Juan Carlos I el último Borbón : las mentiras de la monarquía española (40 page)

En consecuencia, en el Informe dirigido al presidente del Congreso de los Diputados, al que hacía referencia en el capítulo anterior, solicitaba lo siguiente:

La creación de una Comisión de Investigación en el seno de las Cortes Generales, con arreglo a lo que establece el artículo 76.1 de la Constitución Española que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudie y analice todas las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 y depure las responsabilidades en las que pudo haber incurrido el rey Juan Carlos I en relación con los mismos, llamando a declarar a los responsables y testigos todavía con vida y a aquellos militares e investigadores que han estudiado a fondo todos estos años aquel desgraciado evento histórico. En aras de que el pueblo español pueda acceder de una vez a toda la verdad sobre el mismo, independientemente de quien o quiénes hayan sido sus máximos responsables. Ante esta Comisión de Investigación debería declarar también, en la forma que la misma creyera oportuno, el propio rey Juan Carlos I, ya que presuntamente actuó al margen de la Constitución Española durante más de veinte horas a lo largo de aquellas fatídicas jornadas del 23 y 24 de febrero de 1981.

En relación con esta solicitud les manifestaba, asimismo, que ya en febrero de 1982, en los prolegómenos del juicio militar de Campamento, llegó a plantearse la posibilidad de que el rey declarara en relación con las presuntas responsabilidades que le achacaban los «golpistas», pero inmediatamente fue rechazada esa pretensión porque, según algunos expertos, el rey no podía declarar ante el tribunal al señalar expresamente la Constitución que la persona del monarca «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Afirmación ésta muy discutible, a pesar de la rotundidad de que hace gala el texto constitucional, porque una cosa es que el rey no pueda ser enjuiciado o inculpado ante un tribunal de justicia y otra muy distinta el que no pueda declarar o testificar ante ese tribunal o ante una Comisión parlamentaria, en relación con un hecho trascendente de la vida nacional en el que tuvo un protagonismo esencial y unas muy claras, aunque presuntas, responsabilidades políticas e históricas.

Pero es que además creo que en este país ha llegado el momento de entrar, ahora que su Gobierno habla de reformar la Carta Magna, en esa cuestionable inmunidad del rey ya que, afortunadamente, no estamos en el año 1978. No vivimos en una monarquía feudal ni en una dictadura bananera, aquí el único soberano es el pueblo español, y el jefe del Estado, el rey en este momento, debe ser el primer servidor de ese pueblo sin ninguna prerrogativa superior a la del común de los ciudadanos y sometido, como ellos, a todas y cada una de las leyes del Estado.

Y esa inviolabilidad e irresponsabilidad de la persona del monarca habría que empezar a matizarla con sumo cuidado a día de hoy, antes incluso de que la reforma del texto constitucional ponga las cosas en su sitio. Me explico. Si bien es cierto que la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 56.2 que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», también expresa a continuación, en el mismo artículo y apartado, que «sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2» (nombramiento de los miembros de su Casa Real). En el artículo 64.2 se expresa, además, que de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden.

En el texto constitucional queda, pues, señalado con toda claridad que si los actos del rey (se entiende que los políticos, los institucionales, los propios del cargo que ostenta) no son refrendados por el presidente del Gobierno, el ministro correspondiente o, en su caso, por el presidente del Congreso, carecen de toda validez. Pero si esos actos regios, en un determinado caso, además de no ser refrendados por nadie (como no lo fueron algunos actos y decisiones tomadas por el rey a lo largo de la tarde/noche del 23 de febrero de 1981) fueran claramente inconstitucionales, ilegales y capaces por sí mismos de poner en peligro la paz y la estabilidad nacional ¿debería seguir siendo la persona del monarca inviolable y no sujeta a ninguna responsabilidad? Ciertamente parece que no.

¿Es que puede ser de recibo en un país como la España actual, moderna, desarrollada, perteneciente a uno de los más grandes emporios políticos y económicos del mundo, que la persona que ostenta la primera magistratura de la nación (por cierto, en la actualidad no por deseo expreso del pueblo español manifestado en las urnas sino por mandato personal del dictador Franco, y en el futuro por herencia) pueda realizar los actos que quiera (la Carta Magna no especifica cuáles por lo que la «patente de corso» parece extenderse a todos, incluidos los penal y criminalmente condenables) sin tener que dar cuenta de ellos ante tribunal alguno?

Y por favor, que nadie alegue que la Constitución Española de 1978 fue aprobada mayoritariamente por el pueblo español. Porque, efectivamente, fue aprobada en referéndum por una mayoría de los ciudadanos de este país (modesta por otra parte) pero… desde la mas supina de las ignorancias, desde el temor irradiado interesadamente desde el poder («o esto… o los militares»), sin habérsela leído casi nadie y, por lo tanto, desconociendo casi todos la práctica totalidad de su articulado, incluida esa perla que otorga inmunidades y prerrogativas feudales al jefe del Estado español, a título de rey.

Y a las pruebas me remito, aunque en este caso sea una estrictamente personal y profesional, para corroborar tamaña afirmación. En 1985, siete años después de aprobada la Constitución, me permití realizar una encuesta entre más de 5.000 ciudadanos españoles de entre 18 y 25 años en mi calidad de teniente coronel jefe de Instrucción en un centro de adiestramiento de reclutas del norte de España. En la mencionada encuesta, además de preguntar a los soldados sobre determinadas cuestiones del servicio militar (incluido el Ejército profesional, sobre el que yo estaba trabajando en aquellos momentos), quise conocer también su nivel de conocimientos sobre aspectos muy concretos de la vida nacional y, en particular, sobre la Ley que les afectaba a todos: la Constitución Española. El resultado fue el siguiente: casi el 98% de los mozos llamados a filas a servir a su patria no había leído nunca, ni siquiera parcialmente, la Carta Magna; casi la mitad, un 45%. no sabía de su existencia o sabía de ella por referencias vagas; y sólo 9 soldados, 9 ciudadanos españoles (menos del dos por mil) de un total de 5.000, tenía en su casa un ejemplar de la misma. Estremecedor sin duda, verdad. Y el CIS y muchas empresas demoscópicas privadas sin enterarse…

Volviendo al texto que preparé sobre el 23-F, las últimas palabras del trabajo de investigación enviado a las Cortes españolas eran las siguientes:

Termino este largo Informe sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981. Que nadie me ha pedido, pero que yo me he permitido redactar, tras muchas horas de estudio y trabajo, porque esencialmente soy un militar, un escritor, pero, sobre todo, un apasionado historiador que aspira a que la verdad, la realidad de los hechos y el justo recuerdo colectivo de un pueblo sea lo que definitivamente se «cuelgue» en las páginas de la Historia en lugar del cambalache de los poderosos, las componendas de Estado o las historias amañadas de determinadas castas tradicionales.

-Año 2006: 25 aniversario del 23-F. -La denuncia sobre la suprema responsabilidad del monarca español llega a las más altas instituciones: Gobierno, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo… -El Estado calla y otorga, pero el Congreso de los Diputados, en una declaración institucional, rebaja drásticamente el protagonismo del rey en la resolución de la crisis desatada por Tejero. -Algunos grupos parlamentarios piden, por primera vez, que el rey comparezca ante los ciudadanos. -Las preguntas a las que éste deberá contestar algún día.

El 25 de enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados, señor Marín, y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara de representación popular que preside (conviene tener en cuenta que el autoritario presidente de nuestras Cortes dispone de muy poco tiempo y éste debe emplearlo en cosas mucho más serias como las de soltar continuamente el famoso latiguillo parlamentario «Silencio, señorías», a casi mil euros la unidad), decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo del Reino… etc… etc., es decir, a todo aquel que, cobrando substanciosas remuneraciones públicas gracias a los impuestos que pagamos, es «alguien» en este país.

Como era de esperar en un Estado autista como el español, mediatizado hasta la médula por los poderes fácticos de siempre, ensimismado en sus propios intereses corporativos o de casta y entregado servilmente al «caudillo» de turno (sea éste presunto demócrata o dictador en toda regla) para preservar el tinglado del que cobran sus más altos dirigentes, ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el «políticamente incorrecto» escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo del mismo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) ha dicho hasta el momento esta boca es mía. Me imagino que todas habrán dicho para sus adentros: «Con la monarquía hemos topado», o tal vez «Esto del cambio de régimen no toca todavía», y después de comentar el asunto someramente con alguno de sus más cercanos colaboradores (en el más absoluto de los secretos, eso sí, para dejar fuera de cobertura al «topo» del CNI que todas las altas sedes del Estado, absolutamente todas, tienen en su seno), habrán decidido guardarlo bajo siete llaves hasta que una situación política más favorable aconseje su «desclasificación» inmediata.

Pero como a pesar de las apariencias el que siembra, según el acerbo popular, siempre recoge algo, sean vientos, ideas o melones el producto lanzado a la madre tierra, en este caso del Informe sobre la llamada «intentona del 23-F» el resultado no tenía por qué ser muy distinto a los demás; aunque modesto, desde luego, dada la extrema dureza del suelo elegido para dar cobijo a tan intempestiva semilla. Y este modesto resultado, esperanzador para muchos ciudadanos demócratas amantes de la verdad, se materializaría sorpresivamente en el propio Congreso de los Diputados y precisamente el 23 de febrero de 2006 (vigésimo quinto aniversario del evento) con motivo de la declaración institucional que, en tan señalada fecha, decidiera dar a la publicidad Manuel Marín que en esta ocasión, en contraste con declaraciones anteriores, revestiría un carácter muy especial. Veamos:

El martes 21 de febrero, dos días antes de la conmemoración del evento, Gaspar Llamazares, presidente del grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) en el Congreso, propone que la Cámara Baja apruebe una declaración institucional sobre el 23-F. Los demás grupos parlamentarios apoyan esa propuesta, encargándole la redacción de la misma a Gabriel Cisneros, vicepresidente tercero, uno de los «padres» de la Constitución y uno de los pocos diputados en activo que permaneció «secuestrado» en el hemiciclo aquel recordado día, cuando pertenecía a UCD.

Al día siguiente, miércoles, todos los grupos reciben el texto en uno de cuyos párrafos se hace especial mención a que las palabras que dirigió el rey a la ciudadanía a través de la televisión y el llamamiento que hizo a las Fuerzas Armadas habían contribuido, «sobre todo», al fracaso de la intentona.

En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se oponen frontalmente a esa declaración, considerando excesiva la importancia que se le da al rey en la solución de aquella crisis y haciendo hincapié en que todavía existen «algunos puntos oscuros» sobre el 23-F. Eusko Alkartasuna coincide con ERC en ese valiente planteamiento.

Durante la tarde y noche del miércoles se suceden los contactos entre los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para poder llegar a un consenso sobre la mencionada nota institucional, pero no hay acuerdo. El jueves, día 22, por la mañana, continúan los contactos y llamadas, igualmente sin éxito, hasta que Llamazares, personalmente, escribe de su puño y letra un párrafo en el que se hace referencia no sólo al papel que jugó el monarca en la resolución de la intentona golpista sino también al que desempeñaron la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones democráticas de la época.

Tras algunas reuniones y contactos con la nota manuscrita del portavoz de IU como referencia y después de múltiples retoques, añadidos, supresiones y cambios de unas palabras por otras (por ejemplo, rey por Corona), se llega por fin a un consenso entre todos los grupos parlamentarios, incluido el PP que acaban aceptando el texto definitivo al que finalmente dará lectura, pasadas las doce del mediodía del 23 de febrero de 2006, el presidente Marín. Es un texto en el que, por primera vez en los 25 años de vida histórica del famoso pseudogolpe de febrero de 1981, se despoja al rey Juan Carlos del protagonismo que siempre se le había atribuido en su desactivación pacífica y se carga el acento en el papel, absolutamente primordial, que en la misma desempeñaron la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones democráticas de la nación. ¡
Chapeau
! ¡Por algo se empieza! Falta todavía mucho, evidentemente, para que el monarca español asuma sus responsabilidades en la preparación, planificación y ejecución de aquella chapuza palaciega ideada por sus cortesanos militares y autorizada por él, pero todo llegará. La verdad es tozuda y la Historia rara vez se deja engañar a largo plazo.

Pero leamos ya, merece la pena, el texto completo de tan histórica declaración institucional del Congreso de los Diputados; así como el párrafo sustituido de la misma:

Señorías, hoy se cumplen 25 años del asalto al Congreso de los Diputados, la mas grave intentona de violentar por la fuerza las libertades y de abortar el proceso democrático en España.

La carencia de cualquier atisbo de respaldo social, la actitud ejemplar de la ciudadanía, el comportamiento responsable de los partidos políticos y de los sindicatos, así como el de los medios de comunicación y, particularmente, el de las instituciones democráticas, tanto la encarnada por La Corona como por las instituciones gubernamentales, parlamentarias, autonómicas y municipales, bastaron para frustrar el golpe de Estado.