Por qué fracasan los países (51 page)

También hubo una retroalimentación positiva dinámica entre instituciones políticas y económicas inclusivas que hizo que aquellas medidas fueran atractivas. Las instituciones económicas inclusivas condujeron al desarrollo de mercados inclusivos, induciendo una asignación de recursos más eficiente, un mayor respaldo para adquirir formación y habilidades y más innovaciones tecnológicas. Todas aquellas fuerzas estaban en marcha en Gran Bretaña en 1831. Frenar las demandas populares y orquestar un golpe contra las instituciones políticas inclusivas también destruiría aquellas ganancias y las élites que se oponían a una mayor democratización y a una mayor inclusividad se podrían encontrar entre los que perderían su fortuna por esta destrucción.

Otro aspecto de esta retroalimentación positiva es que, bajo instituciones políticas y económicas inclusivas, el poder controlador se hizo menos crucial. En Austria-Hungría y Rusia, como vimos en el capítulo 8, los monarcas y la aristocracia tenían mucho que perder de la industrialización y la reforma. En cambio, en Gran Bretaña a principios del siglo
XIX
, gracias al desarrollo de instituciones económicas inclusivas, había mucho menos en juego: no había siervos, la coacción en el mercado laboral era relativamente escasa y eran pocos los monopolios protegidos por obstáculos de entrada. Por lo tanto, aferrarse al poder tenía mucho menos valor para la élite británica.

La lógica del círculo virtuoso también significó que aquellos pasos represivos serían cada vez más inviables, de nuevo debido a la retroalimentación positiva entre instituciones políticas y económicas inclusivas. Estas últimas conducen a una distribución más equitativa de recursos que las instituciones extractivas. Confieren poder a los ciudadanos en general y, de esta forma, crean reglas de juego más equitativas, incluso en el caso de la lucha por el poder. Esto hace más difícil que una pequeña élite aplaste a las masas en lugar de rendirse a sus demandas o, como mínimo, a algunas de ellas. Las instituciones inclusivas británicas también habían desencadenado ya la revolución industrial, y Gran Bretaña estaba muy urbanizada. Utilizar la represión contra un grupo al que se había conferido poder, formado por personas urbanas, concentradas y parcialmente organizadas, habría sido mucho más difícil que reprimir a campesinos o siervos dependientes.

Por eso, el círculo virtuoso condujo a la Primera ley de reforma de Gran Bretaña en 1832. Pero aquello era solamente el principio. Todavía quedaba un largo camino por recorrer hacia una democracia real, porque, en 1832, la élite solamente había ofrecido lo que pensaba que tenía y nada más. La cuestión de la reforma parlamentaria fue asumida por el cartismo, cuya Carta del Pueblo de 1838 incluía las siguientes cláusulas:

Un voto para todo hombre mayor de veintiún años, cuerdo y sin antecedentes penales.

 

Un voto que proteja al elector en el ejercicio de su voto.

Abolición del requisito de la propiedad para los miembros del Parlamento, con lo que se permitirá que las circunscripciones electorales elijan a sus representantes, independientemente de si son ricos o pobres.

Pago a los miembros, con lo que un trabajador, un comerciante honesto u otra persona pueda servir en una circunscripción electoral, cuando debe dejar su negocio para ocuparse de los intereses del país.

Circunscripciones iguales, que aseguren la misma cantidad de representación para el mismo número de electores, en lugar de permitir que las circunscripciones pequeñas hundan los votos de las grandes.

Parlamentos anuales, con lo que se presenta el control más eficaz contra el soborno y la intimidación, ya que, aunque se pueda comprar una circunscripción una vez cada siete años (incluso con voto secreto), ninguna cartera podría comprar una circunscripción (con un sistema de sufragio universal) cada doce meses, y los miembros, al ser elegidos solamente para un año, no serían capaces de desobedecer y traicionar a sus electores como ahora.

Por «voto», se referían al voto secreto y al fin de la votación abierta, que había facilitado la compra de votos y la coacción de los votantes.

El cartismo organizó una serie de manifestaciones en masa y, a lo largo de este período, el Parlamento debatió continuamente otras posibles reformas. Los cartistas desaparecieron después de 1848, pero entonces apareció la Unión de Reforma Nacional, fundada en 1864, y la Liga de la Reforma, en 1865. En julio de 1866, importantes disturbios en Hyde Park a favor de la reforma llevaron al primer plano de la agenda política la posibilidad de reforma una vez más. Esta presión benefició a la Segunda ley de reforma de 1867, en la que el electorado total se duplicó y los votantes de la clase trabajadora se convirtieron en mayoría en todas las circunscripciones electorales urbanas. Poco después, se introdujo el voto secreto y se tomaron medidas para eliminar prácticas electorales corruptas como el
treating
, que consistía básicamente en comprar votos a cambio de recibir un regalo, normalmente dinero, comida o alcohol. El electorado se volvió a duplicar con la Tercera ley de reforma de 1884, cuando el 60 por ciento de los hombres adultos obtuvieron el derecho a voto. Tras la primera guerra mundial, la Ley sobre la representación popular de 1918 concedió el derecho a voto a todos los hombres adultos mayores de veintiún años, y a las mujeres de más de treinta años que pagaban impuestos o cuyo cónyuge pagaba impuestos. Finalmente, todas las mujeres recibieron el derecho a voto en los mismos términos que los hombres en 1928. Las medidas de 1918 se negociaron durante la guerra y reflejaron un quid pro quo entre el gobierno y la clase trabajadora, que era necesaria para luchar y producir munición. El gobierno quizá también tuviera en cuenta el radicalismo de la Revolución rusa.

Paralelamente al desarrollo paulatino de instituciones políticas más inclusivas, se desarrolló un movimiento hacia instituciones económicas aún más inclusivas. Una de las principales consecuencias de la Primera ley de reforma fue la revocación de las leyes del maíz en 1846. Como vimos en el capítulo 7, las leyes del maíz prohibieron la importación de grano y cereales para mantener sus precios elevados y garantizar el beneficio lucrativo para los grandes terratenientes. Los nuevos parlamentarios de Mánchester y Birmingham querían maíz barato y sueldos bajos. Ganaron, y los intereses de los terratenientes sufrieron una gran derrota.

Tras los cambios del electorado y otras cuestiones de las instituciones políticas que tuvieron lugar durante el siglo
XIX
, se produjeron más reformas. En 1871, el primer ministro liberal, Gladstone, abrió la función pública a examen público, haciéndolo meritocrático, continuando así el proceso de centralización política y la construcción de instituciones estatales que se habían iniciado durante el período Tudor. Los gobiernos liberales y
tory
durante este período introdujeron una considerable cantidad de legislación laboral. Por ejemplo, las leyes de señores y siervos, que permitían que los empleadores utilizaran la ley para reducir la movilidad de sus trabajadores, fueron revocadas, lo que cambió la naturaleza de las relaciones laborales a favor de los trabajadores. Entre 1906 y 1914, el Partido Liberal, liderado por H. H. Asquith y David Lloyd George, empezó a utilizar el Estado para proporcionar muchos más servicios públicos, entre los que se incluían el seguro de salud y desempleo, pensiones financiadas por el gobierno, sueldos mínimos y un compromiso con la redistribución de la carga fiscal. Como resultado de aquellos cambios fiscales, los impuestos como proporción del producto nacional se más que duplicaron en las tres primeras décadas del siglo
XIX
, y se duplicaron de nuevo en las tres primeras décadas del siglo
XX
. El sistema impositivo también se hizo más «progresivo», de forma que los más ricos tenían una mayor carga fiscal.

Mientras tanto, el sistema educativo, que anteriormente había sido o bien principalmente para la élite, dirigido por confesiones religiosas, o bien había exigido que los pobres pagaran por él, pasó a ser más accesible para las masas; la Ley de Educación de 1870 comprometía al gobierno a ofrecer sistemáticamente educación universal por primera vez. La educación pasó a ser gratuita en 1891. La edad de finalización de los estudios se fijó en once años en 1893. En 1899, se aumentó a doce, y se introdujeron disposiciones especiales para hijos de familias necesitadas. Como resultado de estos cambios, la proporción de niños de diez años matriculados en la escuela, que era de un decepcionante 40 por ciento en 1870, llegó a ser del 100 por ciento en 1900. Por último, la Ley de Educación de 1902 condujo a una mayor ampliación de los recursos para las escuelas e introdujo las
grammar schools
, que posteriormente se convertirían en la base de la educación secundaria en Gran Bretaña.

De hecho, el modelo británico ilustra el círculo virtuoso de las instituciones inclusivas y es un ejemplo de «círculo virtuoso gradual». Los cambios políticos se dirigían sin lugar a dudas hacia instituciones políticas más inclusivas y fueron resultado de las demandas de las masas a las que se había conferido poder. Pero también fueron graduales. Cada década se daba un paso más, pequeño o grande, hacia la democracia. Hubo conflictos en cada paso y el resultado de cada uno era circunstancial. Sin embargo, el círculo virtuoso creó fuerzas que redujeron lo que había en juego a la hora de aferrarse al poder. También fomentó el Estado de derecho, al hacer más difícil utilizar la fuerza contra quienes demandaban lo que las propias élites habían demandado a los monarcas Estuardo. Se hizo más improbable que este conflicto se convirtiera en una revolución general y más probable que se resolviera a favor de una mayor inclusividad. Este tipo de cambio gradual tiene muchas ventajas. Es menos amenazador para la élite que el derrocamiento total del sistema. Cada paso que se da es pequeño, y tiene sentido conceder una demanda pequeña en lugar de crear una gran confrontación. Esto explica, en parte, cómo se revocaron las leyes del maíz sin que se produjera un conflicto más serio. En 1846, los terratenientes ya no podían controlar la legislación en el Parlamento. Fue como resultado de la Primera ley de reforma. No obstante, si en 1832 la expansión del electorado, la reforma de los burgos podridos y la revocación de las leyes del maíz hubieran estado sobre la mesa, los terratenientes habrían opuesto mucha más resistencia. El hecho de que primero hubiera una reforma política limitada y de que la revocación de las leyes del maíz se hiciera más tarde ayudó a calmar el conflicto.

El cambio gradual también impidió aventurarse en territorios desconocidos. Un derrocamiento violento del sistema significa que se debe construir algo totalmente nuevo para sustituir lo que se ha eliminado. Esto fue lo que sucedió con la Revolución francesa, cuando el primer experimento con la democracia condujo al Terror y, posteriormente, dos veces a una nueva democracia antes de conducir finalmente a la Tercera República Francesa en 1870. Y también fue lo que ocurrió en la Revolución rusa, donde los deseos de muchos de un sistema más igualitario que el del Imperio ruso condujeron a una dictadura de un partido que fue mucho más violenta, sanguinaria y viciosa que aquella a la que había sustituido. La reforma gradual fue difícil en estas sociedades precisamente porque carecían de pluralismo y eran altamente extractivas. Fue el pluralismo que surgió a partir de la Revolución gloriosa, y el Estado de derecho que introdujo, lo que hizo que el cambio gradual fuera factible, y deseable, en Gran Bretaña.

En 1790, el comentarista conservador inglés Edmund Burke, que se oponía rotundamente a la Revolución francesa, escribió: «Todo hombre que se aventure a derribar un edificio debería hacerlo con una precaución extrema, puesto que dicho edificio ha respondido en algún nivel tolerable durante décadas a los propósitos comunes de la sociedad, y la misma precaución necesita si se aventura a construirlo sin tener modelos y patrones de utilidad comprobada ante sus ojos». Burke se equivocaba en la perspectiva general. La Revolución francesa había sustituido un edificio podrido y allanó el camino para las instituciones inclusivas no solamente en Francia, sino en gran parte de Europa occidental. Sin embargo, la precaución de Burke no era del todo errónea. El proceso gradual de la reforma política británica, que se había iniciado en 1688 y que cobró impulso de nuevo tres décadas después de la muerte de Burke, sería más efectivo porque su naturaleza gradual lo hizo más poderoso, más difícil de resistir y, por último, más duradero.

 

 

La destrucción de los trust

 

Las instituciones inclusivas de Estados Unidos tenían sus raíces en las luchas de Virginia, Maryland y las Carolinas durante el período colonial (capítulo 1). Estas instituciones fueron reforzadas por la Constitución de Estados Unidos, con su sistema de limitaciones y la separación de poderes. Sin embargo, la Constitución no marcó el fin del desarrollo de instituciones inclusivas. Igual que en Gran Bretaña, éstas se vieron reforzadas por un proceso de retroalimentación positiva, cuya base era el círculo virtuoso.

A mediados del siglo
XIX
, todos los hombres blancos, pero no las mujeres ni los negros, podían votar en Estados Unidos. Las instituciones económicas se hicieron más inclusivas, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Asentamientos Rurales en 1862 (capítulo 1), que hizo que la tierra fronteriza estuviera disponible para futuros colonos en lugar de asignar dichas tierras a las élites políticas. No obstante, igual que en Gran Bretaña, siempre existieron retos para las instituciones inclusivas. El fin de la guerra civil estadounidense inició una rápida racha de crecimiento económico en el norte. A medida que se expandían el ferrocarril, la industria y el comercio, un número reducido de personas amasó una gran fortuna. Alentados por su éxito económico, aquellos hombres y sus empresas se hicieron cada vez menos escrupulosos. Recibieron el nombre de
robber barons
, «barones ladrones», porque sus duras prácticas empresariales estaban destinadas a consolidar monopolios y evitar que cualquier competidor potencial entrara en el mercado o hiciera negocios en igualdad de condiciones. Uno de los más conocidos de este grupo fue Cornelius Vanderbilt, quien dijo la famosa frase: «¿Y a mí qué más me da la ley? ¿Acaso no tengo el poder?».