Juan Carlos I el último Borbón : las mentiras de la monarquía española (39 page)

Ha pasado un cuarto de siglo y este país, afortunadamente, es otro. Esa verdad, sin embargo, sigue siendo la misma. Ha sido investigada a fondo y debe llegar de una vez a todos los españoles y a las páginas de la historia. Ahora ya no peligra el débil entramado de un Estado que en estos años se ha hecho fuerte, democrático y de derecho. El pueblo soberano tiene derecho a saber toda la verdad sobre el 23-F a través de sus legítimos representantes…

Decimotercero.
El rey, en un programa televisivo especial con motivo del vigésimo quinto aniversario del inicio de la transición democrática, emitido por TVE el día 19 de noviembre de 2000 y titulado «Juan Carlos I, 25 años de reinado», echó la culpa de su tardanza en salir por la pequeña pantalla, para condenar el golpe del 23-E a «un capitán golpista (sic) de Caballería por más señas, que se negó a enviar los equipos necesarios para la grabación desde Prado del Rey.»

Esta sorprendente afirmación de Juan Carlos I, que no se ha prodigado precisamente en declaraciones personales en relación con este turbio asunto, es totalmente falsa ya que las unidades militares que ocuparon las instalaciones de TVE (como otros objetivos muy limitados de Madrid) lo hicieron precisamente en nombre del monarca, dando vivas a su regia persona y obedeciendo, según sus jefes, órdenes explícitas de La Zarzuela. Ninguno de estos mandos se hubiera atrevido, en aquellas circunstancias, a hacer oídos sordos al más mínimo requerimiento del jefe del Estado. Y el oficial «golpista» en cuestión (capitán Merlo, del Regimiento de Caballería Villaviciosa n° 14) no sólo no puso pegas a la orden transmitida al efecto por el marqués de Mondéjar, sino que se apresuró a cumplirla con prontitud y eficacia recabando la salida de los equipos (2) al propio director general de la casa, Fernando Castedo.

Como se ve una vez más, seguimos con los sinsentidos, las inexactitudes y las falsedades en este golpe militar tan
sui generis
del 23-F: los presuntos «golpistas» dando vivas al jefe del Estado y enviándole unos equipos de televisión para que pueda dirigirse cómodamente a su pueblo desde su propio palacio y conjurar con ello, cuanto antes, la ilegal maniobra que ellos mismos protagonizan; éste, el rey, aprovechándose (aunque con evidente retraso por necesidades del guión) de las facilidades que le brindan esos atípicos golpistas y tachándoles después (cuando la corona ya no le baila sobre su cabeza) de eso, de auténticos golpistas y de traidores. ¡Cosas veredes, Sancho!

Decimocuarto.
«Todo lo que hice, lo hice obedeciendo órdenes del rey, jamás fui desleal con él. Nunca le traicioné. Me he sacrificado siempre por la Corona (…). Fue precisamente el rey el que, tras conocer puntualmente los peligros que se cernían sobre España, la democracia y la Corona, me propuso ser presidente de un Gobierno de concentración o unidad nacional a formar con representantes de los principales partidos políticos. Y me encargó que yo personalmente hablara con sus principales dirigentes y buscara el consenso para llevar a buen término el proyecto».

Las frases del monárquico general Armada en la prisión militar de Alcalá de Henares a algunas de las personas que le apoyaron espiritualmente en los últimos meses de soledad son bien elocuentes, si hemos de creer a un hombre acabado, abandonado, enfermo, deprimido, encarcelado… Cosa que no resulta fácil, la verdad, tratándose de un «militar golpista, ambicioso, desleal y traidor».

Decimoquinto.
En el juicio militar de Campamento prácticamente todas las personas que declararon (testigos e implicados) manifestaron que los presuntos golpistas creían obedecer órdenes del rey porque, según sus mandos, el monarca estaba al frente de la operación. El propio Tejero, una de las primeras cosas que dijo tras ocupar el Congreso de los Diputados fue que «sólo obedecería órdenes del rey y del capitán general de Valencia, Milans del Bosch». Y el general Armada no se causó de repetir, antes, durante y después del evento, que «siempre estuvo a las órdenes del rey.»

Sin embargo, el tribunal militar dio por sentado que todos mentían o habían sido engañados, y que sólo La Zarzuela decía la verdad; que no sabía nada de los turbios manejos de Armada y que éste fue un desleal y un traidor: No se molestó en averiguar nada en esa dirección, en la de la posible culpabilidad del monarca, cuando existía sobre la mesa un dato estremecedor: el rey se había entrevistado 11 veces con Alfonso Armada (el presunto cabecilla supremo de la intentona) entre diciembre de 1980 y febrero de 1981, las dos últimas escasos días antes del 23-F concretamente el 15 de febrero (en la reunión reservada en la Zarzuela de la que don Juan Carlos exigió después a su invitado secreto absoluto) y el 17 del mismo mes, seis días antes del vergonzoso asalto de Tejero. Entonces, ¿por qué el tribunal no investigó la actuación del rey antes y durante el frustrado golpe? ¿Es que el tribunal no sintió nunca la más mínima curiosidad sobre lo que podrían haber hablado el monarca y el presunto máximo responsable de la asonada en sus frecuentes entrevistas y, sobre todo, en las dos últimas, a escasas fechas de ponerse en marcha el operativo golpista? ¿Por qué se dio por demostrado que La Zarzuela no sabía nada del mismo?

Ya resultaba chocante entonces (y no digamos ahora) que el rey no supiera nada de lo de Armada (sus planes político-militares se publicaron hasta en los periódicos y los servicios secretos castrenses ofrecieron suculentos resúmenes periódicos del estado operativo de los mismos a los mandos de las Fuerzas Armadas, incluidas las dos entrevistas de Armada con Milans en Valencia) y se siguiera entrevistando, una y otra vez, con él en el más absoluto de los secretos.

Y más chocante y extraño resulta todavía que habiendo declarado muchos testigos e implicados, bajo juramento, que todos ellos habían sido informados por sus mandos naturales (en el Ejército se suele respetar y creer al que ejerce el mando, sino aviada iba la Institución) de que el rey lo dirigía todo, de que la operación se hacía por el bien de la Corona y de España, el tribunal militar no investigara en esa dirección para llegar al fondo de la verdad. ¿Es que se tenía miedo a esa verdad, a la verdad absoluta? ¿O es que esa verdad se conocía ya de antemano y no se quería que saliera a la luz? ¿Se temía que el país, como estaba en aquellos momentos, no aguantara la revelación de que en la jefatura del Estado podíamos tener a un presunto «rey golpista»?

Decimosexto.
Sin la autorización (tácita o expresa) del rey Juan Carlos jamás se hubiera podido producir (ojo a lo que digo ¡jamás!) el 23-F. Así de claro y así de rotundo. Para que ya nadie pueda alegar en este país que las cosas no se expresan con total claridad y que todavía tiene sus dudas… El rey siempre ha recibido (y recibe), desde su ascenso al trono en 1975, información privilegiada y directa de la cúpula militar (JUJEM), de los servicios secretos militares y, en concreto, y desde su creación en 1978, del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), donde él mismo colocó en 1981 a uno de sus hombres de confianza, el general Alonso Manglano, que ha permanecido hasta la fecha reciente al frente del mismo. En la actualidad, como todos sabemos, el CESID ha pasado a denominarse CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Por lo tanto, el rey siempre estuvo perfectamente informado de los preparativos de Armada y Milans para llevar a cabo la llamada «Solución Armada» porque todos los órganos de Inteligencia también lo estaban. Como lo estábamos también muchos altos mandos militares y sus Estados Mayores. Quiere esto decir que, aunque Armada y Milans hubieran sido de verdad unos desleales de antología y se hubieran callado como muertos ante su señor en relación con esos planes (cosa harto difícil, sobre todo para el primero, dados sus continuos contactos y entrevistas), don Juan Carlos hubiera seguido igualmente al tanto de ellos a través de sus variados y selectos informantes; y, en consecuencia, en disposición de abortarlos en cualquier momento.

No lo hizo el Borbón, evidentemente. Y si no actuó fue porque no quiso. Y si no quiso, fue porque lógicamente y en líneas generales estaba de acuerdo con la operación. Otra cosa es que le sorprendiera, como nos sorprendió a muchos, la estrafalaria entrada de Tejero en el Congreso y su penosa actuación posterior. Actuación desgraciada que, puestos a analizarla someramente, hundía sus raíces en variadas razones personales y de planificación: el desconocimiento que siempre arrastró el susodicho teniente coronel de la Guardia Civil sobre aspectos muy concretos y fundamentales del operativo en el que estaba inmerso; la excesiva libertad operativa que sus mandos le habían otorgado para la ejecución del mismo, aunque exigiéndole, es cierto, mínima violencia y ausencia absoluta de bajas; y el efecto perverso que le supuso el llamado «síndrome del golpe de mano», que conocen muy bien los militares que han protagonizado alguna acción bélica muy arriesgada y espectacular, y que lleva al afectado a no poder metabolizar adecuadamente la inyección de adrenalina que inunda su cuerpo en el momento álgido de la acción, haciéndole cometer errores imperdonables y salidas de guión (o de órdenes) que arruinan por completo la misión.

Y en esta peligrosísima ocasión del 23-F, el teniente coronel Tejero, atacado por ese desagradable síndrome operativo, por su reconocida vanidad, por su ancestral antipatía hacia los políticos y por un patológico afán de protagonismo, no sólo arruinaría la maniobra político-militar-institucional planificada por sus superiores (que renegarían enseguida de ella, incluidos los dirigentes de los principales partidos políticos que le habían dado su «placet»), sino que, además, a título personal, haría el más espantoso de los ridículos en su particular versión del «Comandante Cero» español donde lo esperpéntico alcanzó cotas inimaginables.

Cargos contra el rey que se desprenden del estudio de los hechos y de los indicios racionales de responsabilidad anteriormente expuestos.
Del pormenorizado estudio de los hechos relacionados en los apartados anteriores así como de los abundantes indicios racionales de responsabilidad expuestos y analizados en los mismos, se desprende que don Juan Carlos de Borbón podría haber incurrido en las siguientes responsabilidades, a saber:

1º. Autorizar la puesta en marcha de una compleja operación político-militar inconstitucional y, por supuesto, ilegal, para cambiar el Gobierno de la nación al margen del deseo de los ciudadanos expresado en la urnas y que básicamente consistía en crear una situación de emergencia nacional ficticia (o por lo menos factible de ser controlada en cualquier momento) a cargo de un pequeño círculo de militares cortesanos para, una vez desatada esta y creado un peligrosísimo vacío de poder, neutralizarla mediante la instauración en España de un Gobierno de concentración o unidad nacional presidido por un militar de prestigio (el general Armada) que pudiera abordar de inmediato el «golpe de timón» político hacia posturas mas radicales y autoritarias, como insistentemente demandaba el ala más derechista del franquismo castrense. Y desmontando así el golpe involucionista (duro o a «la turca») que contra la Corona y la democracia preparaban los generales con más poder dentro de ese núcleo duro franquista.

2º. Una vez desencadenado el atrabiliario «golpe», alarmado ante la incalificable actuación del teniente coronel Tejero en el asalto al Congreso de los Diputados y aconsejado por sus fieles edecanes palaciegos, en el sentido de que no podía asumir unos acontecimientos que podían dañar seriamente a la Institución monárquica, se desmarcó inmediatamente de ella abandonando a su suerte a los dos generales monárquicos que la habían planificado, renegando de ellos y de las acciones que habían emprendido bajo sus órdenes, para inmediatamente tratar de neutralizar la peligrosa situación creada en el país. En el curso de esta apresurada reconducción de sus propios planes despreció una y otra vez la autoridad del Gobierno interino de subsecretarios y secretarios de Estado que él mismo había aceptado, tomó decisiones políticas sin refrendo alguno de ese Ejecutivo provisional (y, por ende, sin ningún valor legal), se arrogó poderes que no le correspondían constitucionalmente (actuando
de facto
como un dictador) y «negoció» directamente con los capitanes generales franquistas la sumisión a su persona y a la Institución que ella representaba mediante promesas de actuación política a cargo de futuros Gobiernos de la nación.

3º. Dentro de esas decisiones políticas y tomas de postura personales, sin refrendo alguno del Gobierno interino, destacan las órdenes y conversaciones directas con el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, obviando una y otra vez la autoridad legal de los responsables interinos del Ministerio de Defensa, en orden a que retirara sus tanques y el bando por el que asumía todos los poderes en su Región Militar; así como la orden a la JUJEM, también directa y sin consultarla siquiera con el Ejecutivo provisional, para que controlara toda la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través de la cadena de mando y le informaran a él directamente de la más mínima novedad.

También ordenó, en una actuación que pone de relieve la autoridad que ejercía sobre los presuntos golpistas (que iban dando vivas a su persona y a España), a la unidad militar que ocupaba las instalaciones de TVE en Prado del Rey (un escuadrón de Caballería del Regimiento Villaviciosa n.° 14) el envió de dos equipos técnicos para grabar un mensaje al pueblo español, que salió al aire a las 01:l3 del día 24 de febrero. Sin embargo, no impartió orden alguna ni ejerció personalmente ninguna presión sobre el teniente coronel Tejero para que éste retirara sus hombres del Congreso de los Diputados y pusiera fin al secuestro del Gobierno legítimo de la nación. Ello hubiera podido solucionar la gravísima crisis que asolaba al país en cuestión de minutos puesto que una de las primeras manifestaciones que hizo el citado jefe de la Guardia Civil, después de ocupar la sede de la soberanía nacional, fue que él «sólo obedecería al rey y al general Milans.»

En definitiva, respetando la presunción de inocencia que le corresponde al jefe del Estado como a cualquier otro ciudadano español, si el rey Juan Carlos, como parece desprenderse de los numerosos indicios racionales apuntados (y de otros que la prudencia y la extensión del presente escrito aconsejan de momento obviar), conspiró con los militares de su entorno más íntimo para «enderezar» la situación política del país (absolutamente preocupante, es cierto, en aquellos últimos meses de 1980 por su desencuentro personal con los militares franquistas) en el sentido que más le convenía a la propia Institución monárquica, intentando cambiar el Gobierno legítimo de la nación al margen del pueblo y desbordando e ignorando, una y otra vez, sus competencias constitucionales, podría haber incumplido sus obligaciones de «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades Autónomas». Están recogidas en el artículo 61.1 de nuestra Carta Magna, convirtiéndose así,
de facto
, en todo un presunto «rey golpista que, efectivamente (eso nadie lo duda a estas alturas) nos salvó a todos los españoles de un «golpe de Estado» el 23 de febrero de 1981. Pero he aquí que fue del golpe que él mismo había organizado con sus fieles cortesanos militares… Figura ésta, por otra parte (la de rey golpista), que no resulta nada nueva en la reciente historia de nuestro país. Ya Alfonso XIII en su día (1923), autorizó y respaldó un golpe de Estado militar (que en principio le salió bien, aunque luego acabaría con su reinado), colmando de prebendas y honores al marqués/general que lo protagonizó. En 1981, sin embargo, su nieto, más astuto y con menos remilgos morales, parece ser que supo apearse a tiempo del tigre que cabalgaba enviando a prisión a los dos generales que lideraban su atípica apuesta palaciega, uno de ellos ¡qué casualidad! también marqués. Resulta evidente que esto de los golpes militares, históricamente, les va mucho a los Borbones y, además, que han aprendido, con el paso del tiempo, y ahora manejan mejor y más expeditivamente a sus militares de cámara.