Authors: VV.AA.
La renuncia a las conquistas en pro de esos derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, es el atentado más peligroso para una democracia que aspira a consolidar un liderazgo moral en la esfera internacional. Los que han propiciado esto no pasarán a la historia como aquellos que defendieron a los más necesitados de protección sino como los que facilitaron la impunidad de los perpetradores de las mayores masacres de la historia. Ésta es la realidad de una España que permite la existencia de cientos de miles de víctimas sin reconocerles la categoría de tales. Su olvido es su vergüenza.
En la sociedad globalizada actual, junto a los avances de la técnica y de los nuevos mecanismos de comunicación que han devenido en instrumentos indispensables para la democratización de las estructuras de participación y que están cambiando la relación de los ciudadanos con sus representantes, se han desarrollado las lacras de la guerra, del terrorismo, del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico, de la violencia de género, de la xenofobia, de la intolerancia, de la exclusión, del racismo y de la impunidad. Frente a todas ellas los jueces deben asumir un papel protagonista, abandonando la vieja función de meros mediadores de normas. Deben ser profesionales dinámicos, científicamente preparados, responsables, de firmes convicciones democráticas, informados y esencialmente comprometidos con la sociedad a la que sirven para defenderla, sea cual sea el poder al que se enfrenten, de aquellas amenazas.
La J
USTICIA
no sólo hay que aplicarla sino que también los ciudadanos deben percibirla así para ganar confianza en el sistema al comprobar que la independencia y la imparcialidad judiciales son una realidad y una garantía razonables. Es esa razonabilidad la que debe impregnar el ejercicio de la profesión de juez por encima del sectarismo ideológico, la cobardía, el miedo o la sumisión al poder político, orgánico o económico de turno.
Para desarrollar esa difícil labor, sobre todo cuando ésta se desempeña en su más alto grado, la dedicación a la misma no puede ser a tiempo parcial, ni puede estar contaminada por relaciones con colegios profesionales, empresas, despachos, entidades y personas con los cuales puede tener una relación de administración de Justicia. La integridad no sólo debe ser una afirmación en la carrera judicial, sino, sobre todo, un hecho constatable y fuera de toda duda. Hay que recuperar la imagen inmaculada del juez y para ello la sociedad debe exigir transparencia en la actuación y una evaluación permanente de la labor desarrollada por los operadores del Derecho.
L
A INDEPENDENCIA JUDICIAL
La independencia judicial es una necesidad en una sociedad democrática, pero no es un privilegio de unos pocos, sino una obligación anudada a la responsabilidad y la legalidad. El juez independiente es un juez responsable. Pero esa independencia debe proclamarse tanto hacia fuera como hacia dentro respecto de los organismos y de las estructuras que gobiernan y dirigen la Administración de Justicia. El diseño de cualquier carrera judicial permite que puedan existir jueces subjetivamente subordinados al poder interno, cuando, frente a sus requerimientos, asumen no incomodar a aquellos que deciden las promociones, los nombramientos y los reconocimientos profesionales. Por eso ningún cargo judicial debería ser vicario de una determinada asociación ni vitalicio, en especial en la cúspide de la pirámide, porque esa circunstancia puede derivar o generar un poder corporativo que al carecer de contrapeso equivalente puede producir inseguridad jurídica en quienes están bajo la vigilancia jerárquica de quien impone una especie de dependencia interpretativa de la ley y dominan esa instancia. Ello, de hecho, puede conducir a la eliminación de la libertad y de la autonomía en la interpretación de las normas en instancias inferiores.
La amenaza de que una determinada forma de interpretar las normas se criminalice, cuando contradice esa interpretación oficialista, es suficiente para acabar con la independencia judicial.
Pero la reacción ciudadana no debe limitarse a denunciar los déficits de la Administración de Justicia —cuyos titulares, con carácter general, hacen una buena aunque insuficiente labor en los ámbitos civil, penal, social y contencioso—, sino principalmente a exigir a aquellos que no son capaces de ofrecer soluciones creíbles y que actúan por intereses particulares, políticos o corporativos en la designación de los cargos judiciales o constitucionales que asuman su labor democrática en favor del servicio público y en defensa de la Constitución. No pueden continuar sin hacerse efectivos los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo porque los intereses políticos de los grandes partidos lo impidan. Esta parálisis demuestra por una parte que se antepone el interés privado de un partido político determinado que cuenta con la aparente sumisión del candidato por encima de la exigencia del correcto funcionamiento democrático de las instituciones y por otra que priman esos intereses asociados sobre la necesidad de que el máximo órgano de la justicia constitucional funcione al completo. Debería introducirse un mecanismo según el cual existiera un tiempo máximo preceptivo para tales designaciones y en caso de no cumplirlo se exigieran responsabilidades políticas al más alto nivel.
Por último y aunque ya he mencionado el tema de los medios de comunicación hay una cuestión que me interesa resaltar y es el papel que desempeñan éstos en el campo de la Justicia, y cómo conjugar los intereses de la información con la defensa de los derechos de los justiciables, sobre todo en las causas penales.
Por desgracia en España no existe ningún mecanismo de regulación de estas situaciones entre las estructuras afectadas. Los jueces y los fiscales y demás funcionarios judiciales y policiales, expertos, etcétera no firman a la toma de posesión de su cargo ninguna cláusula de confidencialidad; tampoco lo hacen los profesionales del derecho; y por su parte los medios carecen de códigos al respecto. De modo que todos están sometidos a las normas generales de la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al Código Penal. En principio esto debería ser suficiente, pero no lo es.
Resulta ciertamente desalentador comprobar el poco ánimo de respetar el secreto sumarial por parte de los primeros como la poca voluntad de racionalizar la información sobre causas judiciales por parte de la mayoría de los segundos.
Así, en una especie de carrera de velocidad, el primer grupo compite facilitando información, muchas veces poco objetiva, y el segundo la utiliza en función de los propios intereses, y todos contribuyen a que la Administración de Justicia se degrade y no deje de ser una de las instituciones peor valoradas por los ciudadanos españoles y a que se destruya la credibilidad de la misma en sus actuaciones. Nadie o muy pocos tienen en cuenta los derechos en juego. El respeto de los mismos no impide faltar a la verdad, intoxicar e incluso manipular para obtener una información exclusiva o adecuada al propio interés defendido. En el camino se pierde la eficacia y la seriedad de una institución básica del Estado.
Frente a esta realidad los ciudadanos debemos reaccionar rechazando el juego perverso de los que juegan y comercian con el engaño y se aprovechan de la posición de debilidad que algunos afectados padecen. La falsedad de algunas informaciones, conscientemente aireadas por los que las propalan, debería ser inmediata y obligatoriamente reparada ante el desmentido por el responsable de la investigación, porque cuando así no se hace los acontecimientos posteriores exculpatorios en el seno de la causa penal no impedirán el daño ya consumado en la persona afectada.
E
L PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Por todo lo anterior es preciso
REACCIONAR PARA AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN
de cambios sustanciales y definitivos que contribuyan a generar una conciencia clara que evite la destrucción de la sociedad actual como comunidad de encuentro y solidaridad.
Es el momento de que la
SOCIEDAD CIVIL ACTÚE UNIDA
, mano con mano, hombro con hombro, como en las grandes ocasiones en las que ha sido convocada a salvar la situación. Hoy es el momento en el que, más allá del esfuerzo diario de sobrevivir, debemos ser capaces de poner fin a las acciones de los que quieren aprovecharse de las instituciones, corrompiéndolas y destruyéndolas, y de conseguir su expulsión de la vida pública.
Es ciertamente el tiempo
DE REIVINDICAR
la presencia y puesta en práctica en la vida pública de los
VALORES BÁSICOS
que conforman la convivencia en democracia.
Es el momento de
EXIGIR UNA VERDADERA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
de los jueces, pero también de exigir
PROBIDAD E INTEGRIDAD
de los mismos ahuyentando cualquier forma de presión jerárquica que limite aquellos valores.
Es también la hora de
DENUNCIAR EL ANQUILOSAMIENTO
de ciertas instituciones por culpa de intereses de partido.
Es la definitiva ocasión de
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE
,
INCLUSIVA
,
DEMOCRÁTICA Y EN PAZ
, y en la que todos asumamos, sin trampas, la erradicación de la violencia como mecanismo de participación política y el respeto a la diversidad en una sociedad universal.
También es indispensable un verdadero
CONTRATO DE LOS POLÍTICOS CON LOS CIUDADANOS
ante los que, en forma directa y sin intermediarios, rindan cuentas de su actuación política, abandonando los escudos que hoy encuentran en las burocracias de los aparatos de los partidos y hacerlo sin regates cortos ni trampas.
Es el momento, en fin, de encontrar el
EQUILIBRIO ENTRE LIBERTAD
,
DEMOCRACIA
,
SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
.
Mis últimas palabras van dirigidas a los que dedican su esfuerzo a luchar por la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de tantas atrocidades, y que a veces son olvidadas, denostadas, culpabilizadas o tratadas de forma selectiva. Todo esfuerzo es poco para conseguir una auténtica reparación. Todas las instituciones y los responsables públicos y, más aún, toda la sociedad estamos obligados a comprometernos hasta que definitivamente se obtenga esa meta.
«Las víctimas nos muestran el camino que debemos seguir si queremos recuperar nuestra dignidad, porque ellas nunca la perdieron»
[3]
.
A
RTÍCULOS
Todo ciudadano/a tiene derecho a una política honesta y sin corrupción ejercida por representantes directamente elegidos por el pueblo.
Todo ciudadano/a tiene derecho a una justicia independiente e imparcial, responsable y comprometida con la sociedad, que otorgue a las víctimas una verdadera reparación y protección de sus derechos.
Todo ciudadano/a tiene derecho a unos medios de comunicación libres, alejados de la manipulación y que ofrezcan información veraz y contrastada.
Juan Torres López es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Málaga ha sido director de Departamento, vicedecano en dos ocasiones, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Ha ocupado también el cargo de secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Es miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Sobre la crisis actual ha escrito los libros
Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera
, con Lina Gálvez Muñoz, y
La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?
, y más de un centenar de artículos descubriendo y divulgando sus entresijos. Además de publicar otros libros y numerosos artículos científicos y de divulgación y análisis político, ha impartido clases y ha dictado conferencias en diversas universidades e instituciones y colabora de forma habitual con sindicatos y organizaciones sociales y políticas de todo tipo.
Blog.
Ganas de escribir:
www.juantorreslopez.com
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz titula los capítulos cuatro y cinco de su libro sobre la crisis
Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial
de forma bien significativa: «El fraude de las hipotecas» y «El gran atraco estadounidense». Me parece que lleva razón porque los engaños y las mentiras continuadas que vienen acompañando a la crisis son su principal característica.
En este texto quisiera referirme a algunas de estas mentiras, a las que me parecen más escandalosas y que más han circulado precisamente porque eran las más efectivas para lograr el fin que se pretendía divulgándolas: la desmovilización ciudadana ante el reforzamiento del poder de los de siempre. Algo que sólo se puede conseguir si se le oculta a la gente lo que de verdad sucede y si al mismo tiempo se desvía su atención de los asuntos capitales a los más intrascendentes o si se crea un clima de shock, de temor y de incertidumbre.
«E
STO ES POCA COSA, UNA SIMPLE PERTURBACIÓN FINANCIERA
»
Los dirigentes y responsables políticos y económicos más poderosos trataron de quitar importancia desde el primer momento a la crisis que se venía encima. El presidente del Gobierno español negó durante largo tiempo que hubiera crisis; una desaceleración si acaso, decía. En el mes de junio de 2007, cuando ya se había empezado a mostrar la calamitosa situación de la banca hipotecaria de Estados Unidos, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional hablaba de «la favorable situación económica mundial» y el director gerente, el español Rodrigo Rato, afirmaba en agosto que la economía internacional hacía frente a «turbulencias en los mercados financieros» pero que «mantendrá su buena marcha». En octubre de ese mismo año el Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional expresaba en un comunicado que la economía mundial «continúa estando respaldada por puntales económicos sólidos» (Las referencias de estas declaraciones y de los datos que ofrezco en este texto pueden encontrarse en mi libro
La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?,
2010).
El Banco de España también difundía este tipo de opiniones. En el Informe Anual de 2007 (escrito a mediados de 2008) todavía se refería a lo ocurrido en el año analizado como un «episodio de inestabilidad financiera» y sólo señalaba «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía» pero «en horizontes más alejados».
¿Estaban en la inopia los funcionarios mejor pagados del mundo, los economistas más reputados eran simplemente ignorantes e incompetentes o sencillamente mentían?
Seguramente sufran una mezcla de todo ello.
Como dice Joseph Stiglitz, es lógico que los banqueros centrales no hicieran un análisis realista de la situación porque sólo leen lo que les da la razón. El análisis diferente al suyo simplemente no existe para ellos. Como tampoco cuenta para los economistas pagados por las grandes empresas y los bancos (como en España ocurre con los 100 famosos que trabajan financiados por ellos en torno a FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que no tienen en cuenta más que el pensamiento que les da la razón y nunca el que muestra tesis diferentes a las suyas. Es muy fácil comprobar que hay una doctrina económica oficial que se repite en los centros de poder, en las universidades y en los medios de comunicación sin dar entrada a enfoques que la pongan en cuestión. Eso es lo que explica que esos dirigentes y economistas liberales se hayan acostumbrado a mirar el mundo sólo a partir de sus postulados y que al llegar la crisis no tuvieran en cuenta a quienes, desde otro tipo de análisis más realistas, advertían del peligro.
Pero aun así es difícil creer que se trate sólo de un simple desconocimiento si se tiene en cuenta que insistían en quitar importancia a los hechos cuando esas advertencias eran ya casi un clamor generalizado.
«N
ADIE PUDO PREVER LA CRISIS
. S
E NOS ECHÓ ENCIMA DE REPENTE
»
La crisis se podía prever fácilmente y se previó por muchos economistas por la sencilla razón de que no ha sido un caso aislado ni mucho menos. De 1945 a 1970, cuando había control de capitales y un claro predominio del capitalismo nacional basado en la producción de bienes y servicios, las crisis financieras se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. Pero desde esa fecha, y sobre todo a medida en que se fueron liberalizado los mercados financieros para dar plena libertad a los movimientos de capital, las crisis financieras de todo tipo se han hecho casi una constante: los economistas Gerard Caprio y Daniela Klingebiel han contabilizado en un estudio para el Banco Mundial 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países desde 1970 hasta 2003, y 113 episodios de estrés financieros en 17.
Muchos economistas adelantaron lo que iba a ocurrir o incluso advirtieron a sus autoridades de lo que se estaba gestando. Pero lo que ocurrió fue que éstas se cruzaron de brazos sencillamente porque lo que buscaban no era servir a los intereses públicos sino a las grandes empresas y corporaciones financieras que sólo querían cada vez más libertad de movimientos y menos control y supervisión, es decir, que las autoridades miraran a otro lado. Dos casos individuales pueden servir como prueba de lo que digo para no tener que mencionar docenas de referencias bibliográficas.
El primero es el de Brooksley Born, que fue presidenta de la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos a finales de la década de 1990. Compareció numerosas veces ante el Congreso de Estados Unidos para reclamar la regulación de los llamados productos derivados (como las hipotecas basura que se iban transformando en sucesivos productos para los mercados especulativos) por considerar que estaban resultando excesivamente peligrosos para la estabilidad financiera. Pero no obtuvo nada más que negativas y votos en contra de los dirigentes económicos conservadores de las administraciones de Clinton y Bush. Era mujer y sensata y la despreciaban: «Greenspan dijo a Brooksley que ella esencialmente no sabía lo que estaba haciendo y que podía causar una crisis financiera», reconoció más tarde uno de los directivos de esa Comisión, según hemos narrado Lina Gálvez y yo en nuestro libro
Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera
(2010).
El segundo caso es el del gobernador del Banco de España nombrado por el Partido Popular, Jaime Caruana, y del ministro español de Economía Pedro Solbes. Ambos negaron en su momento que los problemas económicos que aparecían en el horizonte tuvieran excesiva gravedad a pesar de que, según se ha sabido después, los dos habían sido advertidos del peligro nada más y nada menos que por los inspectores del Banco de España. Es cierto que éstos no les anunciaron expresamente una crisis como la que poco después se produjo pero ¿qué otra cosa se podía esperar cuando se estaba produciendo lo que ellos denunciaban?: la «complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato»
(El Mundo,
21 de febrero de 2011).
Curiosamente pocas semanas después de que los inspectores denunciaran ese comportamiento de Caruana, éste fue sustituido y destinado al Fondo Monetario que ya dirigía Rodrigo Rato. ¿Porque ninguno de los dos se enteraba de nada o porque ambos sabían demasiado?
«E
STAMOS DECIDIDOS
(...)
A ALCANZAR LAS REFORMAS NECESARIAS EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS MUNDIALES
»
La frase aparece en el documento de conclusiones de la primera reunión del G20 sobre la crisis. Parecía muy firme pero lo cierto es que también los líderes mintieron entonces cuando se mostraban tan decididos a actuar porque casi dos años y medio después las reformas
necesarias
brillan por su ausencia.
En aquella primera cumbre del G20 dijeron: «Las instituciones financieras deben cargar asimismo con su responsabilidad en la confusa situación actual y deberían asumir la parte que les corresponda para superarla, lo que incluye reconocer sus pérdidas, aumentar su transparencia y mejorar sus prácticas de gobierno interno y gestión del riesgo».
Un año después el propio Fondo Monetario reconocía que la mitad de las pérdidas de los bancos no habían aflorado. Tras la cumbre, y en lugar de aumentar la transparencia de la banca, las autoridades permitieron que valorase sus activos deteriorados a precio de adquisición y no al actual de mercado, lo que supone un engaño gigantesco a sus clientes y al conjunto de la sociedad. Los cambios acordados para dar algo más de solvencia al sistema bancario pero sin cambiar su
modus operandi
se han dejado para dentro de algunos años, si es que se llegan a adoptar; y, como todo el mundo sabe, en lugar de hacer que los bancos cargaran con su responsabilidad se adoptó el criterio de que había que salvarlos. Los líderes que dijeron a la sociedad que estaban decididos a poner fin a «la era de la irresponsabilidad», palabras de Obama, terminaron por «no tocar nada» (según una persona tan poco sospechosa como Felipe González) y dar billones de dólares y euros a los irresponsables que han terminado por endeudar a los Estados y por «incubar una nueva crisis dentro de cinco años», según el ex presidente socialista
(El Economista
, 28 de octubre de 2009).
En su discurso sobre el estado de la Nación de 2009 Obama afirmaba con grandilocuencia: «No podemos volver al
statu quo
. Tenemos que poner fin a la especulación irresponsable». Año y medio más tarde los especuladores siguen practicando terrorismo financiero (la expresión es del presidente de la Junta de Andalucía), han puesto contra las cuerdas a naciones soberanas y los organismos internacionales denuncian que de nuevo provocan en los mercados de materias primas subidas especulativas de precios que darán lugar a millones de muertes adicionales por falta de alimentos. Pero siguen campando a sus aires sin que las autoridades hagan nada para pararles definitivamente los pies.
El G20 también prometió «erradicar los paraísos fiscales», en palabras de Rodríguez Zapatero al iniciarse una de las cumbres, y «acabar con la era del secreto bancario». En lugar de hacerlos desaparecer lo que se ha conseguido es suavizar la definición más estricta de paraíso fiscal que elaboró la OCDE en 2000 mientras que el secreto bancario sigue practicándose sin problemas.
Era mentira que esos líderes estuvieran decididos a acabar con la «irresponsabilidad» de la banca, de las grandes empresas y de los especuladores. Lo que han hecho ha sido justamente lo contrario, han trabajado para ellos y el resultado está a la vista: todo sigue prácticamente igual y sus beneficios se disparan mientras que bajan los salarios y aumenta y se encarece la deuda que habrán de pagar las personas corrientes por su culpa.
«H
AY QUE SALVAR A LOS BANCOS
»
El origen más inmediato de la crisis y su desarrollo es bien sabido. Aprovechando la burbuja inmobiliaria y para obtener cada vez más recursos para seguir creando deuda, que es el negocio de los bancos, éstos vendían los contratos hipotecarios. Pero lo que se inició como un negocio bueno y seguro que daba rendimientos extraordinarios a inversores de todo el mundo comenzó a cambiar cuando los bancos empezaron a colocar en los mercados millones de hipotecas muy arriesgadas de personas que dejarían de poder pagarlas si cambiaba a peor su situación. Cuando esto ocurrió, las iniciales hipotecas y los sucesivos productos que se iban creando a partir de ellas se convirtieron en basura financiera que arruinaba a quien hubiera invertido en ellas como les pasó a miles de bancos e inversores.
En lugar de dejar que los bancos que habían actuado irresponsablemente quebrasen, como le suele ocurrir a cualquier empresa, las autoridades cedieron a su poder y los salvaron: les proporcionaron cientos de miles de millones de euros para que resolvieran lo que decían que era un problema pasajero de liquidez y pudieran volver a ofrecer crédito a las empresas y consumidores. Pero eso era un diagnóstico equivocado o, mejor dicho, concebido sólo para hacer lo que convenía a los bancos. En realidad éstos no tenían una carencia temporal del liquidez sino que habían perdido en la ruleta financiera todas sus apuestas, estaban quebrados y el dinero que recibían de los gobiernos y los bancos centrales caería en saco roto, sólo serviría para tapar de forma parcial el agujero gigantesco que tenían y siguen teniendo, y no se destinó a financiar la creación de actividad y empleo. Eso provocó que miles de empresas cerraran y que aumentara el desempleo en todo el mundo, una situación que en España se agravó porque la falta de financiación y de demanda hizo estallar la burbuja inmobiliaria y que se perdiera gran parte del empleo que se había creado en el sector de la construcción y en actividades afines.
Cuando salvar a la banca (a los banqueros que habían provocado la crisis) no sólo resultó insuficiente sino que agravó el problema de falta de actividad y desempleo, los gobiernos no tuvieron más remedio que poner en marcha programas masivos de gasto para evitar el colapso de las economías. Con ellos se frenó su caída pero, al ser insuficientes y no estar acompañados de la recuperación del crédito bancario, ni de controles del capital especulativo, ni de las reformas financieras necesarias, no lograron que la actividad volviera a los niveles anteriores a la crisis. Es más, se provocó así un problema adicional: una nueva explosión de la deuda, es decir, un nuevo meganegocio bancario.
El incremento del gasto público para salvar a la banca, por un lado, y para evitar el colapso, por otro, añadido a la pérdida de ingresos públicos como consecuencia de la menor actividad económica, produjeron un incremento extraordinario del déficit y de la deuda pública. Los Estados recurrieron a fuentes de financiación igualmente extraordinarias.