Que el Partido Socialista ha mantenido una posición hegemónica es, como digo, un puro hecho. Su triunfo en el año 1982 fue tan abrumador que era lógico pensar que sus efectos se iban a notar durante mucho tiempo. No me refiero ahora a su influencia en el modo de pensar de la sociedad española, sino sencillamente a que tardaría muchos años en perder el poder. Revalidado su triunfo en el año 1986, cuando comienzo mi etapa bancaria percibo en los personajes del mundo económico español el convencimiento acerca de la duración del poder socialista. Poco importa ahora que estuvieran o no de acuerdo con su ideología, que sintonizaran o no con el modo de ser y pensar de sus principales dirigentes. Lo que importaba era el convencimiento de que el poder político ejercido por los representantes del Partido Socialista iba a ser una constante durante muchos años en la vida política española. Ciertamente ha sido así y a ello ha contribuido la inexistencia de una auténtica opción alternativa de poder.
Era también una constante a lo largo de todos estos años el convencimiento acerca de que el Partido Popular no representaba una verdadera opción de poder. En las más altas instancias del poder económico privado español nunca se creyó que el Partido Popular pudiera constituir una verdadera alternativa de gobierno, aunque seguramente es mucho más exacto decir que existía una profunda desconfianza sobre la capacidad de liderazgo de Aznar. Incluso en algunos casos se decía que sería perjudicial para la sociedad española el que eso pudiera llegar a ocurrir. Ahora no se trata de afirmar si este último postulado es o no cierto, sino sencillamente de mostrar que era una constante la sensación de ausencia de una verdadera opción alternativa al Gobierno del PSOE, lo que provoca una percepción de monolitismo en el mapa del poder político español. Ello, lógicamente, acentuaba la visión de quienes entendían que era su obligación someterse a los dictados del poder político.
Desde este punto de vista, la inexistencia de alternativa se ha traducido en altos costes para la consolidación de un verdadero pensamiento liberal y para que hubiera dado sus frutos la renovación económica iniciada a partir del año 1986. A pesar de la tradición de sometimiento, habría sido posible que el camino fuera otro siempre que los empresarios hubieran percibido una posibilidad de alternativa en el poder. Al no ser así resultaba mucho más fácil seguir los viejos principios, lo que podía dar resultados a corto plazo pero con indiscutibles costes en un proyecto de futuro. Después de las elecciones europeas de junio de 1994 esta idea de ausencia de alternativa parece que comienza a desaparecer. Pero es posible que al final se traduzca en el mantenimiento de la sumisión al poder político, sea cual sea el partido político que, en un momento determinado, lo ejerza.
El fracaso de este proceso de «renovación» económica se ha saldado con altos costes para la existencia de un auténtico poder económico privado en España. En la Junta General de uno de los grandes bancos privados españoles celebrada en los primeros meses del año 1994, su presidente, en respuesta a una pregunta de un periodista, dijo una frase altamente significativa para comprender el momento actual de la sociedad española. Las palabras más o menos fueron del siguiente tenor literal: «El Banco de España no sugiere; el Banco de España manda».
Es cierto que el sistema financiero forma parte del sistema de pagos y recoge el ahorro de millones de personas para las cuales la seguridad es un valor fundamental, y por ello la vigilancia que el Banco de España debe ejercer sobre las instituciones financieras es algo inexcusable. Así sucede en todas las partes del mundo. Por eso una especial relación de tutela del Banco de España sobre los bancos privados no solo no resulta extraña en el sistema occidental sino que forma parte de su «cultura financiera». Pero poco o nada tiene que ver con el hecho de que los bancos sean instituciones privadas.
Ser una institución privada significa, como afirmé en la Junta General de Banesto del día 9 de enero de 1988, responder a la filosofía y modos de pensar de la empresa privada. Es decir, admitir la tutela especial por razón de la especial función que cumple la banca, pero reconducirla a sus justos términos de forma que en el proceso de toma de decisión sea la iniciativa privada representada en el Consejo de Administración la que asuma su protagonismo y su responsabilidad. Pero lo cierto es que, en España, en estos años de experiencia bancaria he visto que la función que cumple el Banco de España va mucho más allá de lo que sería una tutela de depósitos y sistema de pagos, para pasar a ser una verdadera dirección de la orientación de los bancos privados españoles, incluso en lo que afecta a criterios de pura gestión.
Pero no es mi intención formular en estas páginas una crítica a los modos generales de actuación del Banco de España respecto de las instituciones privadas. Entre otras cosas porque lo que me interesa son las relaciones reales de poder, y para que alguien ejerza un poder efectivo debe darse una previa sumisión. Y esto es sencillamente lo que ocurre. No me importa tanto sostener que ese poder del Banco de España se ejerce más allá de lo razonable, como percatarnos de que ese traspasar los límites de la razonabilidad es percibido como razonable por quienes deberían representar intereses de empresa privada. Esta es la clave del asunto a efectos de comprender la inexistencia de un auténtico poder económico privado en España.
Volvamos al origen del discurso. Comenzamos afirmando la fascinación de los empresarios del sector real por el mundo financiero. Comentábamos la inexistencia de grandes grupos industriales españoles. Eso ha producido un primer efecto: si existiera un poder económico privado en España solo cabría articularlo alrededor de los bancos privados. Independientemente de su tamaño en relación con sus competidores europeos, independientemente del exceso de bancarización en la sociedad española, lo cierto es que las únicas unidades económicas capaces de ejercer un poder efectivo son los bancos privados.
No pretendo formular una teoría de estructura económica con cifras y datos, sino sencillamente trasladar mi experiencia personal de estos años. Si alguien me preguntara por la estructura del poder económico privado español, yo diría que he sido incapaz de descubrir más de tres unidades: banca, eléctricas y grandes constructoras. Esto no quiere decir que sean las únicas empresas que existen en nuestro país con capacidad de generar resultados. Por supuesto que no. Incluso más: su capacidad de generación de beneficios es ciertamente inferior a la de otros sectores económicos. Pero no es ese el asunto. Ahora estoy razonando en términos de capacidad de ejercicio de poder y en ese terreno, no necesariamente paralelo al de la solidez patrimonial o capacidad de producir resultados positivos, las tres unidades que mi experiencia me dicta como susceptibles de ser calificadas de esta manera son los bancos, las eléctricas y las constructoras.
Si comenzamos por estas últimas descubriremos dos factores: primero, la precariedad del sector privado al margen del Estado hace imposible la subsistencia de grandes constructoras sin que en sus cifras de facturación ocupen un papel significativo las contratas con las Administraciones públicas. Eso no es ni peyorativo, ni negativo, ni elimina ningún atributo sustancial. Sencillamente, crea una relación de dependencia obvia
Insisto en que esta afirmación no contiene ni el más ligero atisbo de crítica, sencillamente porque se trata de una pura realidad empresarial. El volumen de contratación que es capaz de generar el Estado tiene tal importancia absoluta y relativa que, no solo en España sino posiblemente en todo el mundo occidental, la facturación proveniente de las Administraciones públicas es un elemento de subsistencia para las grandes constructoras privadas. Por ello nada hay de extraño en la situación española. Pero sí es evidente que con esa dependencia tan crítica de los recursos provenientes del sector público resulta muy difícil mantener una postura de independencia empresarial.
El segundo aspecto referente al sector constructor es su imbricación en el sector bancario. Ello tiene dos causas: la propiedad de los bancos sobre paquetes significativos de control de grandes constructoras (caso de Dragados y Agromán) o la presencia de los propietarios de las mismas en el capital y Consejo de los grandes bancos (caso de Abengoa y Ferrovial). Salvo el intento fallido de Construcciones y Contratas de controlar el Banco Central con la colaboración de capital extranjero, las participaciones de las constructoras en el capital de los bancos privados son de muy escasa cuantía porcentual y no implican el ejercicio de un poder efectivo en la institución de que se trate. Responden más a esa fascinación por lo financiero que a otra motivación, aunque posiblemente el poder disponer de recursos financieros para las necesidades empresariales de la constructora en cuestión también pueda tener su importancia.
Pero, en síntesis, o las constructoras están dominadas por bancos o imbricadas con ellos de forma que los intereses de la institución financiera condicionarían, si quisiera plantearse, la posible política de independencia empresarial, ya muy mediatizada por el hecho de la dependencia de la facturación proveniente del sector público.
Las eléctricas han ejercido un poder real derivado de la masa ingente de recursos financieros que manejan. Obviamente no voy a desvelar ningún secreto sobre la situación, balances, perspectivas y nivel de endeudamiento de esas empresas, pero me parece evidente que el poder del Estado sobre la cuenta de resultados de las empresas eléctricas es prácticamente total. La capacidad que tienen de oponerse a la Administración pública es casi inexistente. Por eso resultó encomiable el esfuerzo de Iberdrola por crear una unidad empresarial independiente y de suficiente potencia para tener voz propia en el mapa eléctrico español. No juzgo ahora si era o no la fórmula adecuada, pero me pareció positivo que se intentara el proyecto, aun cuando este pudiera no responder a la doctrina oficial del Ministerio de Industria.
Pero este gesto aparte, las empresas eléctricas están sometidas a la presión derivada del dominio del Estado sobre su cuenta de resultados. Igualmente están sujetas al poder de la banca como suministrador de fondos y como partícipes en el capital. Salvo el caso de Iberdrola, en donde el dominio de uno de los grandes bancos españoles es efectivo y claro, el resto se ve sometido a la influencia que deriva de la presencia de un número de miembros de sus consejos que actúan como representantes de los grandes bancos españoles, aun cuando la participación en el capital de estos últimos en las citadas empresas eléctricas no sea elevada.
Por tanto, el segundo centro posible de poder privado independiente, sea por su vinculación al Estado, sea por la indudable influencia que ejerce el sector financiero, tiene también una capacidad de maniobra muy limitada como para que podamos hablar de auténtico poder económico privado.
Con todo ello constato el indudable poder que ejerce el sistema financiero sobre la economía española. Quizá aquí resida una clave de esa fascinación por lo financiero con la que comenzaba este capítulo. Sin ánimo exhaustivo, este poder se construye sobre los siguientes factores:
Primero
.— Importancia relativa muy superior de las unidades financieras sobre las existentes en la economía real. Todo el proceso histórico anteriormente descrito nos lleva a un sector industrial fragmentado, débil, sin base de capital, con escasa innovación tecnológica. Por el contrario, la banca privada española, al margen de factores peculiares de nuestro sistema que se irán ajustando con el paso del tiempo, e independientemente de que su tamaño, siendo adecuado para España, es limitado en comparación con otras entidades europeas, presenta un panorama razonablemente positivo, con grados de capitalización adecuados. Pero no se trata de juicios técnicos, sino de afirmar que el sector financiero es en sí mismo mucho más potente en nuestro país que el sector industrial.
Segundo
.— De manera directa e indirecta la banca ejerce su poder sobre las otras dos unidades susceptibles de crear un poder económico privado: constructoras y empresas eléctricas.
Tercero
.— La banca, al menos en algunos casos, es propietaria de participaciones significativas en empresas importantes del sector real de la economía. No sé cuál será el futuro en este punto, pero durante estos años pasados no cabe duda de que el poder ejercido por la banca sobre aquellas empresas en las que participaba en el capital ha sido muy importante.
Cuarto
.— La escasa dimensión del mercado de capitales español hace que la banca siga siendo el principal suministrador de fondos ajenos para las empresas industriales en España. Esto proporciona una capacidad de influencia muy notable, puesto que en ocasiones la viabilidad de un proyecto empresarial nuevo o la subsistencia de alguno en marcha depende de la actitud que la banca adopte respecto a la financiación del sector industrial. Es posible que el incremento de la competencia derivada de la eliminación de trabas a la actuación de competidores extranjeros pueda variar esta situación. Podrá hacerlo en cuanto a las grandes empresas se refiere, pero no en lo que concierne a las pequeñas y medianas, respecto de las cuales las barreras no legales a la competencia bancaria siguen siendo muy poderosas.
Todo el razonamiento anterior nos conduce a una conclusión evidente: no es posible construir un poder económico privado español si desde la banca privada española no se decide colaborar en el proyecto. Por el contrario, si alguien ostenta el dominio efectivo en el proceso de toma de decisión de la banca española, habrá controlado los resortes de ese hipotético poder económico privado.
Y esto último es exactamente lo que ha ocurrido en España. El presidente del BBV, Emilio Ybarra, fue nombrado como consecuencia de un laudo dictado por Mariano Rubio, quien, además, exigió el nombramiento de una serie de personas —todas ellas altamente respetables— como miembros del Consejo de Administración de ese banco. Puede parecer insólito para un modelo de empresa «privada», pero es así. Siempre he sentido admiración por el pueblo vasco, incrementada como consecuencia de mi conocimiento directo a través de mis años de formación en la Universidad de Deusto. Siempre he admirado su capacidad empresarial y su sentido de la iniciativa privada. Por ello, me resultó extraordinariamente chocante que un conflicto como el que se planteó a raíz del fallecimiento de Pedro Toledo se solventara acudiendo al poder arbitral del Banco de España. Para mí es difícilmente concebible que esta sea una solución adecuada en un modelo de economía de mercado, pero así fue.