En este sistema judicial parecido a una cadena de montaje, el factor que enturbia el buen funcionamiento de la justicia es el juicio ante jurado. El procedimiento resulta un engorro, pues obliga a todos a cumplir con su cometido. Para evitarlo, jueces, fiscales y abogados defensores hacen todo lo posible por coaccionar al acusado con el fin de que acepte una declaración de culpabilidad de cara a EVITAR LA INHUMANA SENTENCIA DE CÁRCEL QUE LE VA A CAER SI SE LE OCURRE SOLICITAR UN JUICIO CON JURADO. Si consiguen que el acusado no sólo se declare culpable sino también que firme una carta de renuncia de su derecho a apelar, el asunto queda resuelto y luego todos podemos echar unas risas en el club de tenis. Salvo el acusado.... que de todas maneras no es socio.
Mi hermana Anne era abogada de oficio en California. Insistía en defender a sus clientes y en obtener para ellos un juicio ante jurado si así lo deseaban. A causa de esta aberración fue sometida a un acoso vergonzante por parte de otros colegas de despacho. En 1998, la oficina de los defensores de oficio de su condado sólo permitió que uno entre 900 acusados tuviese acceso a un juicio con jurado. Naturalmente, eso no significa que cada uno de los 899 restantes fuera culpable. Simplemente, se les presionó para que se declararan culpables y muchos de ellos acabaron en prisión, quizá por delitos que no cometieron. Gracias a la flagrante violación de sus derechos, nunca lo sabremos.
Con la generalización de este procedimiento, nuestro sistema judicial se vuelve cada vez más inicuo. Nuestros jueces y abogados son como basureros de pedigrí dedicados a acorralar y deshacerse de los desechos de la sociedad: limpieza étnica a la americana.
¿Qué sucede cuando este vertedero de vía rápida manda a la muerte a personas inocentes? En la Universidad Northwestern, en Evanston, Illinois, una clase de estudiantes de derecho se bastó para demostrar que cinco individuos que se encontraban en el corredor de la muerte de las cárceles de dicho estado eran inocentes. Estos estudiantes y su profesor les salvaron la vida.
Habida cuenta de ello, ¿cuántos cientos de inocentes condenados a muerte habrá en todo el país?
La pena capital es legal en treinta y seis estados, así como para el gobierno federal y el ejército. En cambio, la han abolido doce estados, además del Distrito de Columbia (ese pedazo de marisma de mayoría afroamericana donde se llevan matrículas ofensivas).
Desde 1976, se han efectuado más de 700 ajusticiamientos en Estados Unidos. Los estados con mayor actividad ejecutora son:
Texas: 248 ejecuciones (casi un tercio del total desde 1976)
Virginia: 82
Florida: 51
Misuri: 50
Oklahoma: 43
Luisiana: 26
Carolina del Sur: 25
Arkansas: 24
Alabama: 23
Arizona: 22
Carolina del Norte: 17
Delaware: 13
Illinois: 12
California: 9
Nevada: 9
Indiana: 8
Utah: 6
Desde 1973, noventa y cinco presos del corredor de la muerte han sido completamente absueltos por los tribunales; esto es, declarados inocentes de los delitos por los cuales se les sentenció a muerte.
Un asombroso estudio reciente sobre la pena de muerte que contemplaba 4.578 casos a lo largo de un período de veintitrés años (1973-1995) concluía que los tribunales hallaron errores serios y subsanables en 7 de cada 10 penas capitales que fueron revisadas durante el período. En el 85 % de los estados con pena de muerte, el índice de error era del 60 % o más.
¿Cuáles son los errores más comunes?
1. La actuación de abogados defensores descaradamente incompetentes que no prestan atención suficiente a pruebas que podrían demostrar la inocencia del acusado o que, al menos, éste no merece morir.
2. La actuación de policías o fiscales que disponen de ese tipo de pruebas pero que las suprimen, malogrando así todo el proceso judicial. Descubrir tales errores toma su tiempo: una media nacional de nueve años desde la sentencia hasta la ejecución. En la mayor parte de los casos, los internos del corredor de la muerte esperan años ante la prolija revisión de los procedimientos necesarios para desvelar los errores y conseguir una conmutación de la pena. Esto representa un coste terrible para los contribuyentes, las familias de las víctimas y los condenados por equivocación.
De todos los reos mencionados por el estudio cuyas penas de muerte fueron conmutadas, un 82 % recibió una condena inferior a la original y el 7 %, fue declarado inocente.
El número de errores se ha incrementado desde 1996, año en que el presidente Clinton aprobó una legislación que dificultaba a los condenados a muerte probar su inocencia, pues reducía a un año el tiempo concedido para apelar a los tribunales federales después de haber agotado sus apelaciones ante los tribunales del estado. A la luz del estudio que demuestra cuántos de estos internos son inocentes o no merecen la pena capital, dicha iniciativa no puede tildarse más que de abominable y disparatada.
Somos uno de los pocos países que condena a muerte a los retrasados mentales y a los delincuentes juveniles. Los otros cinco países que aplican la pena capital a delincuentes juveniles son Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí y Yemen.
Aparte de Somalia, Estados Unidos es el único país que no ha firmado la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque en ella se prohíbe ejecutar a los menores de dieciocho años. Y nosotros amamos la libertad de ejecutar a nuestros niños.
No hay otra nación industrializada que siga nuestro ejemplo.
Incluso un país con un historial tan variopinto de violación de los derechos humanos como China tiene prohibida la pena de muerte para los menores de dieciocho años.
Actualmente, en Estados Unidos hay más de 3.700 presos esperando en el corredor de la muerte. De ellos, 70 son menores, o lo eran cuando cometieron el crimen por el que fueron juzgados.
En todo caso, nuestro Tribunal Supremo no considera un castigo cruel ni desacostumbrado (según los términos de la Octava Enmienda de la Constitución) ejecutar a adolescentes, a pesar de que la misma institución ha dictaminado que los chicos de dieciséis años carecen de «madurez de Juicio» para firmar contratos.
Resulta curioso que la presunta incapacidad para firmar contratos por parte de un crío se considere una barrera legal, en tanto que cuando se trata de ejecutarlo se le atribuye una capacidad equivalente a la de un adulto.
Hay dieciocho estados que permiten la ejecución de criminales a partir de los dieciséis años. En otros cinco es legal ajusticiar a aquellos que contaban al menos diecisiete en el momento de cometer el crimen. En 1999, el estado de Oklahoma ejecutó a Sean Sellers, que tenía dieciséis años cuando cometió los asesinatos de los que se le acusó.
Sellers padecía un trastorno de personalidad múltiple que nadie reveló al jurado que lo condenó. El tribunal federal de apelación estimó que Sellers podría haber sido «inocente en cuanto a los hechos» a causa de su trastorno psicológico, aunque apuntó que esa «inocencia no basta por sí sola para que el gobierno federal le conceda un indulto». Increíble.
El pueblo norteamericano no es idiota, y ahora que se han sacado a la luz los casos de tanta gente inocente condenada morir, muchas personas están expresando su pesar y vergüenza ante dicha realidad. Hace unos pocos años, las encuestas mostraban que no menos del 80 % de la población apoyaba la pena de muerte. Actualmente, tras saberse de todos estos casos, un sondeo reciente del
Washington Post
y de la cadena ABC ha mostrado un declive en la aprobación popular de la pena capital, a la vez que ha aumentado el número de estadounidenses que prefieren la sustitución de dicha condena por la cadena perpetua. Un 51 % de la población se muestra favorable al aplazamiento de todas las ejecuciones hasta que se establezca una comisión que determine si la pena de muerte se está administrando con «justicia».
El 68 % apuntó que la pena de muerte es injusta porque conlleva la ejecución ocasional de gente inocente. Además, una encuesta reciente del instituto Gallup muestra que el apoyo a la pena de muerte es ahora el más bajo de los últimos diecinueve años. El 65 % opinó que una persona pobre tiene más posibilidades de ir a parar al corredor de la muerte que alguien con ingresos medios o altos que hubiese cometido el mismo crimen. El 50 % estuvo de acuerdo en que un negro tiene más probabilidades que un blanco de recibir la pena de muerte por el mismo crimen. Incluso en la máquina de matar conocida como Texas, el
Houston Chronicle
informó de que el 59 % de los tejanos encuestados creían que el estado había llegado a ejecutar a alguna persona inocente, mientras que el 72 % estaba a favor de cambiar las leyes estatales para incluir una sentencia de cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Además, el 60 % se opone a la ejecución de retrasados mentales. Parece que este gran país, más que librar una guerra contra el crimen, la libra contra los pobres, a los que achacamos los delitos sin el menor reparo. En el proceso, nos hemos olvidado de los derechos de las personas porque no cabe duda de que así todo resulta más barato.
Vivimos en una sociedad que premia y honra a los gánsters de las grandes multinacionales —ejecutivos que saquean directa o indirectamente los recursos de la Tierra y sólo velan por los beneficios del accionariado—, al tiempo que sometemos a los desposeídos a un sistema de “justicia” caprichoso y brutal.
Pero la gente empieza a darse cuenta de que algo no funciona.
Necesitamos reorganizar la sociedad para que trate a cada persona como un ser sagrado y valioso y para que nadie esté por encima de la ley por más candidatos que llegue a comprar. Mientras todo esto no cambie, no podremos pronunciar las palabras «con libertad y Justicia para todos» sin sentir una profunda vergüenza.
Firmó un proyecto de ley para que se distribuyeran fondos federales a organizaciones caritativas «de carácter confesional».
Amplió a un total de sesenta el número de crímenes por los que puede aplicarse la pena capital.
Firmó un proyecto de ley para prohibir los matrimonios de homosexuales y pagó cuñas propagandísticas en emisoras cristianas de radio para pregonar su oposición a cualquier forma de emparejamiento legal entre personas del mismo sexo.
En un corto período, dejó a diez millones de beneficiarios —de un total de catorce millones— sin asistencia social.
Prometió a los distintos estados «fondos federales extra» si se mostraban capaces de reducir aún más el número de subvencionados. A la vez, facilitó la obtención de dichos fondos al no exigir a los estados que ayudasen a conseguir trabajo a los antiguos beneficiarlos de la asistencia social. Introdujo un plan que negaba cualquier tipo de ayuda a adolescentes con hijos en el caso de que abandonasen la escuela o la casa de sus padres.
Aunque se encargó de que nadie se diera cuenta, apoyó muchas de las disposiciones del «Contrato con América» pergeñado por el republicano Newt Gingrich, entre ellas la rebaja del impuesto sobre plusvalías.
A pesar de las llamadas por parte de gobernadores republicanos como George Ryan, de Illinois, para apoyar una moratoria sobre la pena capital, rechazó todos los esfuerzos para reducir el número de ejecuciones, incluso después de desvelarse que hay docenas de inocentes en los corredores de la muerte.
Suministró fondos para que los municipios contratasen a más de mil nuevos agentes de policía y propugnó nuevas leyes que permitían encarcelar a perpetuidad a personas que habían cometido tres delitos, incluso si se trataba del hurto de cuatro naranjas.
Actualmente, hay más gente en Estados Unidos sin seguro médico que cuando asumió el cargo.
Firmó órdenes que prohibían cualquier tipo de asistencia médica a inmigrantes ilegales.
Apoyó la prohibición de abortos de última hora y prometió firmar un proyecto de ley que únicamente incluyese la despenalización en el supuesto de que la vida de la madre corriese peligro.
Firmó una orden que prohíbe mandar fondos federales a países donde pueden emplearse para prácticas abortivas.
Firmó una orden de un año de validez que prohibía que fondos federales de Estados Unidos se enviasen a países extranjeros donde las agencias de planificación familiar mencionan el aborto como una opción viable para mujeres embarazadas.
Se negó a firmar el Tratado de Prohibición Total de las Minas Antipersonales ratificado por 137 países (entre los no firmantes se encuentran Irak, Libia y Corea del Norte).
Saboteó el Protocolo de Kyoto al insistir en que las tierras de cultivo y los bosques se contaran en el porcentaje de reducción de emisiones por parte de Estados Unidos, lo que convertía en una broma el acuerdo (concebido ante todo para reducir la polución provocada por el dióxido de carbono procedente de coches y fábricas).
Aceleró las prospecciones de gas y petróleo en tierras de propiedad federal a un ritmo que igualaba, y en algunas zonas superaba, el nivel de producción registrado durante la era Reagan.
Aprobó la venta de un terreno petrolífero en California, lo que constituía el mayor acuerdo de privatización en la historia de Estados Unidos, a la vez que abrió la Reserva Nacional de Alaska a las prospecciones petrolíferas (algo que ni siquiera Reagan se atrevió a hacer).
Y se ha convertido en el primer presidente desde Richard Nixon que no ha obligado a los fabricantes de coches a reducir el consumo de gasolina, una medida que ahorraría millones de barriles de petróleo al día.
En vista de todo lo anterior, sí, no hay duda de que Bill Clinton ha sido uno de los mejores presidentes republicanos que hemos tenido.
Somos muchos los que nos hemos estado arañando el rostro desde que George W. Bush accedió al cargo. La buena gente y los progres se mostraron horripilados ante la perspectiva de que un hijo de Bush hiciese estragos en el medio ambiente, diera marcha atrás en los derechos de la mujer y nos tuviera a todos recitando plegarias en la escuela y ante los semáforos. No les faltaban motivos para estar preocupados.
Sin embargo, Bush no es más que una versión algo más repugnante y malvada de lo que ya experimentamos a lo largo de los años noventa, con la salvedad de que, por entonces, todo eso vino envuelto en la encantadora sonrisa de un individuo que tocaba el saxo y nos llegó a contar cómo era la ropa interior que llevaba (y la que llevaban sus becarias). Su forma de ser nos gustaba. Daba impresión de normalidad. El tipo era capaz de cantar el Himno Nacional Negro. Salía de fiesta con Gloria Steinem. Veía mi programa y me caía bien.