Authors: Antonio Salas
Entre otras cosas la ex socialista Rosa Díez deseaba saber: «¿Qué gestiones diplomáticas ha llevado a cabo el Gobierno español ante el Gobierno venezolano, durante los cuatro últimos años, para atajar el trato de favor que este último dispensa a los miembros de ETA que residen en su territorio? ¿Qué gestiones diplomáticas ha llevado a cabo el Gobierno español ante el Gobierno venezolano, durante los cuatro últimos años, para lograr que las extradiciones de miembros de ETA imputados en graves delitos terroristas, solicitadas en 2002, se lleven a cabo? ¿Ha elevado el Gobierno español, durante los cuatro últimos años, alguna protesta ante el Gobierno venezolano con relación a la contratación por éste de miembros de ETA?», etcétera. En este momento creo que hasta yo estoy en disposición de responder a todas esas preguntas.
Más tarde, en febrero de 2010, el gobierno estadounidense filtró un informe basado en el análisis de los ordenadores de Raúl Reyes en el que acusaba al gobierno venezolano de colaborar con las FARC y ETA. Por unos meses las acusaciones de que Chávez protegía a los yihadistas se cambiarían por los insurgentes colombianos. El día 24 de ese mismo mes de febrero, el juez Eloy Velasco Núñez, de la Audiencia Nacional de Madrid, firmaría un auto de procesamiento contra varios etarras mencionados en los documentos extraídos de los ordenadores de Reyes, encabezados por Cubillas, a quien consideraba el enlace entre las FARC y ETA, y que desataría una nueva tormenta mediática y nuevas tensiones entre los dos países. Velasco decía en su escrito que Cubillas «se cree policialmente que se encuentra en la actualidad» en Venezuela. Yo puedo confirmarle al juez que, en efecto, esa información policial es correcta. Cubillas vive y trabaja de manera legal en Caracas, igual que otros miembros de ETA. Y en cuanto a los cursos de armamento en los que colombianos, vascos y venezolanos intercambian conocimientos terroristas, también doy fe de que son una realidad conocida y apoyada por todos los grupos bolivarianos. Yo mismo participé en esos cursos. Pero todos se realizan a espaldas del gobierno oficial de Hugo Chávez.
Y es que, desde su llegada a Venezuela, los etarras han conseguido mimetizarse sin problemas entre la abundante comunidad vasca del país, y es evidente que la hostelería ha sido uno de sus principales refugios. Arturo Cubillas no fue el único activista abertzale al frente de un restaurante vasco.
En pleno centro de Caracas, a unos metros del hotel Anauco, fundamental enclave cubano en Venezuela —donde se alojó Source antes de su boda—, y de las «torres gemelas» del Parque Central, se encuentra El Café del Museo. Entre los movimiento bolivarianos es un secreto a voces que, hasta hace muy poco tiempo, este restaurante, propiedad y punto de encuentro de varios activistas vascos en Venezuela, era un referente para los etarras que llegaban a la capital.
Lo mismo puede decirse del Txalupa, un prestigioso restaurante de pescados, mariscos y comida vasca en Chichiriviche, propiedad de Xavier Arruti, uno de los etarras llegados a Venezuela en los ochenta, y mejor posicionado en la sociedad venezolana. Arruti no solo trabaja como asesor de la alcaldía de Chichiriviche desde 2004, sino que es presidente de la Corporación para el Desarrollo Integral de la Costa Oriental de Falcón (Corfal). En 2002 la policía venezolana, a requerimiento de la policía española, detuvo a uno de los camareros de su restaurante: Sebastián Etxaniz Alkorta, alias
Sebas
, que terminaría siendo repatriado a España por su pertenencia a ETA.
Aunque seguramente uno de los más conocidos sea el Pakea, ubicado en un enclave privilegiado en lo alto del cerro El Ávila, la montaña que abraza la capital venezolana. El acceso al Pakea es muy complicado. Es necesario contratar coches 4 x 4 o darse un buen paseo a pie, pero merece la pena. Su dueño, Juan Manuel Bereciartua, llegó a Venezuela también en los ochenta, y está plenamente integrado en la sociedad caraqueña, como muchos de los clientes de su local, uno de los restaurantes vascos mejor considerados de Caracas, y en el que no es difícil ver a activistas abertzales disfrutando de un buen txakolí o unas kokotxas.
Sin embargo, una cosa es ser vasco, e incluso independentista, y otra muy diferente ser un miembro de ETA. Y por mucho que la oposición venezolana y la derecha —y hasta la izquierda— española utilicen de forma recurrente el tema de ETA en Venezuela, lo cierto es que el gobierno chavista ha entregado a España a varios terroristas vascos que sí se encontraban de forma irregular en el país.
El tragicómico y rocambolesco culebrón de la cooperación venezolana con España, en el asunto de los etarras, comienza el 20 y 21 de marzo de 2002, cuando José María Aznar y Hugo Chávez coinciden en la Cumbre de Monterrey sobre financiación del desarrollo. Aznar pidió a Chávez la entrega de casi cuarenta etarras que viven en Venezuela, incluyendo los que el PSOE le había mandado a Carlos Andrés Pérez para sacárselos de encima. El presidente popular le ponía a Chávez como ejemplo el caso de México, que evitaba los largos procesos de extradición y ejecutaba las entregas a la policía española de forma meteórica. Durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), fueron deportados veintiún miembros de ETA y extraditado uno. Y, en el momento de la Cumbre de Monterrey, el presidente Vicente Fox continuaba esa política, deportando a tres etarras en menos de un año. Chávez, menos entusiasta con Aznar que Fox, declaró que debería ser el Tribunal Supremo de Venezuela quien decidiese sobre la situación legal de los «refugiados vascos». Al fin y al cabo, los primeros etarras habían llegado al país a petición del antecesor de Aznar en la Moncloa, y no parecía muy serio cambiar el estatus legal de los refugiados, de acogidos a terroristas, dependiendo de quién ocupase la presidencia de España.
Ese mismo mes el entonces ministro del Interior Mariano Rajoy elogiaba efusivamente la colaboración de Hugo Chávez con España en relación a los etarras en Venezuela, ya que, cuatro días antes de la Cumbre de Monterrey, la DISIP ya se había puesto manos a la obra para localizar a siete de los etarras que vivían en el país, después de que un tribunal de Caracas ordenase la detención de Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, acusado de seis asesinatos; Miguel Ángel Aldana Barrena, al que se le imputan diez homicidios; José Ayestarán Legorburu, doce crímenes; José Martín San Sebastián Aguirre, dos asesinatos; Jesús Ricardo Urteaga Repullés, otros dos, y Luis María Olalde Quintela, implicado en dos atentados. La Fiscalía también incluye en su relación a Ramón Sagarzazu, a pesar de que España había revocado años atrás su petición de extradición.
En aquellos primeros meses de 2002, la colaboración del gobierno de Venezuela para con la policía española fue impecable. Además de las conversaciones de Aznar con Chávez, el defensor del pueblo Enrique Múgica mantuvo contactos con el ministro de Exteriores venezolano, Luis Alberto Dávila, para solicitar su colaboración en la lucha contra ETA. Y la respuesta venezolana era tan positiva que el Partido Popular pidió al lendakari Juan José Ibarretxe que utilizase el ejemplo de Venezuela, durante su visita a Cuba de aquellos días, para solicitar al gobierno cubano la misma colaboración que Venezuela en la entrega de los etarras que permanecían exiliados en la isla.
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En mayo de ese año se celebra en Madrid la Cumbre de la Unión EuropeaAmérica Latina y Caribe, y Chávez se reafirma en su intención de cooperar en el asunto de los etarras en Venezuela. La primera repatriación no se hace esperar. El 2 de junio de 2002 la cooperación venezolana se materializa con la entrega a España del primer etarra. Juan Víctor Galarza Mendiola fue arrestado por agentes de la DISIP en Valencia cuando se dirigía a su puesto de trabajo acompañado por su esposa, la española María José Ugalde, y su hija menor. Galarza Mendiola vivía en la urbanización Guayabito y era propietario de una armería, Comercial Sarrio, en la misma ciudad. Poseía también campos para prácticas de tiro que habitualmente utilizaban mis camaradas de los círculos bolivarianos.
Nacido en la localidad vizcaína de Larrabetzu el 19 de febrero de 1959, según su ficha policial Galarza Mendiola se enroló en ETA en 1982 como colaborador del Comando Vizcaya, y fue arrestado en julio de 1985 a raíz de la desarticulación de dicho comando y de la captura de José Félix Zabarte Jainaga, miembro liberado de este grupo. Fue condenado por la Audiencia Nacional en 1987 a seis años de cárcel y al pago de una multa por un delito de colaboración con el Comando Vizcaya de ETA, tras ser detenido junto a otros dieciocho presuntos miembros de dicho comando. Galarza ingresó en prisión acusado de colaboración con ETA, aunque posteriormente fue puesto en libertad. En las elecciones municipales de 1987 fue candidato de Herri Batasuna (HB) en Larrabetzu. Desde 1992 recayó sobre él una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional para cumplir condena. Pero no pudo serle comunicada por encontrarse en «paradero desconocido». Su paradero era Venezuela.
Según fuentes de la izquierda abertzale, Galarza fue el primer comodín político para que Aznar y Chávez apaciguasen a la prensa. Porque lo cierto es que su nombre no aparece en la lista de los siete etarras cuya extradición pedía España. En realidad, Galarza Mendiola fue expulsado de Venezuela por su «estancia ilegal», amparándose en la orden de busca y captura cursada por la Audiencia Nacional a través de Interpol, pero no porque España hubiese pedido expresamente su extradición. Sería el primer error que tendría que pagar posteriormente el gobierno de Chávez...
El 17 de diciembre de 2002, Venezuela ejecuta una nueva entrega. Esta vez se trata de Sebas Etxaniz. Según las autoridades españolas, Sebastián Etxaniz Alkorta estaba implicado en ocho asesinatos entre el 9 de abril de 1981 y el 30 de junio de 1982 (tres guardias civiles, dos policías nacionales, un agente municipal, un coronel de artillería y un civil). Durante su estancia en España habría estado integrado en el Comando Vizcaya de ETA. El etarra salió de España en 1984 y se instaló en Venezuela. Años después su pista reaparece en Nicaragua resistiendo con lo que queda del movimiento sandinista. Continúa allí con la lucha armada y lo detienen en Managua (capital nicaragüense) el 25 de marzo de 1993 tras hacer volar un depósito de armas. Las autoridades del país centroamericano le intervienen un pasaporte falso venezolano bajo el nombre de Rafael Camilo Castellón, pero descubren su verdadera identidad y que está buscado por diferentes crímenes, entre ellos un triple asesinato: el teniente de la policía nacional Julio Segarra, una mujer embarazada y su marido en un garaje de Bilbao, el 4 de mayo de 1983. Y Sebas es extraditado a España, terminando con sus huesos donde deben estar todos los asesinos: pudriéndose en una celda.
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Un error judicial le permite salir bajo permiso y aprovecha para huir de nuevo a Venezuela el 13 de junio de 1995. Allí, su vinculación al movimiento Askapena —paralelo al abertzalismo vasco y muy cercano a Batasuna— le acerca a la Coordinadora Simón Bolívar y lo convierte en impulsor de la emisora de radio Al Son del 23, dirigida por mi camarada Juan Contreras, de la que se hace locutor y agente publicitario. Ahora es más fácil comprender el origen de los grafitis y murales a favor de ETA que pude grabar con mi cámara oculta en la parte trasera de edificio de la CCB...
Sebas Etxaniz Alkorta se convertirá en la segunda moneda de transacción diplomática entre Venezuela y España, tras su detención el 16 de diciembre de 2002 en el restaurante Txalupa.
En diciembre de 2004 la Audiencia Nacional condena a treinta y cinco años de cárcel a Sebastián Etxaniz por el asesinato, el 30 de diciembre de 1982, del jefe de la Policía Municipal de Barakaldo, José Aibar Yánez. Aunque posteriormente la misma audiencia absolverá a Sebas de las otras acusaciones, por haber prescrito los delitos. En mayo de 2005, por ejemplo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve a Etxaniz Alkorta de un atentado en 1982. La fiscal Blanca Rodríguez solicitaba para él una pena de cuarenta y dos años de cárcel, pero la Sección Primera de la Audiencia consideró que estos hechos estaban prescritos, no que el delito no se hubiese cometido. De hecho, la sentencia considera probado que en mayo de 1982 un comando constituido por Ángel Luis Hermosa Urra y otros terroristas disparó granadas anticarro y granadas antipersona, así como con fusiles, contra el acuartelamiento de la Policía de la calle Lasesarre, en Baracaldo (Vizcaya). La fiscal imputó a Etxaniz los delitos de depósito de armas de guerra, utilización ilegítima de vehículo de motor, atentado y lesiones graves y estragos, por su participación en los hechos.
La Sección Primera señala que cuando se reabrió el caso, a través del auto de 27 de octubre de 2004, ya habían transcurrido más de veinte años desde que se realizaron los hechos, en mayo de 1982. La sentencia recuerda que en febrero de 1995, cuando el acusado fue expulsado de Nicaragua, se reabrió el caso, el cual se volvió a archivar sin que se decretara el procesamiento de Etxaniz ni tampoco el sobreseimiento provisional respecto a él. «Aunque Sebastián Etxaniz Alkorta haya declarado en concepto de imputado sobre estos hechos, no puede entenderse que este procedimiento se haya dirigido, en aquel momento, contra él, porque su declaración en ese concepto de imputado se produce en otra causa, no en esta, y una vez que constó su contenido en este procedimiento no fue procesado», señala la sentencia.
De los siete etarras reclamados por Aznar a Venezuela en 2002, oficialmente la DISIP no fue capaz de localizar a ninguno, pese a que muchos de ellos son conocidos en los círculos más radicales de la izquierda chavista. Solo fue procesado Luis María Olalde Quintela, alias
Txistu
, y no porque le hubiese detenido la policía venezolana, sino porque en abril de 2003 el mismo Txistu se entregó a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de Venezuela. El etarra, natural de Azcoitia (Guipúzcoa), y de cuarenta y seis años en aquel momento, estaba acusado por las autoridades españolas de haber participado en 1979 en un atentado contra un vehículo de la Guardia Civil perpetrado por el Comando Urola, en el que murieron tres personas y otra resultó gravemente herida. Pero el 15 de mayo de 2003 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela negó la extradición y ordenó «libertad plena» para Luis María Olalde. Ante una noticia como esa, no es extraño que muchos etarras que permanecían huidos por todo el mundo viesen en Venezuela una esperanza de futuro. Ese mismo año, por ejemplo, era detenido en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam Alexander Casas Akarregi, miembro del Comando Vizcaya con orden de busca y captura, que se disponía a volar a Venezuela con un pasaporte falso a nombre de Joseba Alberdi Fernández.
Casas Akarregi se encontraba huido desde que, casi un año antes, sus compañeros Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga murieran en el barrio bilbaíno de Basurto al estallar la bomba que transportaban en un turismo alquilado por él. Según su ficha policial, el historial delictivo de Akarregi se remontaba a su participación en la
kale borroka
, hacia 1993. Todavía menor de edad, habría intervenido en la brutal paliza propinada al ertzaina Ander Susaeta durante la Semana Grande bilbaína por un numeroso grupo de radicales, al más puro estilo skinhead neonazi que tanto aseguran deplorar los antifascistas abertzales. En 2010, otros etarras serían detenidos mientras intentaban embarcar en un vuelo rumbo a Caracas...
En enero de 1995 se le condenó por estos hechos a dos meses de arresto mayor y a treinta días de arresto menor, por un delito de atentado y por una falta de lesiones. Un año antes de que se dictara la sentencia, en mayo de 1994, Akarregi fue detenido de nuevo, esta vez en relación a unos incidentes registrados en el juicio al militante de Jarrai Juan Carlos Tapia. Junto a él se encontraba Harriet Iragi, autor años después de tres asesinatos con el Comando Andalucía. En el momento de su detención en Ámsterdam, Casas Akarregi pretendía reunirse con sus camaradas vascos en el refugio venezolano. Pero no todos los etarras se sentían tan seguros en Venezuela. Y ese año menos aún. Porque en septiembre se producía una nueva repatriación de un etarra a España.
El 23 de septiembre de 2003 Venezuela entregaba a José Ramón Foruria, alias
Foru
, nacido en Markina el 13 de enero de 1949. Foru estaba acusado de colaborar con el Comando Éibar de ETA, que el 20 de septiembre de 1980 asesinó a cuatro agentes de policía que comían en un local. En enero de 2005 la Audiencia Nacional le condena a cuarenta años de cárcel. Las asociaciones de apoyo a los presos de ETA protestaron enérgicamente a partir de entonces porque se mantuviese a Foru en prisión pese a sus problemas de salud (cáncer de vejiga). Siempre me ha maravillado la sensibilidad que manifiestan sus defensores por las incomodidades que pueda sufrir en prisión alguien que no tuvo reparo en robar la vida a otros seres humanos y destrozar para siempre las de sus familias.
Paralelamente, en medios tan emblemáticos de la izquierda chavista como
Aporrea
, se condenaba el servilismo de Chávez para con el gobierno de Aznar al entregar a los independentistas vascos, muy bien considerados en los círculos bolivarianos.
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Y la Coordinadora Simón Bolívar protagonizó protestas, similares al asalto a la embajada española que yo viviría en 2008, para manifestar su apoyo incondicional a los etarras, y su desacuerdo con la política de Chávez al respecto. Esa actitud se repetiría en 2008, 2009 y 2010 con nuevas campañas, murales y grafitis de la CCB en apoyo a ETA. Cada vez que Chávez colaboraba con la justicia española en la lucha contra ETA, los radicales bolivarianos clamaban al cielo y los medios de comunicación antichavistas, que son casi todos, guardaban silencio.
La colaboración de Venezuela, al entregar a los tres etarras a España, acalló durante unos meses las críticas de la oposición, pero en noviembre de 2006 surge un nuevo escándalo que tuvo repercusión en toda la prensa internacional. A pesar de ser condenado por varios crímenes que no habían prescrito, los abogados de Sebastián Etxaniz y los de Juan Víctor Galarza, encabezados por Mario Alvarado, presentan una denuncia contra el gobierno de Venezuela por «repatriación ilícita» de sus defendidos, y a finales de año la prensa española primero y la del resto del mundo después divulgan la noticia de que el gobierno de Hugo Chávez ha autorizado una indemnización millonaria a los etarras Etxaniz y Galarza por su repatriación en 2002.
Según esta información, en el caso de Galarza la indemnización suma 132 000 euros en concepto de «daño moral por los sufrimientos causados a su persona y familiares» por los tres años que estuvo encarcelado tras la «deportación ilegal». En el de Etxaniz Alkorta, recibiría 193 000 euros más una pensión mensual de 750 euros para su pareja, actualizable sobre el IPC español, entre otras prebendas, «por las torturas recibidas». Además se afirmaba que cuatro de los etarras requeridos por España recibirían la nacionalidad venezolana «para evitar su extradición a España».
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