Juan Carlos I el último Borbón : las mentiras de la monarquía española (41 page)

El Congreso de los Diputados comprueba con satisfacción que el frustrado golpe del 25-F se saldó con los efectos más adversos a los pretendidos por los conspiradores y supuso un decisivo fortalecimiento del orden democrático. El Congreso de los Diputados, por medio de esta declaración, retoma, hace suyos y actualiza los sentimientos por la libertad, por la democracia y la defensa de la Constitución. clamorosamente proclamados en todos los pueblos y calles de España por millones de ciudadanos y ciudadanas en la inolvidable tarde del 27 de febrero de 1981.

El párrafo marcado en negrita sustituyó al inicialmente redactado que era el siguiente:

La ausencia de las adhesiones pretendidas o fabuladas por los protagonistas del intento de golpe de Estado, la carencia de cualquier atisbo de respaldo social y, sobre todo, la apelación del rey a los españoles y su emplazamiento a los mandos de las Fuerzas Armadas para que se atuvieran al cumplimiento estricto de su obligación de garantizar la integridad del orden constitucional, bastaron para disuadir y frustrar la intentona golpista.

Resultaba meridianamente claro, después de la sustitución del párrafo en cuestión, en el que se volvían a considerar como «fabulaciones» o «adhesiones pretendidas» las informaciones que siempre han apuntado a la suprema responsabilidad del rey Juan Carlos en la planificación y ejecución de la llamada «intentona golpista», que determinados grupos parlamentarios no comulgaban ya en esa fecha (febrero de 2006), sobre todo después del prolijo Informe recibido, con la tesis oficial de tantos años y expresaban, además de su determinación a no seguir dándola por buena, que «todavía existían abundantes lagunas en la historia oficial del evento».

Todos los partidos se sintieron satisfechos por la declaración, excepto el PP; aunque al final también la apoyó. No obstante, su presidente nacional, Mariano Rajoy, que en tan señalada fecha se encontraba en Sevilla, recogiendo firmas para pedir la convocatoria de un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, acusó al PSOE de «bajarse los pantalones» ante la presión de Esquerra Republicana. Esto es lo que, con su habitual desparpajo, manifestó textualmente el político gallego:

-Que el Partido Socialista esté, con perdón, bajándose los pantalones hasta en estos temas por la presión de algunos partidos nacionalistas radicales es una vergüenza y, además, una falta de respeto a la verdad y a la historia.

El líder de los «populares» consideró también intolerable este cambio en la postura oficial sobre el 23-F porque, según dijo, el papel del rey fue «decisivo» para impedir el golpe de Estado. Y continuó de este modo:

-Lo mejor del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue que no salió adelante, con lo que ya es historia. Hoy España es un país europeo, democrático, civilizado, donde pensar que puede ocurrir una cosa así es absurdo.

El señor Rajoy finalizó su intervención, ante los informadores, con una confidencia muy particular, algo que explica muy bien los profundos conocimientos que siempre ha tenido sobre el 23-F:

-Yo terminé la mili en Valencia seis meses antes de la intentona y seis meses después entré en el Parlamento. Me pudo haber cogido o en Capitanía o en el Parlamento, pero me cogió en el medio.

¡Suerte que tiene este batallador dirigente conservador! Aunque en este caso en particular, ¿no sería el Estado Mayor de la Capitanía General de Levante el que, intuyendo su prometedor futuro en la política española, a partir de los informes de los servicios secretos regionales, adelantara el licenciamiento del recluta Rajoy, alertándolo de paso sobre lo que se preparaba en Madrid y Valencia para que así pudiera planificar tan astuta circunstancia personal? Puede ser; algo de eso ocurriría sin duda pues estas cosas tan perfectas en el terreno personal, con militares y políticos de por medio, no suelen prodigarse mucho.

Pero volvamos al rifirrafe parlamentario que se suscitó en el Congreso el 23 de febrero de 2006, al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de la trastada de Tejero. El diputado socialista Diego López Garrido no tardó un segundo en contestar públicamente al líder del PP, en nombre de su partido y ante los periodistas:

-Sorprende que la reacción del Partido Popular no haya sido la de alegrarse de que todos apoyemos esta declaración, en la que se defiende la Corona y la Constitución, sino que esto le sugiera que el PSOE se ha «bajado los pantalones». ¿Es que el PP no se alegra nunca de nada? ¿Nada le parece positivo?

Y tras indicar que la respuesta de Rajoy había sido «insultante, zafia e indignante», el portavoz del PSOE en el Congreso terminó con una rotunda aseveración:

-Quien en todo caso se ha bajado los pantalones ha sido el PP que ha apoyado finalmente la declaración a pesar de los cambios introducidos en ella.

Por su parte, Izquierda Unida aprovecharía la ocasión de este 25 aniversario del 23-F para llamar al «compromiso democráticos de la sociedad, que no admite ni campañas de alarma ni climas de excepción, invitando a culminar las reformas necesarias para asegurar la libertad y el bienestar del país. Esta formación, junto a otras de izquierdas como EUIA (Ezquerra Unida i Alternativa) y ERC, anunciaron acto seguido su intención de presentar, en su momento, una iniciativa parlamentaria para que el rey y otras personalidades que vivieron el golpe de Estado «expliquen a la ciudadanía» todo lo que saben sobre aquellos hechos.

La lectura de la polémica declaración institucional por parte de Manuel Marín sería seguida desde la tribuna de invitados del Congreso por numerosas personas, entre las que se encontraban algunas que el 23 de febrero de 1981 formaban parte de la Mesa y la Junta de Portavoces, tal como Carlos Solchaga y Leopoldo Torres (PSOE), Soledad Becerril (UCD), Miguel Ángel Arredondo (PA) y el que era secretario general del Congreso de los Diputados, Nicolás Pérez Serrano.

***

En resumen, para terminar con tan polémico aniversario, algo es algo; por poco se empieza, y esta nota institucional del 23 de febrero de 2006 y las negociaciones que fueron necesarias para elaborarla demuestran que algo, efectivamente, empieza a cambiar en las más altas instancias del Estado en relación con la tesis oficial mantenida todos estos años con el 23-F. Aunque los partidos mayoritarios,. sobre todo el PP sigan instalados en la «letanía» política de tener que defender contra viento y marea «la valentía de un rey que supo enfrentarse a un golpe de Estado contra la democracia y las libertades de este país…» Y es que, claro, estos partidos publicitaron en su día la «modélica» transición española a la democracia sobre la base de esa supuesta (y castrense) valentía regia y sobre ese también presunto (y democrático) espíritu de defender las libertades por parte de nuestro joven monarca (que, según ellos, habrían frustrado el golpe en cuestión). Y si ahora, de pronto, 25 años después, el héroe se convierte en villano, y el tal defensor de las libertades y la democracia resulta ser, por el contrario, el máximo responsable de tan chapucero evento… se les caen los «palos del sombrajo», desaparece la escalera que ha mantenido en alto todo este tiempo sus endebles y voluntaristas argumentaciones históricas; se quedan agarrados a la brocha real borbónica que, más que pintar algo ya en el futuro, puede emborronar todo lo ya pintado a lo largo de la mal llamada «única y exportable» transición del franquismo a la democracia. De ahí que cueste tanto en este país que la verdad se abra camino en este importante y turbio asunto del 23-F.

Pero aún con ser algo novedoso este primer rifirrafe parlamentario español en pro de poner al rey Juan Carlos en su sitio en relación con tan importante hecho histórico, para el modesto investigador que escribe estas líneas (que, inasequible al desaliento, espera con más moral que el Alcoyano que algún día sean recogidas por la Historia con mayúsculas de este país) su resultado, aunque importante, no era suficiente. Sólo representaba un primer paso, el levantamiento de la barra (con el «Stop» en su centro) que frena la entrada a la fortaleza, el «pase al
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y espere» del probo funcionario de Hacienda… No quedaba más remedio que seguir adelante con la pesada «cruzada», hace años emprendida, en aras de que la ciudadanía de este país, sumamente reacia a dudar de sus caudillos y a poner en cuarentena a los poderosos, acabe aceptando algún día lo que de verdad ocurrió entre bastidores en tan nefasta fecha de nuestra historia reciente; siempre con la bandera de la democracia y la libertad de expresión en una mano y el demoledor Informe sobre la artera actuación del rey Juan Carlos, en la otra.

Y como después del número 25 aparece indefectiblemente el 26, si la aritmética no engaña, el 23 de febrero de 2007 se cumplirá un nuevo aniversario (el vigésimo sexto) del popular «tejerazo» y sería, por lo tanto, una fecha muy apropiada para desencadenar otra pequeña ofensiva parlamentaria a título personal; aunque, obviamente, las bodas de plata son siempre las bodas de plata, incluidas las de un deleznable episodio histórico como éste, y nunca pueden compararse a un anodino cumpleaños del montón… Pero no podía dejar pasar esta nueva oportunidad, después de la pequeña brecha parlamentaria abierta un año antes, y pensé que sería bueno para la noble causa de la verdad histórica «asaltar» simbólicamente el Congreso de los Diputados en tan emblemático día. Lo haría con algunas variantes obvias en relación con el allanamiento en tropel llevado a cabo en 1981 por el bullanguero y descabalado «Comandante Cero» español y sus muchachos: Nada de uniformes; nada de pistolas, nada de hombres armados; nada de «¡Que se sienten, coño!»; nada de ultrajes a gobernantes y diputados… Sólo debía presentarme con la palabra escrita, bien pensada y seguramente torpemente estampada en el papel, además de un DNI corriente y moliente en la cartera. Hacerlo en búsqueda, no de los 350 probos diputados de a pie que conforman a día de hoy la Cámara Baja del Parlamento español, sino de su augusto presidente, señor Marín, para hacerle entrega en persona del prolijo documento, ya remitido por correo el año anterior, y que él se muestra muy reacio a contestar como debe a cualquier ciudadano ejerciendo sus derechos.

Dicho y hecho. Sobre las 12:30 horas de un nuevo aniversario del bochornoso 23-F, pero esta vez del año de gracia de 2007, me encuentro (vestido de paisano ya que la opción de acudir de uniforme militar, que contemplé por aquello de demostrar que a la suprema sede de la soberanía nacional también pueden acudir demócratas de uniforme, la deseché de inmediato, no fuera a resucitar fantasmas del pasado entre el personal de seguridad) en la puerta del Congreso de los Diputados, la Casa de todos los españoles abruptamente mancillada por el teniente coronel Tejero 26 años antes. Me dirijo al policía de la verja exterior. Intento sacar… mi carné de identidad pero, ni por esas, no me deja, amablemente me invita a continuar mi camino hacia el edificio principal. Ni el policía de la puerta exterior, ni el de la interior, ni el conserje que me saluda respetuosamente traspasada ésta, ni nadie del pequeño grupo de funcionarios que charlan animadamente en el
hall
del palacio, parece dispuesto a revisar mi documentación personal, que, al final, sorprendentemente, no me hará ninguna falta.

Manifiesto al primer funcionario que me atiende, con toda cortesía, el motivo de mi visita, que no es otro que entregarle un documento reservado en persona al señor Marín. Me contesta, sin ningún atisbo de sorpresa en sus palabras y con una sinceridad encomiable, que el señor presidente del Congreso, por ser viernes, no se encuentra en su despacho y que probablemente no acudirá a él hasta el próximo lunes por la mañana. De todas formas, analizado someramente mi deseo, me aconseja tramitar con tiempo la oportuna cita personal con él, sin la cual no es previsible pueda recibirme en los próximos días. No obstante, ese mismo y solícito funcionario me sugiere que, dado lo adelantado de la hora y la circunstancia de ser fin de semana, lo más sencillo en esos momentos para mí sería entregar el documento en el Registro de la Cámara, para obtener el correspondiente recibo, y solicitar después audiencia al señor Marín si mi deseo es verlo personalmente.

Accedo a sus deseos. Entrego el documento al funcionario para que éste lo lleve al Registro y mientras espero pacientemente su regreso, me doy un pequeño paseo por los pasillos del Congreso, vigilado muy de cerca, debo reconocerlo, por dos o tres conserjes que no me quitan ojo de encima. Pienso que todo me ha resultado de lo más sencillo e inesperado. No sé qué me pasa últimamente que entro a todas partes, incluso a las mas protegidas y reservadas como aquella catedral de La Almudena del 22 de mayo de 2004 (repleta de reyes en el exilio, príncipes, princesas, jefes de Estado y de Gobierno, invitados de postín…) por la cara, sin tener que sacar a colación mi modesta identidad como ciudadano. Una de dos: O tengo una cara muy parecida a la del padre Ángel, el altruista responsable de una de las mas batalladoras ONGs del momento, o es que, con el paso de los años, transmito ya por doquier, sin apenas haberme dado cuenta, una bondadosa imagen de persona mayor incapaz de crear problema alguno a nadie. La segunda hipótesis, obviamente la más probable, es también, por supuesto, la más preocupante para mi ego.

Claro que en aquella ocasión de la boda de Felipe y Letizia, como ya tendré ocasión de contar al lector en el momento editorial oportuno, iba de uniforme de gala (aunque no el que pedía el protocolo), con mi faja de Estado Mayor, los distintivos de mis cursos y múltiples condecoraciones cubriéndome el pecho. Cosas todas ellas que impresionan bastante al personal, incluido el de seguridad… Pero de todas formas, visto el resultado, en esta ocasión de mi «abordaje» democrático, sin previo aviso, al palacio de la Carrera de San jerónimo, llevado a cabo el 23 de febrero de 2007 (vigésimo sexto aniversario de la cinematográfica entrada a «lo Edén Pastora» del ínclito teniente coronel Tejero), mi impecable vestimenta civil y mis canas también debieron jugar un importante papel.

***

Retomo de nuevo el relato de mi civilizada y angelical incursión en el Congreso de los Diputados de Madrid, con el profuso escrito de denuncia contra el rey Juan Carlos (40 páginas) del que soy único firmante, bajo el brazo. Denuncia basada en su presuntamente ilegal, inconstitucional y, desde luego, atípica actuación política y personal antes, durante y después de aquella recordada tarde/noche del 23 de febrero de 1981. Con la súplica añadida de que se formalice cuanto antes, en tal alto centro de la soberanía popular, una Comisión de Investigación parlamentaria que pueda depurar (ya que los tribunales de justicia de este país son incompetentes para hacerlo, dada la trasnochada e impresentable inmunidad constitucional que todavía ampara al monarca español) sus presuntas responsabilidades históricas, políticas e incluso penales. Que, después de lo que revelan mis largos, escrupulosos, imparciales y profesionales estudios e investigaciones de más de veinte años de duración, y que estoy dispuesto a compartir con quien quiera y donde quiera, sitúan al todavía jefe del Estado español en el muy amplio y deleznable pelotón de golpistas nacionales, compuesto como todos sabemos por militares y civiles de toda laya. Figura ésta, la del «rey golpista», referida a Juan Carlos I, ciertamente atípica y llamativa pero no única ni nueva en la reciente historia de la monarquía española, ya que Alfonso XIII en 1923 autorizó y respaldó un golpe de Estado militar (muy similar en el fondo al 23-F), y que le salió en principio bien, aunque luego acabara con su reinado. En 1981, su nieto no dudaría en enviar a prisión a los dos generales que lideraban su arriesgada apuesta palaciega en cuanto se dio cuenta de que la cosa pintaba muy fea desde el punto de vista estético y él no podía asumir la operación sin riesgos evidentes.