Independientemente de los argumentos utilizados ante los kuwaitíes, finalmente, tras todos los trámites, Prado recibió una primera entrega de 80 millones, en octubre de 1990. Entre 1991 y 1992, De la Rosa dice que recibió «constantes llamadas del señor Prado y, en algunas ocasionas, de Su Majestad el Rey, normalmente en mi despacho de Barcelona, urgiendo que se completara la cifra total pedida inicialmente, a la que Su Majestad el Rey se refería siempre como "la cuenta" pendiente». Prado acabó recibiendo los 20 millones que faltaban en junio de 1992, el mismo día que De la Rosa dejaba la vicepresidencia ejecutiva del holding. Cuando empezaron los problemas en los juzgados de Londres, la primera medida de De la Rosa fue hablar con Prado para que devolviera su parte. Pero Prado no estaba por la labor. Se le ocurrió, en cambio, que podrían ir trampeando la situación si maquillaban los pagos y luchaban poco a poco en los tribunales. La demanda civil en la capital británica se llevaba con calma. Ninguno de los implicados llamaba a testigos para declarar y el tema se dilataba hasta que quedó prácticamente parado.
Pero los kuwaitíes seguían acosando a De la Rosa. De todos modos, cuando De la Rosa se enfadó de verdad, con Prado y con el resto, fue cuando cayó en desgracia por el caso Gran Tibidabo. Aquí empezaron los verdaderos problemas para todos. Prado también estaba implicado. Aparte del caso de Castillo de los Gracianos y de los 100 millones de dólares limpios de KIO, estos años el ex-embajador real había tenido más negocios confusos con De la Rosa. Entre otros, a través de Expovillas SA había vendido a Gran Tibidabo (el gran proyecto catalán de De la Rosa), con derecho a recompra (es decir, que aquello era un préstamo), unas fincas en Dos Hermanas (Sevilla), de otro de sus negocios inmobiliarios: la urbanización Las Palmeras de Condequinto. La operación se acercaba a los 1.600 millones de pesetas, aunque Prado había adquirido los terrenos apenas dos años antes por tan sólo 125 millones. El negocio era muy favorable a Prado, pero Gran Tibidabo necesitaba que les guardaran las espaldas en las altas esferas. Con la operación, De la Rosa creía que estaba comprando apoyo político. Y para asegurarse bien, nombró a Manuel Prado vicepresidente de Gran Tibidabo. De la Rosa, que no se fiaba demasiado del ex-embajador real, en la fecha de venta firmó una carta ante notario en que decía: «[…] quiero declarar que ninguna compraventa será firmada en esta operación, si el citado don Manuel de Prado y Colón de Carvajal deja dicha vicepresidencia de Gran Tibidabo». Ya veía venir que podría traicionarlo en cualquiera momento y de hecho, seis días después de la venta, el 27 de diciembre de 1992, llegó la carta de dimisión de Prado. Prado ponía como excusa que le habían propuesto la presidencia de Partecsa, filial de Cartuja 93, y no podía compatibilizar ambas cosas. El 14 de abril de 1993 su dimisión quedó recogida en un acta de Gran Tibidabo y Prado rompió relaciones con De la Rosa oficialmente. Fue francamente oportuno, porque se salvó por los pelos del estallido de uno de los escándalos económicos más sonados de los últimos tiempos, principio del fin de Javier de la Rosa.
Aunque Prado tampoco pudo evitar salir salpicado. Una auditoría de Ernst & Young, correspondiente a 1993, reveló un agujero de entre 6.000 y 11.000 millones de pesetas en Gran Tibidabo. No se sabe muy bien quién impulsó el asunto contra el financiero catalán, aparte de los pequeños accionistas afectados. Pero el PP, todavía en la oposición, lo aprovechó para cargar contra Convergencia i Unió, y pidió que se creara una comisión de investigación en el Parlamento catalán.
También se presentaron denuncias en los juzgados, y el fiscal jefe de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, acabó viendo por lo menos tres delitos en las actuaciones de Javier de la Rosa: estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
Javier de la Rosa había tenido negocios con todo el mundo y había repartido dinero a todo el mundo: bufetes de abogados, periodistas, consultores, asesores, banqueros, políticos estatales y autonómicos… Presumía de tenerlos enganchados a todos, y hablaba mucho, que era lo peor. En cualquier sitio explicaba, por ejemplo, que había sido recibido en el Vaticano por Juan Pablo II, que le había dicho: «La Iglesia está pasando dificultadas financieras, no sé si lo sabe... Yo le pido a usted que nos ayude». De la Rosa también aseguró que había dado dinero a Adolfo Suárez para pagar la sede del CDS, a Convergencia i Unió; que había entregado una maleta de dinero a un dirigente del PP, y un largo etcétera. De manera que, si de una parte quienes habían cobrado habían de estar contentos, por la otra estaban atemorizados por la verborrea desmesurada del financiero. Lo cierto es que, cuando cayó en desgracia, todos pasaron de él.
El verano de 1993, el abogado de De la Rosa, Joan Piqué Vidal, siguiendo sus instrucciones, se entrevistó con Manuel Prado en el aeropuerto de Barajas y le pidió, sin tapujos, que intercediera ante el rey para que paralizara las diligencias del sumario en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, relacionado con el proyecto Gran Tibidabo. Piqué le dijo claramente que De la Rosa estaba decidido a llevarse por delante a todo el que hiciera falta, incluso al mismo rey, si acababa en prisión. En la primavera de 1994, Manuel Prado acudió a la calle Génova para hablar con Aznar.
Pero el líder del PP no se mostró receptivo y, al parecer, le aseguró que en caso de crisis institucional, el Partido Popular nunca le apoyaría en un escándalo de corrupción económica que salpicase la Corona, o si el rey no actuaba como garante de la unidad de España. La gestión del ex-embajador real, en definitiva, no sirvió de nada, pero De la Rosa continuó amenazando y presionando. Fue entonces cuando declaró ante el juez sobre los dineros evaporados de KIO: «Este dinero se empleó en comprar voluntades políticas para crear un clima favorable a la causa kuwaití».
No pudo, empero, evitar ingresar en la prisión de Can Brians el 17 de octubre de 1994.
Inmediatamente después, se ordenó el cacheo de su domicilio pero no se encontró nada. En un segundo cacheo (una semana después) en la casa de Arturo Piñana Bono, uno de sus hombres, en Sant Just Desvern, sí que aparecieron cintas, informes, falsificaciones bancarias y documentación comprometedora para mucha gente; el juez Joaquín Aguirre, incomprensiblemente, ordenó la destrucción (para no dañar la imagen de terceros). Al cabo de un mes de estar en chirona, al parecer sirviéndose de la mediación del cura de la prisión que diariamente daba la comunión al recluso, De la Rosa dio instrucciones a su esposa, Mercedes Misol, para que enviara telegramas al rey, a Jordi Pujol y a Aznar, en los que les recordaba: «Ha pasado uno más y todavía sigo aquí». También intentó sin éxito que el rey la recibiera en La Zarzuela; pero, tras numerosas gestiones, no lo consiguió. Si la situación continuaba, De la Rosa advertía que rompería su silencio. Pero nadie movía ni un dedo por él. Cuando el financiero catalán salió de prisión el 22 de febrero de 1995, tras depositar una fianza de 1.000 millones de pesetas, pesaba 22 kilos menos y estaba muy enfadado: «Lo que han hecho conmigo no tiene nombre. Les he convertido en ricos a todos y el que acaba en el talego soy yo. ¡No te jode!»
Las gestiones de De la Rosa a partir de este momento fueron múltiples y diversas. Por ejemplo, se reunió con un alto cargo policial del Ministerio de Justicia e Interior, Gabriel Fuentes, enviado por el ministro Belloch, un par de semanas después de salir de prisión, en un conocido restaurante gallego de Barcelona. Después, siguieron en contacto a través de otros mediadores (Alfredo Fraile, por parte de De la Rosa). De la Rosa amenazaba con revelar supuestos favores prestados a políticos y empresarios, con una explosiva carta que había escrito en prisión. También entró en contacto con Mario Conde, que no se perdía ni una y no podía faltar en este lío. Entre diciembre de 1994 y enero de 1995, Javier de la Rosa le explicó el asunto de los 100 millones de dólares que Manuel Prado había cobrado de KIO. Más tarde, cuando ya estaba fuera, se lo confirmó enseñándole los documentos de la cuenta suiza que demostraban el ingreso. Como ya hemos explicado en otro capítulo, Conde hizo gestiones para poner al rey al corriente del caso, sin conseguir que el monarca tomara medidas contra su ex-embajador.
Prado, a su vez, también estaba dedicado en cuerpo y alma a hacer gestiones para librarse de las imputaciones que se le hacían, y de una manera bastante marrullera, por cierto. Entre sus brillantes iniciativas, sostuvo una conversación telefónica de más de seis horas con el emirato kuwaití. Les pedía documentación con la que pudiera inculpar definitivamente a Javier de la Rosa, ya fuese en los juzgados o en la prensa. En concreto hablaba de
El País
, que citaba como el único diario decente. En estos momentos Prado ya estaba en el bando de Felipe González y Polanco. Pero no se sabe cómo las grabaciones acabaron en manos de Javier de la Rosa, que también estaba negociando a título individual con los de Kuwait. Y el financiero catalán, en su habitual estilo desbocado, hizo circular las cintas por medio mundo. También las pasó al Ministerio del Interior, cuyos laboratorios certificaron que la voz que se escuchaba era realmente la de Manuel Prado y Colón de Carvajal. En aquellas conversaciones, en perfecto francés, Prado apelaba al rey, denominándolo «
mon patron
», «
mon ami le patron
», «
sa majesté
», «
il connais tout
»… Además, detallaba la existencia de unas cuentas comprometedoras en Liechtenstein; y citaba la numeración (letras y números). Y también decía que el Gobierno del PSOE estaba al corriente.
Javier de la Rosa «ofreció» las cintas al rey Juan Carlos, pero el rey no las quiso. Seguía junto a Prado. Lo que hizo, en cambio, fue pedir al príncipe Felipe que escribiera una carta dirigida al príncipe heredero de Kuwait, en la que se comentara la necesidad de «arreglar las cosas entre nuestros dos pueblos hermanos…», misiva de la cual, al parecer, dio cuenta la televisión kuwaití.
Luis María Ansón, que es otro que tampoco se pierde ni una, tuvo también la oportunidad de escuchar las cintas y pensó que hacía falta prever la posibilidad de que el escándalo, si llegaba a estallar, se llevara por delante a don Juan Carlos I. Viajó a Sevilla para entrevistarse con Prado y conminarle a que firmara un documento que al parecer el periodista había redactado, una especie de declaración o manifiesto a la nación que si era necesario se haría público. Se separaban sus negocios de las finanzas de la Casa Real, y Prado se hacía personalmente responsable de lo que había pasado, eximiendo al monarca de toda responsabilidad. Además, pretendía que Prado abandonara España para instalarse definitivamente en Lausana. Ansón no consiguió nada, pero un poco más tarde sacó una espectacular primera página en
ABC
, con el titular «Trifulca entre financieros», y con un artículo editorial que recogía las ideas básicas de su escrito. Solicitaba a Prado que «cuando sea oportuno haga una declaración escrita, pública, completa y rigurosa diciendo la verdad: que todo este asunto empieza y termina en él».
Mientras tanto, Londres continuaba presionando a De la Rosa para que concretara los nombres de los beneficiarios de los dineros de KIO. En mayo de 1995 le dieron el ultimátum. De las múltiples acusaciones que había afrontado previamente, los tribunales británicos mantuvieron dos: el pago de 100 millones de dólares a Prado, y la transferencia de 27 millones de dólares a Sarasola. Felipe González aprovechó todo esto para reforzar sus tesis de una conspiración contra el Gobierno y la Corona por parte de Javier de la Rosa y Mario Conde.
El 10 de noviembre de 1995,
Diario 16
sacó la famosa portada «Chantaje al Rey», acompañándola de un capítulo del libro
El saqueo de España
, de Díaz Herrera e Isabel Durán. Manuel Prado había sido la principal fuente de información, convencido de que esto era lo mejor para él. El mismo día,
El País
publicaba las cartas con el sello de la Corona que se habían enviado a KIO, en las que se agradecía a Kuwait la supuesta remisión de cantidades millonarias. Y se decía que habían sido falsificadas por Javier de la Rosa para coaccionar al rey. La publicación de las cartas en
El País
fue una manera de neutralizarlas. Dos días después, el domingo 12 de octubre, Juan Carlos se reunió con Felipe González en La Zarzuela. La tormenta periodística era de mil demonios. El caso estaba en su punto álgido. Lo que se publicaba era, sin el menor asomo de duda, escandaloso y salpicaba a la Corona, lo quisieran o no. Pero, al final, sirvió para lo que pretendían: neutralizar las acusaciones de De la Rosa enmarcándolas en un episodio de chantaje.
Pese a las graves acusaciones que se habían publicado en
Diario 16
(contra De la Rosa por el hecho de querer chantajear al rey; y contra Prado y el rey porque habían cobrado, si la versión de De la Rosa era cierta, por intervenir en la decisión política de apoyar a Kuwait en el conflicto armado con Irak), la Fiscalía General del Estado no formuló ninguna denuncia por tales hechos. Tan sólo ordenó la incoación de diligencias informativas, en el transcurso de las cuales prestaron declaración De la Rosa, Prado, y los periodistas Isabel Durán y Díaz Herrera. Pero el 25 de noviembre de 1995 el fiscal general, Carlos Granados, aseguró que don Juan Carlos I y la Casa Real estaban al margen de los negocios privados de De la Rosa y Prado e informó que no estaba previsto practicar nuevas diligencias en relación con este asunto. Por su cuenta y riesgo, como cualquier ciudadano podría haber hecho, José María Ruiz Mateos presentó primero una denuncia, y después una querella contra Javier de la Rosa y Manuel Prado. Quería, sencillamente, que la justicia española no evitara la apertura de diligencias y se personase en el ejercicio de la acción popular. Naturalmente, detrás debía haber intereses políticos o ideológicos. Hace años que Ruiz Mateos se presenta como acusación particular en los casos que afectan al PSOE. Pero esto no significa que tenga razón. En este asunto en concreto, el empresario de Jerez consideraba, como por lo demás consideraría cualquier persona que lo hubiera leído, que lo que se había publicado era muy grave: en primer lugar, que había una apropiación indebida de entre 12.000 y 60.000 millones de pesetas; en segundo lugar, que se habían producido o bien «injurias» al rey, o bien una intervención ilegítima por su parte, con motivación económica de por medio; en tercer lugar, se había acusado a De la Rosa de maniobrar con la intención de provocar la abdicación del rey, cosa que supone un delito de alta traición. Al margen de las informaciones periodísticas, Ruiz Mateos aportaba como indicios otras cosas. Pero el juzgado de la Audiencia Nacional le denegó «la admisión como prueba de determinadas grabaciones de conversaciones entre personas cuya identidad no tiene objeto revelar en esta resolución, que decía haber adquirido en un mercadillo». Denegó además que se personara en el caso, con curiosos fundamentos jurídicos: «Resulta, cuando menos, sorprendente que sea precisamente el señor Ruiz Mateos quien quiera constituirse en parte procesal acusadora en defensa del honor de Su Majestad el Rey […]», decía el escrito del 9 de enero del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. «No se discute el abstracto derecho a hacerlo por cualquier ciudadano, pero sí que sea precisamente él, que se encuentra procesado por el tipo de delito que ahora imputa a otros». ¡Como si un ladrón no tuviera derecho a presentar una denuncia si alguien le roba!