Por qué fracasan los países (60 page)

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Authors: James A. Daron | Robinson Acemoglu

 

Al final del gobierno de Momoh, había dejado de pagar a los funcionarios civiles, a los profesores e incluso a los jefes supremos. El gobierno central se había hundido y, después, evidentemente, tuvimos incursiones en la frontera, los «rebeldes» y todas las armas automáticas que llegaban en avalanchas a la frontera de Liberia. El NPRC, los rebeldes y los
sobels
[soldados convertidos en rebeldes] equivalen al caos que uno espera cuando desaparece un gobierno. No son las causas de nuestros problemas, sino los síntomas.

 

El hundimiento del Estado bajo Momoh, de nuevo como consecuencia del círculo vicioso desencadenado por las instituciones extractivas extremas bajo Stevens, significó que no había nada que detuviera al RUF para que no cruzara la frontera en 1991. El Estado no tenía capacidad para hacerle frente. Stevens ya había castrado al poder militar, porque le preocupaba que lo pudieran derrocar. Así, fue fácil que un número relativamente pequeño de hombres armados crearan el caos en la mayor parte del país. Incluso tenían un manifiesto denominado Footpaths to Democracy (Caminos de democracia), que empezaba con una cita del intelectual negro Frantz Fanon: «Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla». El apartado «¿Por qué luchamos?» empieza así:

 

Continuamos luchando porque estamos cansados de ser víctimas perpetuas de la pobreza patrocinada por el Estado y la degradación humana que se os ha infligido durante años de militarismo y gobierno autocrático. Nos contendremos y continuaremos esperando pacientemente el día de la paz, donde todos seremos vencedores. Estamos comprometidos con la paz, necesaria por cualquier medio, pero no estamos comprometidos con convertirnos en víctimas de la paz. Sabemos que nuestra causa es justa y Dios/Alá nunca nos abandonará en nuestra lucha por reconstruir una Sierra Leona nueva.

 

Aunque Sankoh y otros líderes del RUF hubieran empezado con quejas políticas, y las quejas de la gente que sufría bajo las instituciones extractivas del APC los hubieran animado a unirse al movimiento en una primera etapa, la situación cambió rápidamente y quedó fuera de control. La «misión» del RUF sumió al país en una agonía, como se puede ver en el testimonio de un adolescente de Geoma, al sur de Sierra Leona:

 

Nos cogieron a unos cuantos... Eligieron a algunos de nuestros amigos y los mataron, a dos, porque sus padres eran los jefes, y tenían propiedades y botas de soldado en sus casas. Les dispararon solamente porque los acusaron de cobijar a soldados. Los jefes también fueron asesinados, por formar parte del gobierno. Eligieron a alguien para que fuera el nuevo jefe. Todavía decían que habían venido para liberarnos del APC. Llegó un punto en el que ya no elegían a nadie a quien matar, simplemente disparaban a la gente.

 

En el primer año de la invasión, la posible raíz intelectual que pudiera haber tenido el RUF desapareció por completo. Sankoh ejecutó a quienes criticaban las atrocidades crecientes. Al cabo de poco tiempo, pocos hombres se unían voluntariamente al RUF, así que recurrieron al reclutamiento forzoso, sobre todo de niños. De hecho, todos los bandos lo hicieron, incluso el ejército. Si la guerra civil de Sierra Leona había sido una cruzada para construir una sociedad mejor, al final fue una cruzada de niños. El conflicto se intensificó con masacres y abusos masivos de derechos humanos que incluían violaciones en masa y la amputación de manos y orejas. Cuando el RUF se adueñaba de una zona, también empezaba la explotación económica. Era más evidente en las zonas de minería de diamantes, donde obligaban a la gente a trabajar en aquellas minas, pero estaba extendida también en otros lugares.

El RUF no era el único que cometía atrocidades y masacres y obligaba a trabajar por la fuerza, sino que el gobierno también lo hizo. La ley y el orden habían desaparecido, hasta tal punto de que se hizo difícil para la gente distinguir a un soldado de un rebelde. La disciplina militar desapareció por completo. En el momento en que acabó la guerra, en el año 2001, probablemente ochenta mil personas habían muerto y todo el país había sido devastado. Se destruyeron por completo carreteras, casas y edificios. Hoy en día, si uno va a Koidu, una gran área de producción de diamantes situada en el este, se ven filas de casas quemadas marcadas por agujeros de bala.

En 1991, el Estado de Sierra Leona había fracasado por completo. Pensemos en lo que el rey Shyaam inició con los bushongs (capítulo 5): estableció instituciones extractivas para fortalecer su poder y extraer la producción del resto de la sociedad. Sin embargo, incluso las instituciones extractivas con una autoridad central concentrada en sus manos eran una mejora frente a la situación sin ley ni orden, autoridad central ni derechos de propiedad que caracterizaba a la sociedad lele del otro lado del río Kasai. Esta falta de orden y autoridad central ha sido el destino de muchos países africanos en décadas recientes, en parte porque el proceso de centralización política se retrasó históricamente en grandes áreas del África subsahariana, pero también porque el círculo vicioso de instituciones extractivas cambió radicalmente cualquier centralización estatal que hubiera existido, con lo que allanó el camino para el fracaso del Estado.

Sierra Leona, durante su década sangrienta, la guerra civil de 1991 a 2001, fue el típico caso de Estado fracasado. Empezó simplemente como un país más de los estropeados por instituciones extractivas, si bien de un tipo particularmente vicioso e ineficiente. Los países se convierten en Estados fracasados no por su situación geográfica ni su cultura, sino por el legado de las instituciones extractivas, que concentran el poder y la riqueza en aquellos que controlan el Estado, lo que abre el camino a los disturbios, las contiendas y la guerra civil. Las instituciones extractivas también contribuyen directamente al fracaso gradual del Estado al descuidar la inversión en los servicios públicos más básicos, exactamente como sucedió en Sierra Leona.

Las instituciones extractivas que expropian y empobrecen al pueblo y bloquean el desarrollo económico son bastante comunes en África, Asia y Sudamérica. Charles Taylor ayudó a iniciar la guerra civil en Sierra Leona y, al mismo tiempo, emprendió un conflicto despiadado en Liberia, que condujo al fracaso del Estado allí también. El patrón de instituciones extractivas que se colapasaron y llegaron a causar una guerra civil y el fracaso del Estado se ha dado en otros lugares de África; por ejemplo, en Angola, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Mozambique, la República del Congo, Somalia, Sudán y Uganda. La extracción allana el camino para el conflicto, de forma parecida al conflicto que las instituciones altamente extractivas de las ciudades-Estado mayas generaron hace casi mil años. El conflicto precipita el Estado fracasado. Por eso, otra razón por la que los países fracasan hoy en día es que sus Estados fracasan. Esto, a su vez, es una consecuencia de décadas de gobierno bajo instituciones políticas y económicas extractivas.

 

 

¿Quién es el Estado?

 

Los casos de Zimbabue, Somalia y Sierra Leona, aunque típicos de países pobres de África, y quizá incluso de algunos de Asia, parecen bastante extremos. ¿Es indudable que los países latinoamericanos no tienen Estados fracasados? ¿Y que sus presidentes no son tan descarados como para ganar la lotería de esa forma?

En Colombia, los Andes se funden poco a poco en el norte con una gran llanura costera que linda con el Caribe. Los colombianos la llaman tierra caliente, y es distinta al mundo andino de la tierra fría. Durante los últimos cincuenta años, la mayor parte de los politólogos y de los gobiernos han considerado que Colombia es una democracia. Estados Unidos se alegra de negociar un tratado de libre comercio potencial con el país y le envía todo tipo de ayuda, sobre todo ayuda miliar. Tras un gobierno militar de corta vida, que acabó en 1958, se han celebrado elecciones con regularidad, aunque, hasta 1974, existía un pacto por el que se alternaban el poder político y la presidencia entre los dos partidos políticos tradicionales, los conservadores y los liberales. De todas formas, dicho pacto, el Frente Nacional, fue ratificado por el pueblo colombiano a través de un plebiscito, y todo esto parece lo suficientemente democrático.

A pesar de que Colombia tenga una larga historia de elecciones democráticas, no tiene instituciones inclusivas. Su historia ha estado marcada por violaciones de libertades civiles, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra los civiles y guerra civil. No es el tipo de resultados que se esperan de una democracia. La guerra civil de Colombia es distinta a la de Sierra Leona, en la que el Estado y la sociedad se hundieron y el caos reinó. Sin embargo, es una guerra civil que ha causado muchas más víctimas. El gobierno militar de los cincuenta era, en parte, una respuesta a una guerra civil conocida simplemente como «la violencia». Desde entonces, una amplia gama de grupos insurgentes, en su mayoría revolucionarios comunistas, se han multiplicado como una plaga en el campo, secuestrando y asesinando. Para evitar las acciones de dichos grupos en la Colombia rural, se debe pagar la denominada vacuna, es decir, uno se vacuna contra ser asesinado o secuestrado pagando a algún grupo de matones armados cada mes.

No todos los grupos armados de Colombia son comunistas. En 1981, los miembros del principal grupo de la guerrilla comunista de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), secuestraron a un vaquero, Jesús Castaño, que vivía en un pueblo pequeño llamado Amalfi en la tierra caliente, en la parte noreste del departamento de Antioquía. Las FARC exigieron un rescate que ascendía a siete mil dólares, una pequeña fortuna en la Colombia rural. La familia logró reunir aquella cifra hipotecando la granja, pero hallaron el cadáver de su padre encadenado a un árbol. Fue la gota que colmó el vaso para tres de los hijos de Castaño, Carlos, Fidel y Vicente. Fundaron un grupo paramilitar, Los Tangueros, para encontrar a los miembros de las FARC y vengar aquel asesinato. Los hermanos eran buenos organizadores y, al cabo de poco tiempo, su grupo había crecido y empezaba a encontrar un interés común con otros grupos paramilitares similares que se habían desarrollado a partir de causas parecidas. Los colombianos de muchas áreas sufrían a manos de las guerrillas de izquierdas y de los paramilitares de derechas que se habían formado en su contra. Los terratenientes utilizaban a los paramilitares para defenderse de las guerrillas, pero también participaban en el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro y asesinato de ciudadanos.

 

 

En 1997, los paramilitares, dirigidos por los hermanos Castaño, habían conseguido formar una organización nacional para paramilitares denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se extendieron a grandes partes del país, sobre todo el país caliente, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y César. En 2001, las AUC quiza alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición, organizados en distintos bloques. En Córdoba, el paramilitar Bloque Catatumbo estaba dirigido por Salvatore Mancuso. A medida que su poder continuaba creciendo, las AUC tomaron la decisión estratégica de participar en política. Los paramilitares y los políticos se buscaban entre sí. Varios de los líderes de las AUC organizaron una reunión con destacados políticos en el pueblo de Santa Fe de Ralito de Córdoba, y se redactó un documento conjunto, un pacto, en el que se exigía la «refundación del país». El pacto fue firmado por miembros líderes de las AUC, como Jorge 40 (apodo de Rodrigo Tovar Pupo), Adolfo Paz (nombre de guerra de Diego Fernando
Don Berna
Murillo) y Diego Vecino (nombre real: Edwar Cobo Téllez), y políticos, entre los que se incluían los senadores nacionales William Montes y Miguel de la Espriella. En este punto, las AUC dominaban grandes zonas de Colombia, y les resultaba fácil amañar quién saldría elegido en las elecciones de 2002 para el Congreso y el Senado. Por ejemplo, en el municipio de San Onofre, en Sucre, las elecciones fueron amañadas por el líder paramilitar Cadena. Un testigo describe así lo ocurrido:

 

Los camiones enviados por Cadena recorrían los barrios, corregimientos y zonas rurales de San Onofre recogiendo gente. Según algunos habitantes... Para las elecciones de 2002, cientos de campesinos fueron llevados al corregimiento Plan Parejo para poder ver las caras de los candidatos a los que tenían que votar en las elecciones parlamentarias: Jairo Merlano para el Senado y Muriel Benito Rebollo para el Congreso.

Cadena puso en una bolsa los nombres de los miembros del consejo municipal, sacó dos y dijo que los mataría a ellos y a otras personas elegidas al azar si no ganaba Muriel.

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