A menudo, además, ha ocupado cargos públicos. Con los gobiernos de Adolfo Suárez, por ejemplo, Prado fue presidente de Iberia, cosa que suscitó especulaciones sobre el hecho de que se podría estar aprovechando de la capacidad de carga y circulación de los aviones por todo el mundo. No se probó nada. De esta época es el origen de la corona que lucen los aviones de Iberia, que Prado intentó rebautizar como Reales Líneas Aéreas Españolas. También fue presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (IC1). De este cargo lo destituyó José Pedro Pérez Horca, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Calvo Sotelo, en 1982, a causa de unas declaraciones que hizo al semanario Tiempo, en las que criticaba la política exterior gubernamental. El ministro meditó lo que suponía cesar a un amigo del rey, pero no tuvo otra opción para seguir siendo respetado. Pero enseguida llegó al poder el PSOE y Prado volvió a ocupar cargos importantes. Fue comisario de la Expo 92, consejero de la Sociedad Estatal V Centenario en representación del Ayuntamiento de Sevilla, y también trabajó como impulsor del proyecto Cartuja 93, un parque temático de ocio, creado a partir de los restos de la Expo de Sevilla. En un principio, con el PSOE tuvo sus pros y sus contras en un proceso de tira y afloja que hizo fracasar algunos de sus proyectos inmobiliarios, como el del Hotel Los Bordales, a causa de intereses enfrentados con algunos líderes socialistas.
Pero las cosas se fueron arreglando poco a poco, sobre todo cuando entró en contacto con Enrique Sarasola, que es para Felipe González algo parecido a lo que Prado es para el rey. Los últimos años las empresas de Sarasola compartían sede con las de Prado, en el número 31 del Paseo de la Castellana, en el edificio Pirámide.
En 1995, sus hombres de confianza (Álvaro Álvarez por parte de Sarasola, y Jesús Sainz por parte de Prado) estaban juntos en el consejo de administración de Hilo, una empresa ubicada en Barcelona que se dedica a actividades inmobiliarias y de asesoramiento y promoción. En el complejo entramado de empresas de Prado, la principal es la sociedad instrumental suiza Trebol SA. A su vez, esta firma participa en la sociedad española Trebol Internacional, con domicilio en Madrid, en la que Prado está rodeado de importantes socios (entre otros, el príncipe georgiano Tchokotua y el rey Simeón de Bulgaria). En la filial sevillana de ésta, Trebolquivir, constituida en 1987, Prado tiene como hombre fuerte a Arturo Moya, ex-diputado de la UCD por Granada; el secretario es Jesús Bores, amigo personal de Felipe González y de su cuñado, Francisco Palomino.
A través de estas empresas, Prado consigue contratas para obras en terceros países, a menudo financiadas con créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo). En 1989, por ejemplo, consiguió la contrata para construir un hospital en Yemen del Sur por 25 millones de dólares, y un crédito FAD para llevar a cabo el proyecto, negociado con Germán Calvillo y Gloria Barba (esposa del entonces ministro Carlos Solchaga), en aquel momento responsables de la empresa pública Focoex. Y a veces combina esta actividad con la antigua de asesor a terceros. En 1991, por citar un caso, fue contratado por la empresa pública Indra (a través de Atlas Internacional, que forma parte del grupo Trebol), para ofrecer servicios como consultor y promotor de un contrato con Venezuela para obras aeroportuarias, que eran de adjudicación directa. Indra y Atlas Internacional pactaron una comisión del 3%, cosa que suponía casi 1.000 millones de pesetas. Prado consiguió para Indra que el Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 1993 aprobara la concesión de un crédito FAD de 10.000 millones para modernizar todos los aeropuertos de Venezuela. Después la cosa salió mal, porque en Venezuela hubo elecciones y con el cambio de poder se acabaron las adjudicaciones a dedo. Otra de las facetas de Prado es dedicarse a los negocios inmobiliarios, aunque en este ámbito las cosas no siempre le han salido bien. En orden a la especulación inmobiliaria de la Expo 92, se metió en negocios ruinosos, como el de las parcelas de Expovillas SA, que acabó implicando a De la Rosa, y al complejo turístico de Castillo de los Gracianos de Jerez (en el que, además de De la Rosa, también involucró a Mario Conde).
Al contrario de lo que pasó con otros amigos, colaboradores, asesores financieros o como se los quiera denominar, como Javier de la Rosa o Mario Conde, la relación del rey con Manolo Prado es intocable, como si hubieran firmado alguna clase de pacto de sangre capaz de superar todos los malos momentos; que no han faltado. El más grave, hasta ahora, ha sido el de KIO. Pero cuando las cosas se ponen realmente graves, Prado acostumbra a ponerse muy enfermo. Coincidiendo con la fase judicial del escándalo «Tibidabo», en el que el amigo del rey estuvo imputado en una expansión del problema iniciado con KIO, a mediados de mayo de 1999, la enfermedad pasó por uno de sus episodios más violentos en la Clínica de la Luz de Madrid. Casi se le dio por muerto, pero revivió como lo hacía el ave Fénix de entre las cenizas, superó una tromboflebitis y se le implantaron dos válvulas coronarias. Tras pasar unos días de recuperación en el Hotel Villamagna, donde reside habitualmente cuando está en Madrid, el 28 de mayo volvió a Sevilla.
Con Manuel Prado, o con otras personas, Juan Carlos se ha visto involucrado a lo largo de sus 25 años de reinado en varios negocios dudosos, aunque quienes figuraban oficialmente en los papeles siempre eran sus «amigos». Se ha movido en diferentes sectores, a los que conviene pasar revista por separado.
PETRÓLEO
Una de las primeras formas conocidas que Juan Carlos de Borbón utilizó para ir ganando un pequeño capital personal fueron las comisiones del petróleo. Todavía en tiempo de Franco, hubo una crisis petrolífera que afectó a España de manera importante. Entonces Barrera de Irimo, que era ministro de Economía, se le ocurrió ir a ver al príncipe y pedirle que hiciera de intermediario con el príncipe Fahd, de Arabia Saudí, uno de los productores de crudo más importantes, para conseguir una rápida remesa de petróleo. Juan Carlos envió a un emisario y la respuesta fue inmediata: «Decida mi hermano el príncipe don Juan Carlos, que le enviaremos todo el petróleo que España necesite». A cambio de estos servicios de mediación, el príncipe cobraba una comisión, cosa que a todo el mundo le parecía muy normal. El mismo Juan Carlos ha explicado que su habilidad para tratar con los árabes se debe a que los sabe comprender mejor que nadie: «Sólo los que sabían tomárselo con paciencia llegaban a veces a hacer el negocio de su vida», dijo una vez.
Probablemente el emisario real fue en aquella ocasión el mismo Manuel Prado (aunque no lo hemos podido confirmar), puesto que habitualmente era él quien se encargaba de esta clase de asuntos.
Alfredo Pardo, director de flota de CEPSA, lo pudo comprobar cuando tuvo que suspender un viaje a Kuwait que tenía programado para firmar un contrato multimillonario de compra de petróleo al emirato, que le dejaría un beneficio abundante de dos centavos por barril en concepto de regalía para el comprador. Cuando ya estaba a punto de irse, le avisaron para decirle que no fuera, que la firma del contrato sería a cargo de don Manuel Prado y Colón de Carvajal, cosa que le sorprendió.
Y coincide que el entonces emir de Kuwait, el jeque Zayed, de Abu Zabi, era como Fahd, un gran amigo del rey. «¡Un personaje extraordinario!», solía decir de él Juan Carlos. Supuestamente, a finales de los setenta el Gobierno de Suárez había adoptado un acuerdo para que un porcentaje pequeño de las transacciones comerciales petrolíferas realizadas por España con otras monarquías del mundo se desviara hacia el patrimonio privado de los Borbones. Estas transacciones comerciales estaban gestionadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal.
A principios de los ochenta, e incluso más tarde, continuaban saliendo a la luz escándalos sobre los dineros que el rey debía a otros monarcas por el pago de comisiones a intermediarios para conseguir aquellas transacciones (compra de petróleo) en condiciones muy ventajosas para España. Aparte de las comisiones por el petróleo, que muchos justifican como perfectamente razonables e incluso legales, no se sabe si el rey Juan Carlos tiene otros negocios en el sector, aunque hay indicios de que sí. Como amigo de los países árabes, ha actuado en calidad de mediador político para ayudar a resolver los problemas del Oriente Medio. Y también sirvió de mediador en otros conflictos particulares, por los que estuvo mucho más interesado de lo que se podría esperar.
Podríamos citar como ejemplo el caso del Itzarra. El petrolero Itzarra (con tripulación española, aunque con bandera de conveniencia panameña) fue detenido por las autoridades nigerianas el 19 de junio de 1984, cuando pretendía llegar a las aguas internacionales, tras cargar ilegalmente en Nigeria una partida de gasoil. Las autoridades retuvieron dos meses a toda la tripulación, pero después se contentaron con procesar y condenar a muerte al capitán Luis Peciña, por contrabando de gasoil. La detención se produjo en un contexto en que el contrabando de crudo estaba costando al país africano más de 500 millones al día, a la vez que producía una escasez acuciante en el mercado interior de los productos derivados, a pesar de ser uno de los máximos productores del mundo. Los contrabandistas compraban gasoil subvencionado para la pesca en Nigeria a mitad de precio, y lo llevaban a Canarias, donde se llegaban a mover más de 30.000 toneladas anuales. Al parecer, los armadores griegos habían sido los primeros en introducirse en este peculiar negocio, con la compañía naviera Lavinia.
Pero tras el golpe de Estado de diciembre de 1983, el nuevo Gobierno militar presidido por Muhammad Buhari había centrado sus esfuerzos en poner fin a la corrupción, para lo cual detuvo y procesó, en sólo 6 meses, a 474 altos cargos del Régimen civil derribado. Y en su lucha contra los barcos extranjeros que participaban en el negocio, había caído el Itzarra. Las autoridades nigerianas acusaron inmediatamente al armador y gerente José María López Tapia como verdadero responsable del delito, para que diera cuentas ante la justicia nigeriana. Pero López Tapia nunca mostró ningún interés por acudir a Nigeria. Ni siquiera interrumpió sus vacaciones en Bermeo. Ni tampoco su hermano y socio, Gregorio, que curiosamente navegaba por aguas mallorquinas en yate.
López Tapia ya había estado implicado en marzo de 1980 en la quiebra de la naviera Letasa y sobre él pesaban diversas denuncias judiciales por presuntos delitos monetarios (evasión de divisas, estafa de fondos públicos…). Antes del golpe de Estado del 30 de diciembre de 1983, él y su hermano tenían, a través de unos intermediarios, negocios en la construcción y en el sector de hidrocarburos de Nigeria. Y desde entonces se encargaban de transportar crudo a Canarias con una flota de tres petroleros, uno de los cuales ya había sido detenido poco tiempo antes en Nigeria. Ante el conflicto, el Estado español no hizo nada para facilitar el traslado del más que dudoso López Tapia a Nigeria.
Y tampoco mostró el menor asomo de solidaridad con los procesos anticorrupción que habían emprendido en el país. Bien al contrario, el Gobierno se dedicó a hacer declaraciones sobre la falta de garantías jurídicas, en las que exigía que se pusiera en libertad a Peciña de manera inmediata.
Las gestiones, y aquí entramos en la zona oscura del asunto, llegaron al nivel más alto. Las hijas y la mujer de Peciña fueron a pedir ayuda al rey Juan Carlos, y las debió encontrar muy conmovedoras, porque el monarca a partir de aquel momento mostró un interés inusitado por el caso. Para empezar, la Embajada española contactó con el prestigioso abogado nigeriano Oduba, que cobraba más de medio millón de pesetas por día de trabajo, para que llevara la defensa de Peciña, que se centró en las buenas relaciones entre España y Nigeria. La mayoría de los países occidentales que en aquel momento tenían ciudadanos en prisiones nigerianas (por diferentes delitos, desde el contrabando hasta el tráfico de cocaína) quedaron perplejos ante la actitud del Estado español, que consiguió que al detenido que estaba en el centro penitenciario de Puerto Harcourt le enviaran cada día la comida desde el mismo hotel en que se alojaba su mujer, a cuenta de la Embajada, durante los dos años que duró el proceso. Además, en la prisión había varios presos comunes que trabajaban para Peciña como asistentes. Cuando se publicó la sentencia de pena de muerte, en diciembre de 1984, el rey de España envió una carta al presidente nigeriano en la que solicitaba el indulto y la inmediata libertad del capitán del Itzarra, pero no se sabe en qué argumentos se basaba para solicitar una gracia de aquella clase. La carta la llevó personalmente un emisario del monarca, nada menos que Manuel Díez Alegría, que había sido jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, miembro del Consejo del Reino y senador real en la legislatura constituyente, además de haber colaborado con Juan Carlos, cuando todavía era príncipe, mano a mano con Manuel Prado, en aquella rocambolesca operación rumana para contactar con Santiago Carrillo en 1974. El 17 de diciembre de 1984, Diez Alegría, vestido impecablemente con el uniforme de teniente general del Ejército español, renqueante y cojeando levemente a sus 78 años, se reunió durante diez minutos con el presidente nigeriano Buhari. Le entregó la carta del rey y también hablaron de una próxima visita oficial del monarca al país, que se había aplazado sine die a raíz del golpe de Estado. Salió satisfecho del encuentro; y afirmó que la carta del rey había tenido «un impacto claro». Pero no consiguieron todo lo que querían: sólo la conmutación de la pena de muerte por una condena de 25 años de prisión. No era suficiente, y las instituciones españolas continuaron haciendo gestiones. Al fin, cuando el general Buhafi fue derribado, en agosto de 1985, por otro golpe de Estado, esta vez dirigido por el general Babangida, se acabó la campaña anticorrupción. El nuevo presidente nigeriano decidió personalmente anular la sentencia de Peciña, que fue puesto en libertad el 19 de julio de 1986. El Estado español se había gastado 70 millones reconocidos para defenderlo, más los gastos de su familia. En la prisión, curiosamente, Peciña había engordado unos cuantos kilos. No se sabe qué deben opinar de todo esto los familiares de otros presos españoles en prisiones extranjeras, pero el asunto, a simple vista, suena bastante extraño y no es difícil imaginar por qué varias personas llegaron a la conclusión de que el monarca tenía algo que ver con los negocios de los López Tapia. Tres años después, en 1991, el armador López Tapia reclamaba al país africano 45 millones de dólares, a través de un proceso admitido a trámite por la Audiencia Nacional, por piratería contra el Gobierno que había encabezado Buhari, por haberse quedado con el Itzarra ilegalmente.