Authors: VV.AA.
En Estados Unidos y Reino Unido sus respectivos bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, se dispusieron enseguida a financiar a sus gobiernos, proporcionando créditos de diferentes tipos, comprando su deuda o simplemente creando más dinero. El Banco Central Europeo, dominado por tesis mucho más torpes, fundamentalistas y cómplices con los bancos privados, no lo hizo y obligó a que los gobiernos tuvieran que resolver esa circunstancia extraordinaria recurriendo a los mercados, es decir, a los mismos bancos y fondos financieros que provocaron la crisis y que, al contrario que los gobiernos, tenían barra libre en el Banco Central Europeo para disponer de liquidez. Sólo cuando la presión especulativa había hecho caer a Grecia e Irlanda, y Portugal y España estaban amenazadas en firme, decidió intervenir el Banco Central Europeo comprando deuda, aunque de forma tardía, tímida y vergonzante.
Con la abundante liquidez que recibían de los bancos centrales al 1 por ciento los bancos y los fondos especulativos pudieron disfrutar de una posición de privilegio y de poder frente a los gobiernos y eso les permitió imponerles condiciones para suscribir su deuda. Los obligaron a abandonar los programas de rescate de la economía y a que en su lugar aplicaran las medidas liberalizadoras que venían esperando conseguir desde hace años a pesar de que no tenían nada que ver con los problemas que habían originado la crisis: o se aplicaban nuevas reformas del gasto público recortando derechos sociales, del mercado de trabajo para facilitar la posición y el beneficio de las grandes empresas, de las pensiones para incentivar al máximo la presencia de los bancos y seguros privados, o de los servicios públicos para ponerlos a disposición del capital privado o no habría financiación. Y si no la daban ellos, se tendría que recurrir al Fondo Monetario que la prestaría pero con las mismas o peores condiciones.
Al final ha quedado demostrado que la idea de que era necesario salvar a los bancos para poner a salvo a la economía era otra mentira. Con ello no se iba a garantizar que se recuperase la actividad y el empleo sino sólo que se reforzara el poder financiero y político de los banqueros y los especuladores que era lo que éstos buscaban y lo que finalmente se ha conseguido. Cuando lo han recuperado con la ayuda de los gobiernos y con el dinero de la gente, han vuelto a las andadas, renovando sus ataques especulativos e imponiendo a los gobiernos nuevas medidas de reformas y sometimiento.
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ARA SALIR DE LA CRISIS Y CREAR EMPLEO HAY QUE REFORMAR EL MERCADO DE TRABAJO
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LIMITAR EL GASTO PÚBLICO Y REFORMAR LAS PENSIONES
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Otro engaño que acompaña la crisis consiste en decir a la población que lo que hay que hacer para superarla es llevar a cabo las reformas orientadas a recortar los derechos sociales que se vienen realizando.
Es mentira que haya que disminuir el gasto para salir de la crisis porque los déficit y la deuda no se han producido porque los gobiernos sean unos manirrotos y el gasto social sea excesivo, como suele divulgar la opinión neoliberal predominante. En España había superávit presupuestario antes de que estallase la crisis y nuestro gasto social está casi veinte puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Es al revés, para salir de la crisis hace falta más demanda, más capital social y más gasto orientados, eso sí, con equidad y hacia una actividad económica y un modo de vida sostenibles.
Es también mentira que la reforma laboral que se aprobó siguiendo las propuestas de la gran patronal y la banca sea conveniente para disminuir el paro y salir de la crisis.
Puede ser que a una empresa en concreto le convenga que el coste del trabajo (salario y cotizaciones sociales) sea más reducido. Pero para todas las empresas en su conjunto la caída de la masa salarial es perjudicial porque el salario se transforma prácticamente en su totalidad en demanda para las empresas, de modo que cuanto menor sea menos ventas y menos beneficios tendrán.
A diferencia de lo que sostienen los economistas neoliberales financiados por la banca y la gran empresa, es mucho más razonable asumir que por mucha reforma laboral que se haga para abaratar el despido o para facilitar la negociación a las empresas o la contratación, si las empresas no disfrutan de demanda, si no venden lo que producen porque no hay poder adquisitivo suficiente, no crearán empleo alguno. Las grandes empresas pueden encontrar demanda en mercados internacionales y por eso apuestan por bajar la masa salarial en España pero las pequeñas y medianas (que son las que crean prácticamente la totalidad del empleo) resultan en realidad perjudicadas cuando se beneficia a las grandes con este tipo de reformas porque ellas necesitan un amplio mercado interno para salir adelante.
Además es mentira que el problema del empleo en España esté en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de actividades de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del gran poder que tienen las más grandes que operan preferentemente en mercados globales, en la falta de formación de gran parte de la población y en la escasez de capital social que pueda dinamizar la formación y la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, o en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Los problemas que hay que plantear para poder crear empleo son éstos y no los del coste salarial o del despido.
También se ha aprovechado la situación de amenaza de los mercados para sacar adelante nuevos recortes en el sistema público de pensiones, siempre con el objetivo de disminuir su poder adquisitivo y así hacer más necesario el ahorro privado que controlan los bancos.
Detrás de los argumentos que de forma habitual oímos para recortar las pensiones hay también numerosas mentiras que se quieren convertir en verdades sólo a base de repetirlas.
Es cierto que el gasto público en pensiones aumenta normalmente a medida que envejece la población porque depende del número de pensionistas, que suele ser mayor cuanto mayor sea la longevidad de la población, y de la cuantía de la pensión que reciban, lo que suele venir de la mano del desarrollo social. Pero también ocurre, aunque esto se lo suelen callar quienes difunden el alarmismo demográfico, que a medida que se va dando este proceso de desarrollo aumenta también la productividad, de modo que un volumen de personas empleadas cada vez menos numeroso puede sostener con su actividad a mayor número de personas inactivas.
Se engaña a la gente cuando en lugar de contemplar esas dos circunstancias de manera conjunta (aumento del gasto y de la productividad) se insiste en la primera como el origen de un futuro desastre financiero afirmando que el envejecimiento continuado de la población hará que llegue un momento (ahora dicen que en torno a 2050) en el que el gasto público en pensiones (dado el número de pensionistas y la «generosidad» de nuestras pensiones) será insoportable, deduciendo entonces que no queda más remedio que empezar ya a reducir la cuantía de la pensión (ampliando el periodo de cálculo) y el número de pensionistas (aumentando la edad de jubilación).
Se miente porque, si de verdad se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, que depende tanto de sus gastos y de sus ingresos, no se deberían poner sobre la mesa sólo propuestas para la reducción de los gastos sino también otras dirigidas a incrementar los ingresos del sistema. Lo lógico sería hablar también de los factores de los que dependen estos últimos: cómo aumentar el empleo y sobre todo el de la población femenina, cómo aumentar el peso de los salarios en la renta total para que así haya más capacidad de aportar cotizaciones sociales, o cómo incrementar la productividad. O incluso, aunque es un mecanismo de financiación de las pensiones públicas a mi juicio menos adecuado, cómo mejorar el sistema fiscal para hacer ingresos al sistema por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.
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Todas éstas no son las únicas mentiras. Las autoridades y los financieros mintieron antes de la crisis cuando afirmaban que los mercados serían capaces por sí solos de hacer frente a cualquier riesgo financiero. Mintieron las agencias de calificación al calificar como buenas las hipotecas basura que difundían sus clientes. Mienten los líderes políticos y los economistas que trabajan financiados por la banca y las grandes empresas cuando dicen que hay que privatizar las cajas de ahorros para salvarlas, cuando han sido los bancos privados los causantes de la crisis y lo que hay que hacer, por el contrario, es disponer de una banca pública que no reproduzca sus irresponsabilidades. Mienten los que no han acertado nunca haciendo previsiones ni adelantándose a la crisis y ahora nos dicen que saben lo que pasará con las pensiones dentro de cincuenta años o lo que hay que hacer para salir de ella. Mienten sin parar.
Pero no han sido sólo los poderosos los que han engañado. Se han engañado también a sí mismas todas las personas que permanecen impasibles frente a tanta mentira creyendo que sólo se trata de un incidente, de una mala noche en una mala posada, del que nos sacarán los gobiernos como lo han hecho en otras ocasiones porque, al fin y al cabo, nunca pasa nada y siempre se termina volviendo a vivir como antes. Pueden cerrar los ojos y seguir engañándose pensando que a ellas no les va a afectar o que sus problemas se solucionarán pronto. Pero más les vale ser realistas y darse cuenta de que tienen que reaccionar porque lo que ocurre es que se nos está viniendo encima el edificio que ingenuamente creímos que era confortable y seguro. Vienen a por todos nosotros y no van a parar hasta que lo tengan todo si no les hacemos frente.
Las mentiras y el fraude están claros así que lo que conviene hacer también lo está: dar la vuelta a lo que nos vienen diciendo. Es decir, frenar el poder político de la banca impidiendo que acumule privilegios económicos y que se adueñe de medios de comunicación y de universidades. Hay que poner firmes a los banqueros y someterlos al poder representativo, es urgente someter las finanzas a la voluntad ciudadana y a las necesidades sociales, primar la creación sostenible de riqueza tasando las transacciones financieras y controlando los movimientos especulativos del capital, imponer principios imperativos de justicia fiscal global y someter todas las decisiones económicas al debate social auténticamente democrático y participativo. Hemos de reclamar que se investigue el comportamiento y la responsabilidad de los banqueros que produjeron la crisis y que engañaron a miles de clientes y el de las autoridades, como el mencionado Caruana, que ocultaron lo que se gestaba y permitieron que la economía se viniera abajo para que los bancos y las grandes empresas siguieran saliendo a flote. Hay que impedir que miles de familias sigan perdiendo sus casas y sus patrimonios por la avaricia y los engaños de la banca y hay que poner fin a las políticas de recortes de derechos porque no es verdad que nos vayan a sacar del hoyo donde nos han metido los multimillonarios y los grandes capitales, sino que nos van a hundir más aún. Hay que salir a la calle a reclamar justicia y poner fin a tanta mentira.
Aún está usted a tiempo. ¡No se deje engañar más y reaccione de una vez!
Àngels Martínez i Castells ha sido doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona desde 1976 hasta 2008. Ha escrito sobre género, deslocalizaciones industriales, salud pública, inmigración y ciudadanía. En la actualidad es presidenta de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública.
Blog.
Punts de vista:
http://angelsmcastells.nireblog.com
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A LÓGICA DE LAS PRIVATIZACIONES
Existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro. Procede de nuestros impuestos, de nuestra contribución a la sociedad para que desde la política se puedan aminorar las desigualdades y toda la población disponga de los bienes y los servicios públicos que garantizan mayor equidad y mejor calidad de vida. Para que se desarrollen y progresen los derechos civiles, políticos y económicos de todos. Bueno, ya me perdonarán el mecanicismo, pero eso era más o menos así —por lo menos en Europa— hasta que se derrumbaron todas las murallas de contención de los capitales industriales y financieros y comenzó la gran carrera privatizadora.
Por lo que a las empresas públicas se refiere, seguimos oyendo la versión dominante (les ahorro las de otras escuelas económicas) de que lo privado es más eficiente que lo público. A pesar de que Stiglitz y otros denuncian este engaño como una de las grandes falacias de nuestro tiempo se repite machaconamente como argumento indiscutible con el fin de que los capitales privados dispongan de nuevas bandas de expansión a costa de lo que es de la ciudadanía, pagado con los impuestos de la ciudadanía. De hecho, a lo que más se parece la privatización de empresas públicas en muchos casos es a un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal.
A la avidez de empresarios privados se une la visión miope y poco democrática de los políticos echando mano de lo público como si les perteneciera en exclusiva para servir intereses de parte y conseguir ingresos a corto plazo (ingresos que muchas veces se convierten en subvenciones millonarias, a fondo perdido, para las mismas empresas privadas que difunden el embuste de la poca eficiencia de las empresas públicas). Hay mil y una maneras de privatizar, y mil y una maneras de disimular la piratería.
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Las privatizaciones pasaron a ser consigna política de primer orden con el Consenso de Washington (1990). Grandes poderes reunidos en cónclave: Banco Mundial, FMI, políticos y altos funcionarios, la Reserva Federal y los
think tanks
. Como primer objetivo, pensar políticas para mantener abiertas las venas de América Latina. Su equivalente para Europa se denominó Consenso de Bruselas. ¿Qué implicó?: recorte del gasto público, reformas tributarias (en la línea de que los ricos paguen menos impuestos) y limitación del déficit. ¿Y en qué se tradujo? Junto con otros factores, con la llegada de la crisis, en las altas tasas de paro en Europa (superiores al 10 por ciento). En España ha sido peor: la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento y del 40 por ciento para la población de menos de 25 años.
Un hito destacado en todo el proceso desregulador lo protagonizó Bill Clinton. En 1999 decide abolir definitivamente la Glass-Steagall Act de Roosevelt que desde 1933 separaba la banca comercial de la de inversión e impedía que el capital financiero creciera hasta la hipertrofia. Con su desaparición se abre una distancia cada vez mayor entre la economía financiera y la real. Desde finales de la década de 1970 la distribución de la renta —entre las del trabajo y las del capital— se inclina cada vez más a favor de los beneficios y afecta a lo que Keynes llamó «demanda solvente», es decir, la posibilidad de que se venda (y se cobre) todo lo que se produce. Desde la década de 1990 los salarios han disminuido su participación en la distribución de la renta a costa de los beneficios. Las caídas son vertiginosas en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En concreto en este país han perdido diez puntos, según datos
de la Comisión Europea, Anexo Estadístico de la Economía Europea, primavera de 2010.
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L MUNDO EN VENTA
. L
A RELACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO: PRIVATIZACIONES Y PIRATERÍA
Me parece necesario insistir en los antecedentes más vergonzantes de la oleada privatizadora, comenzando con el Chile pinochetista, la gran probeta experimental de las políticas de la Escuela de Chicago. Según un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados chilena llegó a significar para el país una pérdida de 6.000 millones de dólares. Fueron vendidos a manos privadas 15.888 inmuebles de Bienes Nacionales, se reprivatizó el 80 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria y 725 empresas públicas pasaron a ser controladas, a precios simbólicos, por grupos económicos creados y consolidados durante la dictadura pinochetista, afortunados amigos del régimen.
Si dedico estos párrafos al proceso chileno es porque creo que reúne, de manera descarnada, todos los elementos de la teoría del shock
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que en otras situaciones se han conseguido enmascarar al encontrar justificaciones más amplias y sofisticadas. En primer lugar la privatización surge de una violencia extrema previa, la del golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y de tantas y tantas personas que lucharon por la defensa de la democracia constitucional chilena. En segundo lugar implica la tergiversación de la ley en beneficio de unos pocos, la corrupción aceptada, la creación de una clase social que vive de la sumisión de la política a sus intereses particulares. Algo parecido sucede en otros países; por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas públicas soviéticas ha surgido la actual mafia dirigente del Estado ruso con las enormes desigualdades de renta y riqueza que asolan el país.
Tampoco fue menor la violencia moral y real que supusieron las progresivas privatizaciones en Portugal que acabaron con el proceso revolucionario iniciado el 25 de abril de 1974. Una de las más dolorosas fue la que arrasó la Reforma Agraria portuguesa, con la propiedad colectiva de tierras abandonadas por los latifundistas, y que habían empezado a dar trabajo y alimento a hombres y mujeres del Alentejo y el Ribatejo.
En Reino Unido fue Margaret Thatcher quien consiguió que las empresas públicas que representaban en 1979 el 8 por ciento del empleo, el 10 por ciento del PIB y el 16 por ciento de la inversión bruta pasaran en 1992, al final de su tercer mandato, a constituir el 3 y el 5 por ciento de los respectivos referentes. British Petroleum, British Telecom, British Airways, British Leyland-Rover, que significaban la principal industria de energía, el teléfono, las líneas aéreas y una importante empresa pública del automóvil, llegaron —en distintas modalidades— a manos privadas. La cuarta administración
tory
(1992-1997) vendió también el carbón y los ferrocarriles. Joaquim Vergés (2009)
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calcula los ingresos por privatizaciones en unos 60.000 millones de libras. A principios de 2006 sólo quedaban por privatizar los servicios de correos, el metro londinense y la BNFL, la empresa encargada del tratamiento de uranio y el reprocesamiento de los residuos nucleares. Los laboristas siguieron la senda privatizadora de los conservadores y sólo después de dos graves accidentes ferroviarios atribuidos al mal mantenimiento de la red la empresa gestora, Railtrack, pasó de nuevo a control público.
Diferente fue el comportamiento del Partido Socialista en Francia. Las privatizaciones no comenzaron hasta la era post Mitterrand y no incluyeron los monopolios públicos (gas y electricidad, transporte y teléfonos). En Alemania fue la coalición democristiana-liberal de 1983 (bajo el liderazgo de Helmut Kohl) la que comenzó las privatizaciones: sector eléctrico y químico, gas, aluminio, transporte, la compañía aérea Lufthansa y dos bancos públicos (el DBK y el DSL). También canceló la participación federal en Volkswagen y Deutsche Telekom (con reforma constitucional incluida).
Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo. Vergés nos explica que se extendieron por Italia, Irlanda, Bélgica, Grecia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda; todos ellos, países de la OCDE. Y tampoco escaparon Turquía, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria, Zambia, Uganda, Israel. Los monopolios ahora privados se concentran, se alían internacionalmente, imponen sus precios y condenan a la precariedad pueblos y zonas geográficas enteras. Su acción devastadora explica también las revueltas del norte de África y del Medio Oriente.
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L PROCESO PRIVATIZADOR EN
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SPAÑA
El disparo de salida lo dio en su momento, hace más de 25 años, el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Luis Carlos Croissier, anunciando la posibilidad de sacar a bolsa algunas empresas públicas demostradamente rentables ¿cómo si no las iba a comprar nadie? Sin embargo, fue el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, quien inició en 1985 la oleada privatizadora: un 70 por ciento de Textil Tarazona a Entrecanales, un porcentaje similar de Secoinsa a Fujitsu, el 98,8 por ciento de SKF España de rodamientos a la SKF sueca y Viajes Marsans (que acabaría más tarde en las funestas manos del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán) a Trapsatur. Al año siguiente se vendió el 100 por ciento de Seat a la alemana Volkswagen y, en 1989, el 80 por ciento de la gran empresa metalúrgica catalana la Maquinista Terrestre y Marítima a la empresa anglofrancesa Gec-Alsthom.
No voy a seguir en detalle todo el proceso de las privatizaciones en España, pero sí quiero destacar que en 1985 empezó un descalabro de fondo que se convirtió en tsunami en la década de 1990 con los gobiernos del PP. Según diversas estimaciones, se han privatizado en España unas 120 compañías con unos ingresos aproximados para el erario público de 45.000 millones de euros y sin que hayan estimaciones conocidas, en cambio, de lo que hemos perdido colectivamente en el camino. Los nombres que más suenan son los de los servicios esenciales que mantienen altos los niveles de precios y beneficios (ahora privados, claro), como los de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera o Iberia (en esta última el Gobierno mantiene una participación de poco más del 5 por ciento). Pero también en España las privatizaciones crearon su casta empresarial. De manera destacada, el PP consiguió cumplir los requisitos de entrada en el Sistema Monetario Europeo y rodear al que era entonces presidente del Gobierno de lo que Fabián Estapé no dudó en llamar «capitalismo de compañeros de pupitre».
Un ejemplo de la inversión del poder que han operado las privatizaciones en España nos lo brindó un rincón maravilloso de la Costa Brava en marzo del 2010, cuando más de 220.000 abonados se quedaron sin luz y sin telefonía móvil. Endesa se negó a dar explicaciones. A fin de cuentas las compañías eléctricas privatizadas siguen siendo un oligopolio ¡y mandan! ¡Vaya si mandan! Al tercer día se permitían no atender ninguna de las veinte llamadas que hizo la televisión pública para poder informar a la ciudadanía. Pero es más: el entonces president Montilla tuvo que personarse en sus instalaciones (que no al revés) para informarse e instarles a proceder a las reparaciones con la máxima urgencia.
Y a pesar de ello las privatizaciones siguen: las últimas propuestas con gobierno del PSOE han sido las del 49 por ciento de AENA y el 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Las cajas de ahorros se convierten en bancos privados y la privatización de los servicios básicos y del bienestar avanza con mil y un disfraces con la piratería del agua, de los servicios de educación o del sector de sanitario.
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A OFENSIVA INTERNACIONAL DE LA PRIVATIZACIÓN LLEGA AL
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STADO DEL
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IENESTAR
No siempre ha sido lineal ni placentero el desarrollo de los derechos civiles, políticos y económicos, pero cumplían su función mínimamente compensadora de desequilibrios sociales... hasta el tsunami privatizador, las desregulaciones aceleradas, la ofensiva neoliberal de la actual crisis económica y la privatización que alcanza la enseñanza y la sanidad. Ya se escatiman los vasos de leche en las escuelas de primaria en tanto que la enseñanza superior es un bien al alcance de los estudiantes más ricos o un crédito de por vida para los más pobres. El sueño socialdemócrata ha muerto y el capitalismo arrogante toma por bandera la falta de equidad, la explotación y las desigualdades: inicia un retorno al futuro que sólo conduce a la barbarie.
En 1999 el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC impuso importantes limitaciones a los Estados en políticas ecológicas, de servicios municipales, saneamiento y gestión de residuos, y los obligó a menores regulaciones. Si un Estado no cumple, la OMC podría expulsar al Estado rebelde condenándolo al aislamiento económico. Y es lógico desde la perspectiva del capital: el sector del agua genera unos ingresos anuales de más de un billón de dólares aunque sólo esté privatizado entre el 5 y el 10 por ciento a nivel mundial.
Por lo que a la sanidad se refiere, la OMS denunciaba en un estudio de 2006 que en el sector privado todo es más caro, desde la construcción hasta el funcionamiento diario. Coincidía en el mismo sentido Frank Dobson
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, ministro de Sanidad del primer Gobierno Blair, al afirmar que los costos son un 11 por ciento superiores en la sanidad privada sobre la pública y nos advertía que peligra el futuro del National Health Service (NHS) por la entrada de las fuerzas del mercado y proveedores que sólo pretenden conseguir beneficios privados. Los políticos conservadores y los
lobbies
privados de la sanidad dicen que la privatización ha sido un éxito, pero nada más lejos de la verdad. En Gran Bretaña los hospitales privados se quedan con las intervenciones de menor coste y riesgo, con las intervenciones que dan beneficio... y dejan para que sean atendidas en los hospitales del NHS las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones costosas y difíciles.
Los procesos de privatización empiezan con todo tipo de justificaciones creadas ex profeso, por ejemplo, para las empresas mineras, energéticas e industriales; siguen con los servicios financieros, de comunicaciones, transporte y el agua... y acaban con enseñanza, salud y la amenaza sobre las pensiones públicas donde se pueda y las haya. Se pretende acabar no sólo con lo que se convino en llamar «economía mixta» o convivencia de un sector público más o menos subsidiario con un sector privado más o menos dominante, sino con derechos de ciudadanía, con los servicios del Estado del Bienestar (más adecuadamente llamado por Llamazares «Estado del medio estar») y que se dirige a marchas forzadas hasta un malestar perfectamente descriptible.