manjón acusó a partidos y medios de comunicación de utilizar los atentados en beneficio propio, criticando la actitud frívola que se vivía en la Comisión, donde abucheos y aplausos a los testigos eran constantes. En un momento de gran severidad y dramatismo, espetó a los comisionados: «¿De qué se ríen, señorías?». Su intervención causó una gran conmoción social y cambió drásticamente el ambiente de la sala.
Las conclusiones determinaron que el Gobierno de José María Aznar no previno la amenaza del terrorismo islamista radical de forma adecuada y tergiversó los datos de la autoría de los atentados en los días posteriores.
Sin la intención de ahondar innecesariamente en uno de los capítulos más dolorosos de la reciente historia de España, pero sí con el objetivo de llamar la atención sobre una de las hipótesis que yo considero más acertadas sobre cuanto ocurrió, me he permitido incluir un breve comentario, que quiere poner punto final al tema.
Un trabajo de investigación realizado por El Mundo titulado «Los agujeros negros del 11-M» y publicado en el diario, el viernes, 23 de abril de 2004, tras desgranar los acontecimientos posteriores a las explosiones de los trenes y contrastar testimonios y declaraciones, concluía lo siguiente:
El 10 de marzo, miércoles, el Gobierno de Aznar está muy tranquilo. Las encuestas le dan ganador. El propio Felipe González lo comenta con un grupo de amigos esa misma tarde: «No tendrán la mayoría absoluta, pero van a ganar las elecciones».
En los días previos y en secreto, se prepararon golpes de mano espectaculares contra la cúpula de ETA. Al presidente Aznar le tenían preparado un regalo de fin de curso. Todo el mundo sabía que para José María Aznar la lucha contra ETA constituyó uno de los ejes centrales de su gestión. Así que, las Fuerzas de Seguridad le iban a dar una satisfacción que serviría, además, como maniobra decisiva para arrasar en los comicios. Se había elegido cuidadosamente la fecha del gran golpe: la noche del viernes, 12 de marzo, justo el momento de finalizar la campaña e iniciar la jornada de reflexión.
El secreto de la operación era absoluto y todos los agentes que participaban no abandonaron su puesto de vigilancia ni un minuto. Se sabía, además, que recientemente ETA había conseguido la utilización correcta de mochilas bomba detonadas a partir de teléfonos móviles.
En la mañana del 11 de marzo, el desconcierto era total. Las primeras noticias del atentado hablaban de diez o doce mochilas o bolsas que estallaron en los trenes utilizándose teléfonos móviles como detonadores. Todos los etarras estaban en su sitio, así que ninguno de los vigilados pudo ser el autor de la masacre.
En ese momento de estupor sucedió algo que provocaría que el Gobierno cometiera el mayor de los errores. Un miembro de los Cuerpos de Seguridad envió por teléfono desde el lugar de los hechos la primera valoración del explosivo: «Titadine. ¡Es el explosivo de ETA!». La palabra clave se extendió por instituciones y agentes. Pero el error solo podía ser intencionado, porque ningún experto en la materia confundiría el Titadine con la Goma 2, por innumerables razones.
Un grupo de mandos y agentes policiales, más cercano al Partido Socialista y que sospechaba de la falta de transparencia en la investigación, se constituyó en un equipo al margen y pasaron información al PSOE, que estaba así al tanto de cuanto ocurría en tiempo real, lo que les permitía montar una estrategia alternativa y eficaz contra el Gobierno, que se metió solo en su propia trampa, prisionero de sus mentiras.
Así comenzó la fabricación de una pelota que poco a poco se fue haciendo más grande y que acabó arrastrando en su caída a un Gobierno que, cada vez más acorralado, se negaba a aceptar incluso la ayuda internacional que se le ofrecía desde el FBI norteamericano hasta los Servicios Secretos israelíes, que cuentan con los mejores especialistas en terrorismo islámico y que estaban dispuestos a viajar a Madrid desde Tel-Aviv de inmediato.
Las incongruencias no terminaron con la derrota electoral y extendieron sus tentáculos hasta las extrañas circunstancias en que tuvo lugar la operación de Leganés, en la que la totalidad de los miembros de la célula terrorista se inmoló antes de que se iniciara el asalto de los Geos, cuando todo el mundo sabía lo importante que era cogerlos vivos para desvelar lo sucedido el 11 de marzo de 2004. Lamentablemente, la bomba que esparció los cuerpos de los terroristas en un área de sesenta metros enterró toda esperanza de conocer la verdad. Además, uno de los miembros del Grupo Especial de Operaciones, Francisco Javier Torrontera, falleció en el asalto, resultando heridos de diversa consideración otros quince policías y tres civiles.
En este reportaje de gran valor periodístico, las conclusiones que se infieren de las investigaciones desgranan, una por una, decenas de incongruencias, contradicciones e informaciones erróneas que solo pueden ser fruto de la manipulación y el engaño, puesto que es imposible acumular de forma involuntaria mayor cantidad de ineptitud e incompetencia, tratándose probablemente de la investigación policial más importante de nuestra historia reciente.
«¡España se rompe!», repetía Mariano Rajoy una y otra vez con el fin de llamar la atención de los ciudadanos sobre los problemas derivados de los tres temas que en materia autonómica estaban encima de la mesa y sobre los que, ni de lejos, Gobierno y oposición se pondrían de acuerdo en su tratamiento. El dichoso «Plan Ibarretxe», la reforma del Estatut de Cataluña y la deuda histórica con Andalucía.
El enfrentamiento entre las tres Comunidades Autónomas y el Gobierno central en estos momentos es máxima, así que Rodríguez Zapatero tendrá que hacer gala de una prodigiosa cintura, sabiendo de antemano que, haga lo que haga y cómo lo haga, le van a llover las críticas. «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán», dijo antes de ser presidente. Y ahora tocaba cumplirlo.
Para abreviar, y en medio de una fractura insalvable, la reforma del Estatut se aprobaba el 30 de marzo de 2006, con ciento ochenta y nueve votos a favor, ciento cincuenta y cuatro en contra y dos abstenciones.
La votación tuvo lugar tras seis horas de debate, llevado desde su escaño por María Teresa Fernández de la Vega, que declaraba que «el nuevo Estatut dejaría una gran huella en la historia de la democracia española» y por un Mariano Rajoy que se ocupó personalmente de la oposición al texto, calificándolo de «inconstitucional en todos sus renglones, suponiendo el fin del Estado como lo diseñaron los españoles en 1978».
En cuanto a la política vasca, más de lo mismo, solo que los resultados del 14-M cambiaron personas y estrategias y, por primera vez, la incertidumbre en Euskadi no era de signo negativo. Todos hablaban de un «nuevo ciclo político», pero Zapatero, en una de sus primeras entrevistas concedidas a una cadena de radio, declaraba: «Ibarretxe sabe que ni el PSE ni el nuevo Gobierno van a respaldar su plan», aunque ofrecía un «diálogo abierto e intenso» para lograr el fin de la violencia y la integración de Euskadi en una España plural.
Como muestra de buena voluntad, la derogación del artículo del Código Penal que introdujo el Gobierno de José María Aznar, en el que se consideraba delito y susceptible de ser castigado con duras penas de prisión e inhabilitación la convocatoria por parte de un cargo público de elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes.
El Plan se basaba en la diferenciación del pueblo vasco como un pueblo con identidad propia dentro de Europa, y con derecho irrenunciable a decidir su futuro, es decir, derecho de autodeterminación. Para ser llevada a cabo, la propuesta soberanista contemplaba la convocatoria de un referéndum en Euskadi.
Tras meses de tiras y aflojas con un Zapatero firme en su negativa, el 11 de septiembre de 2008, el Tribunal Constitucional declaraba, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la ley impulsada por el lehendakari y aprobada por el Parlamento vasco.
En las elecciones autonómicas de 2009, el Partido Socialista sumó sus escaños al Partido Popular y a Unión, Progreso y Democracia, desplazando al PNV del Gobierno vasco tras treinta años de hegemonía.
Ya solo quedaban los andaluces.
El tradicional maltrato financiero a Andalucía por parte del Gobierno central y la prohibición de las investigaciones con células madre por parte de los Gobiernos de Aznar, que interpuso un recurso contra la ley andaluza que posibilitaba dichas investigaciones, reavivó el fuego de la discriminación secular de la región.
En mayo de 2004 se retiraba el recurso contra la ley autonómica, «cesando uno de los agravios e injusticias que el PP había cometido con Andalucía», según declaraba el consejero de presidencia de la Junta, Gaspar Zarrias.
Zapatero no podía olvidar que Andalucía y Cataluña habían contribuido de manera significativa al triunfo del PSOE, colocándole directamente en La Moncloa. Demostraba así su agradecimiento y su coherencia con los anuncios previos a su investidura.
Otras transformaciones empezaban a plasmarse en la decoración de los edificios emblemáticos de la Presidencia del Gobierno de la mano de Sonsoles Espinosa, quien, poco a poco, se embarcó en la aventura de recuperar el primitivo aspecto de los palacetes. La opinión de los arquitectos e interioristas consultados fue unánime. Había que desterrar tapices y terciopelos y sustituir el mobiliario antiguo, exceptuando el de valor histórico o artístico, por modernos muebles de diseño actual. El resultado conseguido en las primeras salas animó a continuar con el resto, según lo fueran permitiendo las disponibilidades financieras. Teniendo en cuenta la recesión económica que padecemos, por el momento ha habido que suspender tales prácticas.
En honor a la verdad, hay que decir que las estancias remodeladas han recuperado su tono ecléctico, conseguido a través de la conjugación de ambientes originales, que mantienen el matiz institucional imprescindible, con una decoración moderna, en tonos grises y blancos y, en definitiva, un toque internacional que liga perfectamente con estos palacetes neoclásicos. El conjunto se adereza con cuadros y obras escultóricas de autores contemporáneos, cedidos, por supuesto, por el Patrimonio Nacional.
Tal vez por su carácter emblemático, merece la pena que nos detengamos en la descripción de la sala del Consejo de Ministros, así como en la mención de algunas curiosidades sobre su funcionamiento.
El Consejo de Ministros se encuentra en la primera planta del palacete y es la primera sala a mano derecha, después de traspasar la puerta principal. Solo esta estancia y el despacho del presidente cuentan con medidas de seguridad extraordinarias dentro del edificio.
La sala, un rectángulo perfecto, cuenta con unas dimensiones, grosso modo, de nueve por dieciocho metros, lo que le proporciona una superficie de ciento sesenta metros cuadrados aproximadamente. De estos, unos treinta están ocupados por la magnífica mesa de nogal ovalada y muy alargada donde se sientan los miembros del Gobierno siguiendo el orden de precedencias establecido, sistema que atiende a la antigüedad en la creación de cada departamento ministerial. A día de hoy, un extremo de la mesa la ocupa el presidente del Gobierno, que tiene enfrente, en el extremo opuesto, a la ministra de Igualdad, por ser su departamento el de más reciente creación.
El orden correlativo es el siguiente, teniendo en cuenta que empezaremos por el presidente e iremos girando, en sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta llegar de nuevo a la cabeza del Ejecutivo: Presidencia del Gobierno, Vicepresidencia Primera, Vicepresidencia Tercera, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Fomento, Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, Vicepresidencia Segunda y, de nuevo, llegamos al lugar del presidente.
Todas las butacas son iguales, en madera y cuero color verde oliva, excepto la del presidente, de respaldo más alto y con solo un cojín en el asiento, a rayas verdes y doradas. Solo él dispone de un escabel para apoyar los pies. En cada posición figura un puesto de mesa con el nombre del departamento, un ordenador personal con una chapa identificativa en la tapa, un portalápices y una caja de plata con caramelos surtidos. Una libreta con el membrete «Consejo de Ministros» en cada página se sitúa a la derecha del ordenador y, tras este y de frente a cada puesto, un micrófono que cada ministro activará antes de intervenir con el objetivo de ser escuchado por todos. Como curiosidad, un dispositivo aparece solo en el micrófono del presidente, que tiene la potestad en exclusiva de cortar las intervenciones de los demás miembros del Gabinete cuando lo considere oportuno. Además, desde cada ordenador se maneja el mecanismo que despliega las pantallas ocultas en el techo, donde se proyectan las presentaciones que los ministros consideran necesarias en relación con la normativa que espera la luz verde del Consejo para comenzar su andadura. Por último, un único timbre se sitúa en el espacio del presidente para llamar a su ayudante, y solo este puede irrumpir en el Consejo para comunicar un recado o entregar un documento mientras dura la reunión. Como todo el mundo sabe, las deliberaciones del Consejo de Ministros tienen carácter secreto.