El monstruo de Florencia (39 page)

Entreta nto, en la cárcel Capanne, cerca de Perugia, nadie decía una palabra sobre la suerte de Mario Spezi.

E
l 12 de abril se levantó el aislamiento de cinco días y Spezi pudo finalmente reunirse con sus abogados. Ese día, la juez de instrucción Marina De Robertis revisaría su caso en el equivalente italiano de un procedimiento de hábeas corpus. Su finalidad era determinar si el arresto y el encarcelamiento de Spezi estaban justificados.

Ese día, para la vista, Spezi recibió por primera vez ropa limpia, una pastilla de jabón y el permiso de afeitarse y ducharse. El fiscal del ministerio público, Guiliano Mignini, compareció ante la juez De Robertis para argumentarle por qué Spezi era un peligro para la sociedad.

«El periodista —escribió Mignini en su informe—, acusado de obstrucción a la investigación del Monstruo de Florencia, se halla en el meollo de una auténtica campaña de desinformación semejante a la que podría emprender un servicio secreto anómalo.» Esta operación de desinformación, explicaba Mignini, pretendía desviar la investigación del «grupo de personas destacadas» que habían sido los cerebros de los asesinatos del Monstruo de Florencia. Entre estas personas destacadas estaba Narducci, que había contratado y ordenado a Pacciani y sus compañeros de merienda que mataran a jóvenes amantes y les extirparan partes del cuerpo. Spezi y los demás cerebros tenían un plan: que la culpa de los asesinatos del Monstruo de Florencia recayera exclusivamente en Pacciani y en sus compañeros de merienda. Cuando el plan falló y la investigación se volvió hacia ellos —tras reabrir el caso de la muerte de Narducci—, Spezi intentó por todos los medios redirigirla hacia la pista sarda, porque «de ese modo no habría riesgo de que la investigación rozara el mundo de los hombres distinguidos y los cerebros».

La declaración no aportaba ninguna prueba forense sólida, solo una disparatada teoría sobre una conspiración llevada a la esfera de lo fantástico.

Dietrología en su forma más pura.

En la vista, Spezi se quejó de las condiciones en las que lo tenían retenido. Insistió en que únicamente estaba llevando a cabo una investigación legítima en calidad de periodista, no dirigiendo una «campaña de desinformación de un servicio secreto anómalo».

La juez Marina De Robertis miró a Spezi y le hizo una pregunta: la única que le haría en toda la vista.

—¿Ha pertenecido alguna vez a una secta satánica?

Al principio, Spezi creyó que no había oído bien. Su abogado le propinó un codazo y susurró:

—¡No se ría!

Un simple no como respuesta parecía insuficiente. Secamente, Spezi dijo:

—La única orden a la que pertenezco es la Orden de los Periodistas.

Con eso, se dio por concluida la vista.

La juez tardó cuatro ociosos días en tomar una decisión. El sábado, Spezi se reunió con su abogado para escuchar el veredicto.

—Traigo una buena noticia y una mala noticia —dijo Traversi—. ¿Cuál quiere oír primero?

—La mala.

La juez De Robertis había decretado arresto preventivo para Spezi por el peligro que representaba para la sociedad.

—¿Y la buena?

Traversi había visto en el escaparate de una librería de Florencia un montón de ejemplares de
Dolci colline di sangue.
El libro había salido finalmente a la venta.

E
ntretanto, el inspector jefe Giuttari seguía adelante con la investigación, sujetando firmemente entre sus dientes un cigarro puro Toscano. Durante algún tiempo, la falta de un segundo cadáver en el supuesto asesinato de Narducci había resultado embarazoso, pues se necesitaba otro cuerpo para poder explicar el doble intercambio con el cuerpo de Narducci. Giuttari finalmente encontró un cuerpo apropiado: era un sudamericano con la cabeza reventada que llevaba desde 1982 en el depósito de cadáveres de Perugia, en una cámara de refrigeración, sin que nadie lo hubiera reclamado. El cuerpo del hombre, al menos en opinión de algunos, se asemejaba al cuerpo de Narducci en la fotografía hecha en el muelle después de que lo sacaran del agua. Después de que Narducci fuera asesinado, alguien había robado del depósito el cuerpo de este sudamericano previamente fallecido y lo había arrojado al agua. Luego se escondió el cuerpo de Narducci, quizá en el depósito, quizá en otro lugar. Muchos años después, cuando la exhumación de Narducci parecía inminente, volvieron a cambiar los cuerpos. Narducci regresó a su ataúd y el sudamericano regresó a la nevera.

Con Spezi en la cárcel, Giuttari habló a
La Nazione
de lo mucho que estaba progresando en el caso Narducci: «Sí, estamos investigando la muerte de este hombre, que tuvo lugar en 1982, y hemos encontrado elementos muy interesantes que podrían conducirnos a algo concreto… Creo que ya no cabe duda de que el cuerpo rescatado en el lago Trasimeno no era el de Narducci… Y ahora, a la luz de estos nuevos hechos, puede que la situación se aclare un poco más». Pero algo relacionado con esa teoría debió de torcerse, porque Giuttari no volvió a mencionar al sudamericano y los hechos que rodeaban el supuesto cambio de cuerpos siguieron —y siguen— siendo tan confusos como siempre.

Los abogados de Spezi se pusieron a trabajar para conseguir una vista ante el Tribunal de Revisión, una especie de Tribunal de Apelación para los presos preventivos, a fin de determinar si existían razones para mantener a Spezi arrestado hasta el momento del juicio o si lo dejaban en libertad bajo arresto domiciliario u otras condiciones. La ley italiana no contempla la fianza y el fallo se dicta teniendo en cuenta el grado de peligrosidad del acusado y si existe riesgo de que huya del país.

Se fijó una fecha para la vista de Spezi: el 28 de abril. La revisión tendría lugar ante otros tres jueces de Perugia, todos ellos colegas del fiscal del ministerio público y el juez instructor. El Tribunal de Revisión no solía revocar los fallos de sus colegas, y menos todavía en un caso tan destacado como este, donde el fiscal del ministerio público se jugaba su credibilidad como tal.

El 18 de abril, doce días después del arresto de Spezi, el Committee to Protect Journalists terminó su investigación sobre el caso de Spezi. Al día siguiente, Ann Cooper, la directora ejecutiva, envió una carta por fax al primer ministro de Italia. He aquí un extracto:

El comité envió copias de la carta al fiscal del ministerio público Mignini, al embajador de Estados Unidos en Italia, al embajador de Italia en Estados Unidos, Amnistía Internacional, Freedom Forum, Human Rights Watch y una docena de organizaciones internacionales más.

Esta carta, junto con protestas de otras organizaciones internacionales, entre ellas Reporters sans Frontiéres de París, provocaron un cambio de actitud en Italia. La prensa italiana recuperó finalmente el coraje, y lo hizo con energía.

«El encarcelamiento de Spezi es una infamia», bramaba un editorial de
Libero
escrito por el subdirector de la revista. El
Corriere della Sera
publicó un editorial en primera página titulado «Justicia sin pruebas», donde describía el arresto de Spezi como una «monstruosidad». La prensa italiana abordó finalmente la cuestión de lo que el arresto de Spezi representaba para la libertad de prensa y la imagen internacional de Italia. A esto siguió un aluvión de artículos. Los colegas de Spezi de
La Nazione
firmaron un llamamiento y el periódico hizo pública una declaración. Muchos periodistas empezaron a reconocer que el arresto de Spezi era un ataque contra un periodista por haber cometido el «crimen» de disentir con una investigación oficial; en otras palabras, la criminalización del periodismo mismo. Las protestas procedentes de periódicos y organizaciones de prensa aumentaron en Italia. Un grupo de periodistas y escritores eminentes firmaron un llamamiento que decía, entre otras cosas: «Francamente, no pensábamos que en Italia la búsqueda enérgica de la verdad pudiera interpretarse, erróneamente, como una forma ilícita de favorecer y ayudar a los culpables».

«El caso de Spezi y Preston supone una pesada carga para la imagen internacional de nuestro país —dijo el presidente de la organización Information Safety and Freedom de Italia al periódico
The Guardian
de Londres—, y amenaza con relegarnos al último puesto de cualquier lista que haga referencia a la libertad de prensa y la democracia.»

Recibí cientos de llamadas de periódicos italianos y concedí algunas entrevistas. A mi abogada en Italia no le gustó que se publicaran tantas declaraciones mías. Se había reunido con el fiscal del ministerio público de Perugia, Giuliano Mignini, para hablar de mi caso e intentar averiguar cuáles eran los cargos contra mí, cargos que se hallaban, cómo no, bajo
segreto istruttorio.
Me escribió una carta diciendo que percibía «cierta desaprobación» por parte del fiscal del ministerio público sobre declaraciones que yo había hecho a la prensa tras mi interrogatorio. Y añadía, secamente, que «el fiscal del ministerio público probablemente no ve con buenos ojos que el asunto se haya trasladado a la esfera diplomática internacional… No le conviene hacer declaraciones personales contra el fiscal del ministerio público… y sería aconsejable que, después de haber revisado algunas de sus declaraciones de entonces (las cuales probablemente tuvieron un impacto negativo en el doctor Mignini), mitigara sus efectos distanciándose de ellas».

Me confirmó que los cargos contra mí eran por falso testimonio ante el fiscal del ministerio público, por el delito de «calumnia» por intentar incriminar a un inocente, por difamación a través de la prensa y por interferencia en un servicio público fundamental. No se me acusaba, como había temido, de complicidad en el asesinato de Narducci.

Le escribí diciéndole que lamentaba no poder distanciarme de las declaraciones que había hecho y que no había nada que yo pudiera hacer para mitigar el malestar que Mignini pudiera sentir porque el caso se hubiera trasladado a la «esfera diplomática internacional».

En medio de todo esto, recibí otro largo correo electrónico de Gabriella Carlizzi, quien, al parecer, había sido de las primeras en comprar nuestro libro:
Dolci colline di sangue.

Leí el correo con incredulidad y, por primera vez en semanas, me descubrí riéndome de lo absurdo de todo este asunto. ¿Podía un novelista, incluso un escritor con los
coglioni
, digamos, de Norman Mailer, atreverse a crear un personaje como esa mujer? Lo dudo.

Se acercaba el 28 de abril, el día de la comparecencia de Spezi ante el Tribunal de Revisión. Hablé con Myriam el 27. Tenía mucho miedo de lo que pudiera suceder en la vista, y añadió que los abogados de Spezi compartían su pesimismo. Si los jueces mantenían a Spezi en arresto preventivo, pasaría en la cárcel, como mínimo, tres meses más antes de que pudiera celebrarse la siguiente revisión judicial, y para entonces una revocación de su encarcelamiento resultaría más improbable todavía. El sistema judicial italiano es muy lento; la terrible verdad era que Spezi podría pasarse años en prisión antes de que su caso llegara finalmente a juicio.

Los abogados de Spezi habían averiguado que Mignini estaba preparando una ofensiva para la vista con la que pretendía impedir por todos los medios que se pusiera en libertad a Spezi. Este caso se había convertido en el más notorio de los que el fiscal del ministerio público había llevado en su carrera. Las críticas que recibía de la prensa nacional e internacional eran feroces, y solo hacían que aumentar. Tenía que ganar esta vista para salvar su reputación.